Participación ciudadana: ¿sólo un derecho, o también un deber?

Existe un amplio consenso en torno a la idea de que la participación ciudadana constituye un derecho fundamental. Constituciones, tratados internacionales y políticas de gobierno abierto la reconocen como una condición necesaria para fortalecer la legitimidad democrática, mejorar la calidad de las decisiones públicas y acercar el Estado a la sociedad. Esta visión contiene una limitación que pocas veces se discute: concibe la participación como una facultad cuyo ejercicio queda librado exclusivamente a la voluntad de cada ciudadano. Se participa si se desea hacerlo; si no, no existe consecuencia alguna. Tal concepción resulta insuficiente si se pretende que la democracia sea algo más que un procedimiento periódico para elegir gobernantes. Si, en cambio, aspira a convertirse en un proceso permanente de deliberación, coproducción y control social de la acción estatal, la participación ciudadana no puede considerarse solamente un derecho: también debe convertirse en un deber ciudadano.

Esta afirmación suele despertar resistencias. En sociedades liberales, los deberes cívicos tienden a limitarse al cumplimiento de la ley, al pago de impuestos o al sufragio obligatorio allí donde existe. La participación en los asuntos públicos aparece, en cambio, como una opción voluntaria, lo cual genera un problema clásico de la teoría de la acción colectiva: el comportamiento del free rider, del que "viaja gratis", del que apoya la participación ciudadana, pero espera que otros asuman el esfuerzo que ello implica.

Todos desearíamos vivir en una sociedad con gobiernos transparentes, políticas públicas eficaces, servicios de calidad y bajos niveles de corrupción. Pero pocos estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, esfuerzo o conocimientos para contribuir a la construcción de esos bienes públicos. Esperamos que otros participen, controlen, deliberen y colaboren. Pero los beneficios de una ciudadanía activa se disfrutan colectivamente, eludiendo los costos individuales de participar. Esta lógica debilita a la democracia, ya que el déficit de ciudadanos activos deja amplios espacios para la captura de las decisiones públicas por parte de grupos organizados con intereses particulares, reduce los incentivos de los gobiernos para rendir cuentas y transforma la participación en una actividad reservada a minorías altamente movilizadas.

Para sostenerse, la democracia necesita ciudadanos comprometidos, pero la cultura política tiende a educar ciudadanos pasivos. Ninguna sociedad puede esperar altos niveles de participación si la formación ciudadana se limita a enseñar la organización formal de los poderes del Estado o algunos contenidos básicos de educación cívica. Ser ciudadano no consiste solamente en conocer derechos; implica desarrollar capacidades, hábitos y responsabilidades orientados al bien común o, al menos, a la deliberación y la búsqueda de consenso respecto de las cuestiones que plantea la agenda problemática de una sociedad. Ser ciudadano es una competencia social que debe aprenderse. Desde la infancia deberían cultivarse experiencias concretas de deliberación, cooperación, resolución colectiva de problemas, responsabilidad compartida y control de las decisiones adoptadas por las propias comunidades educativas. El sistema educativo y la familia deberían asumir esta responsabilidad. Porque la participación no se improvisa cuando una persona alcanza la mayoría de edad; se construye gradualmente mediante prácticas reiteradas que desarrollan confianza, reciprocidad y sentido de pertenencia. La educación cívica debería, así, dejar de centrarse exclusivamente en la transmisión de conocimientos institucionales para orientarse hacia la formación de ciudadanos capaces de intervenir responsablemente en la vida pública.

Durante demasiado tiempo se entendió que abrir el gobierno significaba ofrecer información pública, promover la transparencia y crear canales de consulta, iniciativas que muestran resultados limitados cuando la sociedad no posee capacidades ni inclinaciones para impulsarlas

Quienes venimos propugnando la filosofía del Estado abierto observamos que durante demasiado tiempo se entendió que abrir el gobierno significaba ofrecer información pública, promover la transparencia y crear canales de consulta, iniciativas que muestran resultados limitados cuando la sociedad no posee capacidades ni inclinaciones para impulsarlas. La apertura del Estado requiere, simultáneamente, una apertura de la ciudadanía. No basta con que existan portales de datos abiertos, presupuestos participativos, audiencias públicas o mecanismos de consulta. Es indispensable que exista una ciudadanía capaz de comprender la información disponible, formular propuestas, evaluar políticas públicas y ejercer un control informado sobre la gestión estatal.

La experiencia demuestra que las instituciones participativas no producen automáticamente ciudadanos participativos, que donde existen organizaciones sociales fuertes, liderazgo local y aprendizaje colectivo se fortalecen vínculos de confianza entre gobierno y ciudadanía. Pero también existe amplia evidencia de que la creación de mecanismos institucionales resulta insuficiente cuando no existen capacidades cívicas previamente desarrolladas. Por eso debería invertirse el razonamiento habitual. En lugar de preguntar cómo lograr que los gobiernos permitan participar más, habría que preguntar cómo formar ciudadanos que comprendan que participar constituye una responsabilidad inherente a una democracia deliberativa. Deliberar supone escuchar diferentes argumentos, aceptar evidencia, modificar posiciones cuando existen mejores razones y construir acuerdos. Ninguna de estas competencias surge espontáneamente. Todas requieren aprendizaje, práctica y una cultura política que valore la cooperación por encima de la mera confrontación.

La expansión de las redes sociales y de los algoritmos hace todavía más exigente esta necesidad. Nunca existieron tantas oportunidades para expresar opiniones y, sin embargo, nunca resultó tan difícil sostener conversaciones públicas basadas en argumentos. La polarización, la desinformación y la fragmentación del espacio público deterioran las condiciones mismas de la deliberación democrática. Frente a este escenario, no basta con regular plataformas digitales o mejorar la comunicación gubernamental. También hace falta fortalecer las capacidades deliberativas de los ciudadanos.

La inteligencia artificial añade una dimensión adicional a este desafío. En un contexto donde los algoritmos participan crecientemente en las decisiones públicas, la ciudadanía debería desarrollar nuevas competencias para comprender, supervisar y evaluar sistemas digitales que afectan derechos, distribuyen recursos y condicionan políticas públicas. El ciudadano del siglo XXI necesita tanto alfabetización digital como educación cívica.

Se trata de reconocer una obligación ética y cívica derivada del propio contrato democrático

La idea de que la participación constituye un deber no implica imponer una obligación jurídica permanente de intervenir en toda decisión pública. Sería impracticable y contraria a las libertades individuales. Se trata, más bien, de reconocer una obligación ética y cívica derivada del propio contrato democrático. Así como nadie cuestiona que pagar impuestos es un deber porque permite financiar bienes públicos, también debería reconocerse que dedicar parte del tiempo, del conocimiento o de la experiencia personal a los asuntos colectivos constituye una contribución indispensable para producir otro bien público fundamental: una democracia de calidad.

Este deber admite múltiples formas de cumplimiento. Algunos ciudadanos participarán en organizaciones comunitarias; otros colaborarán en procesos de coproducción de servicios públicos; algunos ejercerán control social mediante auditorías ciudadanas; otros contribuirán aportando conocimientos especializados, deliberando en consultas públicas o participando en presupuestos participativos. Lo esencial no es la modalidad específica, sino la convicción compartida de que la democracia necesita ciudadanos en ejercicio, no solo electores ocasionales.

En definitiva, la calidad de una democracia no depende solo de la arquitectura institucional ni del desempeño de sus gobernantes, sino también de la calidad de la ciudadanía, de las capacidades, valores y compromisos de quienes integran la comunidad política. El supuesto de que la participación es únicamente un derecho cuyo ejercicio queda librado a la voluntad individual fue suficiente para ampliar las libertades frente a Estados autoritarios. Hoy, en cambio, resulta insuficiente para enfrentar los problemas de democracias crecientemente complejas, tecnológicas y expuestas a nuevas formas de captura y desinformación.

Para dejar de ser "delegativa", como la llamó Guillermo O’Donnell, la democracia debe dejar de sostenerse sobre una ciudadanía puramente espectadora. Requiere ciudadanos que comprendan que participar no es solamente una posibilidad, sino una responsabilidad compartida. Un Estado abierto necesita ciudadanos abiertos; la deliberación requiere ciudadanos deliberantes; la coproducción de bienes públicos exige ciudadanos coproductores, y el control democrático solo puede existir cuando los propios ciudadanos asumen la tarea de ejercerlo. Quizá la mejor definición de ciudadanía no sea la de quien posee derechos frente al Estado, sino la de quien reconoce que también tiene deberes con la democracia.