Las armas no nos darán la seguridad

Jorge Restrepo
Aunque no hay mucha investigación, uno de los resultados más robustos de los estudios sobre armas de fuego y violencia es que más armas no generan más seguridad, solo más riesgos para quienes las tienen. Aunque hay debates académicos y de política sobre el papel de las armas en la violencia y el crimen, no hay evidencia alguna de que portar armas de fuego, hacerlo de forma visible o liberalizar su porte aumente la seguridad, ni siquiera para la defensa propia. Lo que sí está demostrado es el enorme riesgo que genera tener armas y portarlas. La mayor prevalencia de armas —con y sin permiso— está robustamente asociada con mayor violencia homicida, mayor letalidad en encuentros agresivos entre personas, más agresiones violentas a la fuerza pública, mayor prevalencia del crimen, y con la violencia intrafamiliar. Las mujeres y los niños están particularmente expuestos, entre otras razones, porque las armas casi nunca son de ellos: las portan y las tienen casi siempre los hombres de las casas. La mayor liberalización de armas está asociada a una mayor percepción de inseguridad, mayor prevalencia de suicidio por armas y mayor violencia armada. Aún así, una regulación que no se hace cumplir, como la de armas de fuego en Colombia, se convierte en un incentivo permanente, que deslegitima al Estado. La decisión que tomó el presidente De La Espriella de eliminar la suspensión a los permisos de porte de armas de fuego, es una variación marginal del régimen constitucional de acceso concesional a las armas de fuego por parte de civiles en Colombia, pero que no está ausente de problemas: aunque no aumenta el inventario de armas de fuego en manos de particulares ni liberaliza el acceso a ellas, tendrá un efecto adverso sobre la percepción de seguridad y aumentará el riesgo por la violencia armada, ante una mayor tenencia en público. También podría aumentar la prevalencia, el inventario de armas en manos de civiles, pues elevará la demanda de armas de fuego para autoprotección, demanda que seguramente será atendida por las Fuerzas Militares, que tienen el monopolio constitucional de comercialización e importación de armas de fuego. Tal vez el único beneficio es que reduce los incentivos a la corrupción en el sistema de entrega de permisos y la discrecionalidad en el acceso. El decreto también ordena al Ministerio de Defensa mejorar el control de armas, hacer adecuaciones tecnológicas al registro y estrechar las medidas de inspección, vigilancia y control de la Fuerza Pública. La clave para reducir el riesgo de violencia está ahí: varios estudios coinciden en que la efectividad de las medidas de control está directamente relacionada con la reducción de la violencia armada y su uso por criminales. Es responsabilidad del gobierno que esa orden se vuelva realidad, para que no veamos otro aumento de la violencia por armas de fuego en los próximos cuatro años como el que hemos visto desde 2016.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.