¿Hay voluntad?

Conmoción en el ambiente legal ha causado la situación del exfiscal Vinko Fodich, en prisión preventiva desde este viernes por su presunta participación en un secuestro extorsivo. La trama es digna de un relato de ficción y, sin embargo, aparece respaldada por declaraciones e imágenes. En síntesis, una banda de delincuentes integrada por Fodich habría secuestrado, simulando una operación policial, a uno o dos ciudadanos chinos aparentemente vinculados al Clan Chen y clientes del mismo abogado, con el fin de exigirles el pago de un rescate. Las víctimas habrían sido trasladadas al subterráneo de un edificio próximo al Centro de Justicia, un espacio acondicionado con elementos como el logo de la PDI, una pizarra con el supuesto organigrama de una organización delictual y fotografías de "personas de interés", un sujeto disfrazado de miembro del FBI y hasta una fotografía de Donald Trump. Un vehículo de la PDI con balizas encendidas a la puerta del edificio completaba el montaje. A la banda pertenecían también tres funcionarios activos de la PDI.
Según la información que se ha conocido, Fodich habría participado en la selección de las víctimas y el lugar de detención, y también intervenido durante el secuestro para validar frente a ellas que se estaba ante un genuino procedimiento policial y "aconsejarles" satisfacer las exigencias realizadas por el resto de los delincuentes. Esto último, que habría sido reconocido por el propio Fodich en su declaración en Fiscalía, resulta particularmente chocante. El profesional se desempeñó durante casi 10 años como fiscal del Ministerio Público, y más de la mitad de ese tiempo fue jefe de la Fiscalía de Ñuñoa, Providencia y La Reina, la que en su momento llevó a juicio y obtuvo la condena de quien sería conocida como "la Quintrala", entre otras causas de alta connotación pública. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera pasó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, hasta 2013. Al momento de su detención, era socio del estudio jurídico PFV, junto a los también exfiscales Alejandro Peña y José Antonio Villalobos. Aunque de otra envergadura, sus problemas con la justicia no empiezan con este caso, pues ya habían trascendido una investigación por lavado de activos, en relación con su participación en una casa de cambios, y una causa por conducción en estado de ebriedad con resultados de lesiones graves.
El caso deja en evidencia, una vez más, la profundidad con que el crimen organizado ha ido echando raíces entre quienes ejercen la profesión legal y en la policía. Sería ingenuo pensar que se trata de casos aislados y que, por lo demás, todo está en orden; basta recordar que los dos últimos directores generales de la PDI fueron condenados por delitos graves. Por eso aparece como insuficiente la reacción del actual director, quien salió rápidamente a señalar que "los mecanismos internos funcionan" y a lamentar que haya funcionarios que se aparten de la "doctrina y la obligación legal". Este no es un caso de simples faltas a la legalidad o a la ética, sino una manifestación de criminalidad grave, tan enquistada en la institución policial que, de diversos modos, sale a la luz una y otra vez. Un fenómeno similar está afectando el ejercicio de las profesiones legales, sin que se observe una reacción proporcionada de la orden. Nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas, pero ¿existe realmente la voluntad de hacerlo?