Se mirará cuáles EPS se salvan y las que deberán liquidarse

El Gobierno se prepara para tomar decisiones de fondo sobre las EPS intervenidas, en medio de una crisis que, según la ministra de Salud, Ana María Vesga, no solo es financiera y asistencial, sino también institucional, técnica y territorial. La funcionaria presentó este diagnóstico durante el evento ‘Visión y prioridades del sistema de salud colombiano’, organizado por Así Vamos en Salud, la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe, donde expuso los principales hallazgos de su primer mes al frente de la cartera. Vesga fue contundente al describir lo que encontró al asumir el Ministerio. Habló de una "erosión técnica" e "institucional". Después del sismo del 10 de agosto, intentó activar la dirección encargada de atención de emergencias. Sin embargo, encontró que la persona responsable pertenecía al equipo de comunicaciones y estaba dedicada a labores de fotografía y seguimiento de redes sociales. El problema, según la ministra, también está en la relación con las regiones. Algunos secretarios departamentales le dijeron que llevaban dos o tres años sin hablar con el Ministerio, mientras otros aseguraron que nunca habían tenido comunicación con la cartera. Por eso, una de las primeras prioridades del Gobierno es reconstruir la conversación con los territorios y conocer directamente sus necesidades. La emergencia, además, dejó una nueva presión sobre la red hospitalaria. Fueron 400 IPS afectadas, 192 de ellas con mayor afectación, y el cálculo inicial apunta a que se necesitarán $1,9 billones para recuperar la infraestructura. Pero reconstruir hospitales no será suficiente. La ministra señaló que muchos hospitales públicos dependen de su facturación y actualmente operan entre 20% y 30% de su capacidad. Para sostenerlos mientras recuperan su operación, el Gobierno contempla asistencia técnica, el Fondo Milagro, recursos públicos, participación privada, obras por impuestos y alianzas público-privadas. Las EPS intervenidas El otro gran frente es financiero. Vesga anunció que el Gobierno realizará una revisión individual de las EPS intervenidas para establecer cuáles pueden recuperarse y cuáles deberán avanzar hacia la liquidación. La meta es definir antes de finalizar 2026. Estas entidades reúnen 22,4 millones de afiliados y, según la cifra de pasivos divulgada por la Contraloría General de la República y citada por la ministra, acumulan $52 billones. Vesga también habló de patrimonios negativos superiores a $24 billones, aunque reconoció que existen diferencias entre las cifras disponibles. El Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud preparan un ejercicio de conciliación de cuentas para establecer las obligaciones con clínicas, hospitales y proveedores. La solución tampoco será igual para todas las EPS. Liquidarlas tendría consecuencias para millones de afiliados, mientras que nacionalizarlas significaría que el Estado debería asumir pasivos y una operación que no estaría en capacidad de absorber. Por eso, el Gobierno revisará la viabilidad financiera y operativa de cada entidad y la red con la que cuenta. Mientras se define ese futuro, el Ministerio intenta contener el rezago de atención. La ministra reconoció que no existe "un gran cheque" para resolver la crisis y anunció un plan de choque basado en la priorización de pacientes. La meta inmediata del Gobierno es llegar al 31 de diciembre con tres resultados: estabilizar las EPS, cumplir las órdenes de la Corte Costitucional relacionadas con el financiamiento e implementar el plan de choque del Gobierno. Los actores del sector Andrés Forero, senador y presidente de la Comisión Séptima, pidió aprovechar los mecanismos de participación ciudadana que ya existen y cuestionó el papel que ha asumido la Superintendencia de Salud en las intervenciones. A su juicio, la entidad debe tener funciones claras para evitar convertirse en juez y parte. También, Ramiro Guerrero, director de la Escuela de Gobierno, puso el foco en la gobernanza y en la libertad de elección de los usuarios. Advirtió, sin embargo, que esta herramienta pierde efectividad en territorios donde no existen suficientes prestadores. A su turno, Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, planteó otra dificultad: las comunidades sí participan, pero el problema aparece cuando sus demandas no se convierten en decisiones. Puso como ejemplo a habitantes de Usme que deben desplazarse hasta el norte de Bogotá para recibir atenciones. A las alertas sobre gobernanza se sumó el diagnóstico de salud pública. Óscar Bernal, profesor de Salud Pública de la Universidad de los Andes, señaló que 37% de los indicadores del Plan Decenal de Salud Pública está en estado crítico y otro 30% permanece en alerta. Además, 16% no se actualiza. Finalmente, Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, propuso crear una "comisión de la verdad en salud" o "libro blanco" para establecer con información verificable cuánto debe el sistema, quién debe y cómo se financiarán esas obligaciones.