La ecuación que Uruguay no logra resolver

Existe consenso entre los colegas en que Uruguay crece a tasas insuficientes desde hace una década. En el primer trimestre de 2026, la economía se expandió apenas 0,9% respecto a un año atrás, y la mayoría de las proyecciones para el año completo se ubican en torno a 1,3%, por debajo del crecimiento potencial del país, estimado en el entorno del 2%. No es un tropiezo puntual, sino un problema estructural, y no es una curiosidad de libro de texto de macroeconomía, del ritmo de crecimiento depende cuántos empleos nuevos se crean por año, cuánto puede mejorar el salario real de forma sostenida y cuántos recursos tiene el Estado para financiar educación, salud o infraestructura sin subir impuestos.

Conviene volver a una idea simple, la que enseña la macroeconomía en su primer capítulo: una economía no crece de forma sostenida porque los consumidores gasten más un trimestre, ni porque el gobierno lo decrete. Crece sostenidamente cuando aumenta su capacidad productiva más y mejores máquinas, infraestructura, tecnología y capital humano por trabajador, y esa capacidad adicional tiene un solo origen: la inversión. Es, junto con las mejoras de productividad, el motor de largo plazo del crecimiento. Cuando la inversión se estanca, el techo de crecimiento del país baja con ella.

Ahí está el problema uruguayo. La formación bruta de capital fijo fue 15,1% del PIB en el primer trimestre de 2026, cayendo desde 15,7% un año antes, y muy por debajo del promedio de América Latina, que suele superar el 20%. Los repuntes recientes cercanos al 17% en 2022-2023 coincidieron con la construcción de UPM 2 y el Ferrocarril Central; concluidos esos proyectos, la inversión volvió a su nivel estructural de siempre. Uruguay no logra sostener un flujo amplio de inversión privada, depende de megaproyectos puntuales que empujan el promedio por un tiempo y luego se diluyen.

Este diagnóstico invita a poner en duda un aspecto ampliamente extendido en nuestra sociedad: el de la "excepcionalidad uruguaya". Durante años, la estabilidad macro y la seguridad jurídica fueron el activo diferencial frente a una región más volátil. Ese activo ya no es tan exclusivo.

Paraguay creció 6,6% en 2025, viene expandiéndose por encima del 3% anual durante la última década Uruguay promedia apenas 1% y en 2025 obtuvo el grado inversor de S&P, con un riesgo país que bajó a 120 puntos básicos, su mínimo histórico. Uruguay todavía tiene el riesgo país más bajo de la región (62 puntos básicos) y ventajas institucionales control de la corrupción, previsibilidad, calidad regulatoria que Paraguay no iguala, con una informalidad laboral que allí supera el 60% de los ocupados. No es una comparación que deba tomarse como modelo a copiar sin matices. Pero la brecha en lo que Uruguay hacía distinto se acorta, y del otro lado sobra competitividad en costos; el propio Banco Central, a través del IEBU el indicador de excedente bruto de explotación de la industria exportadora, mide que la rentabilidad del sector durante el 2026 cayó a su nivel más bajo en más de una década. La estabilidad macro, sola, ya no alcanza para compensar esa diferencia de costos a la hora de atraer un proyecto que compite por capital a nivel regional.

Aquí conviene despejar un malentendido frecuente: se habla de la inversión como si fuera cuestión de humor colectivo, como si alcanzara con una campaña de confianza para destrabarla.

La realidad es más precisa, una empresa invierte cuando el retorno esperado del proyecto compensa el costo del capital inmovilizado y el riesgo asumido. Si la rentabilidad esperada es baja, ninguna proclama de confianza destraba una inversión que, en los números de quien la evalúa no cierra.

Y en Uruguay varios costos empujan esa cuenta hacia abajo; salarios en dólares relativamente altos, costos de energía entre los más elevados de la región, carga tributaria por encima del promedio y un costo de despido que eleva el riesgo de cualquier contratación. Mejorar esa ecuación requiere reformas de fondo en las relaciones laborales, el mercado eléctrico y el de combustibles, no solo trámites más rápidos. La reciente ley de competitividad, con más de 240 artículos de desburocratización, digitalización y promoción de la competencia, va en la dirección correcta el propio ministro Oddone la definió como "modesta pero importante", pero no toca esos tres frentes estructurales. Es una reforma necesaria; no es la que mueve la aguja de la rentabilidad.

Un ejercicio didáctico ayuda a ver qué es lo que realmente falta, más allá de la macro. En vez de preguntar qué discurso convencería a un inversor, conviene mirar qué pidió, en los hechos, UPM el mayor proyecto de inversión que recibió el país antes de decidirse. Pidió zona franca, es decir, quedar al margen de la carga tributaria general. Pidió un ferrocarril construido por el Estado, es decir, resolver por su cuenta el costo logístico que el resto de las empresas uruguayas paga en rutas congestionadas. Y pidió, en la práctica, garantías de lo que en la jerga local se llamó "paz sindical", oficinas del Ministerio de Trabajo instaladas junto a la obra y un protocolo escalonado para evitar paros y ocupaciones. Impuestos, logística y conflictividad laboral.

Exactamente los tres costos que, para cualquier empresa mediana que no tiene el peso de UPM para negociar un contrato a medida, siguen sin resolverse.

La discusión sobre el crecimiento uruguayo no debería agotarse en la macroeconomía, que el país tiene relativamente ordenada, sino extenderse a la microeconomía de la rentabilidad. La pregunta no es si Uruguay genera confianza, ni si sigue siendo la excepción prolija de la región; es si ofrece, para el inversor que no es UPM y no puede negociar un contrato a medida, retornos esperados capaces de competir con las alternativas disponibles en la región. Mientras esa cuenta no cierre mejor, la inversión seguirá siendo baja, y el crecimiento, también.

- El autor, Ramiro Correa, es Economista Jefe del CED.