El azúcar de Bolivia golpea la recuperación del suroccidente

Las importaciones de azúcar desde Bolivia se convirtieron en una presión creciente para la agroindustria del suroccidente, justo cuando la región enfrenta la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, advierte Asocaña a Portafolio. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, sostiene que el aumento de estos flujos puede terminar afectando el empleo, la inversión y a los proveedores, en una cadena productiva cuya sostenibilidad adquiere mayor relevancia económica y social después del terremoto. Las cifras de la Dian muestran la velocidad del fenómeno. Las compras de azúcar colombianas a Bolivia pasaron de 13.789 toneladas en 2023 a 18.121 en 2024, antes del salto registrado durante 2025 en ambos años. Ese salto llevó las importaciones hasta 82.917 toneladas en 2025, un aumento de 357,6 % frente a 2024. Es el dato que sustenta la advertencia sectorial sobre una entrada masiva y atípica de azúcar boliviano. La tendencia, además, no se frenó este año. Entre enero y junio de 2026 ingresaron 70.164 toneladas de azúcar boliviano, frente a 31.012 toneladas en el mismo periodo de 2025, según los datos de la Dian Así, durante apenas seis meses de 2026 ya había entrado 84,6 % del volumen importado desde Bolivia durante todo 2025. El crecimiento interanual del primer semestre alcanzó aproximadamente 126%, profundizando la presión sobre Colombia. Si ese ritmo semestral se mantuviera durante los doce meses, el volumen anual rondaría 140.328 toneladas. Esa cifra es una extrapolación simple de los datos certificados a junio, no una proyección oficial del sector azucarero. El punto de fondo para Asocaña no está solamente en el volumen importado, sino en las condiciones económicas que enfrenta la producción nacional cuando debe colocar su azúcar en un mercado sometido a mayor presión. Calero advierte sobre el riesgo central para la cadena productiva regional: "El principal riesgo es que el deterioro financiero que hoy se observa termine trasladándose al empleo, la inversión y los proveedores de la región". Según la presidenta de Asocaña, esa situación está llevando a la actividad desde márgenes positivos hacia pérdidas significativas, reduciendo los recursos disponibles para sostener inversiones necesarias en el campo y en los ingenios del suroccidente. El efecto alcanza decisiones concretas: renovación de cultivos, tecnificación agrícola, eficiencia energética, mantenimiento y modernización de plantas. Para ingenios y cultivadores, la respuesta empresarial es revisar con mayor cautela las inversiones futuras y necesarias previstas. La preocupación adquiere otra dimensión por el peso territorial de la actividad. La agroindustria de la caña se extiende por más de 50 municipios del valle geográfico del río Cauca y articula múltiples actividades económicas. El 75 % de la tierra sembrada en caña pertenece a cerca de 12.000 familias cultivadoras. Esa estructura hace que la discusión sobre competitividad tenga efectos que trascienden los balances de ingenios y alcanzan comunidades. También está en juego el empleo formal. En los ingenios, 93 de cada 100 trabajadores tienen contratos a término indefinido, mientras que las remuneraciones se encuentran entre las más altas de la industria manufacturera colombiana, según Calero. Por eso, la advertencia del gremio no plantea únicamente un riesgo empresarial. El deterioro financiero podría trasladarse gradualmente hacia trabajadores, cultivadores, transportadores, contratistas y proveedores, reduciendo la actividad económica que depende de esta cadena regional. La dimensión social de la actividad también es destacada por Calero, asegurando que "lo que está en riesgo va mucho más allá de los ingenios". La advertencia apunta al tejido productivo que sostiene numerosos municipios del suroccidente. Cambio total El terremoto del 10 de agosto cambió el contexto de la discusión. Muchas comunidades afectadas se encuentran en la zona de influencia de la agroindustria, de modo que preservar su actividad productiva cobra relevancia adicional. Calero sostiene que proteger la sostenibilidad económica de la cadena no significa salvaguardar solamente unas empresas, sino conservar un tejido productivo regional que genera empleo de calidad y compra mayoritariamente insumos nacionales y sostiene la economía. Según el dato planteado para este análisis, la agroindustria de la caña compra cerca de $7 billones a proveedores, reforzando su efecto multiplicador regional y ampliando el alcance económico de la actividad local. La preocupación aparece ligada al momento de la región. Mientras municipios afectados requieren reconstrucción, la agroindustria advierte que necesita conservar capacidad financiera para mantener inversión, empleo, compras y actividad económica en su entorno del territorio. La propuesta de Asocaña es una salvaguardia temporal frente a las importaciones bolivianas. El gremio la presenta como un instrumento de emergencia para responder a circunstancias que considera anómalas, imprevistas y comercialmente distorsionantes para el sector. "Su carácter es temporal, mientras dure la distorsión que está deteriorando la sostenibilidad económica de la cadena productiva colombiana", mencionó. La medida busca responder mientras persista esa situación. La posición gremial es que la medida no debe convertirse en un cierre del mercado. También plantea garantizar un flujo mínimo de comercio, de modo que la intervención se concentre sobre las importaciones desde Bolivia. La discusión para el Gobierno queda planteada entre la presión sobre la producción nacional y la necesidad de preservar condiciones de comercio. El sector pide utilizar los instrumentos efectivamente disponibles para restablecer condiciones de competencia.