Medalla insólita

Amplio rechazo ha suscitado en el país el otorgamiento de una medalla de la Asamblea Nacional de Francia al líder del grupo extremista Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul -quien se encuentra cumpliendo una pena de presidio de 23 años-, por parte del diputado franco-chileno Rodrigo Arenas. Arenas, perteneciente al partido de izquierda Francia Insumisa, explicó que este es un "reconocimiento" por la "lucha reivindicatoria" de la causa mapuche. Según medios franceses, la distinción puede entregarla un parlamentario sin aprobación del órgano legislativo y se usa comúnmente para visibilizar la labor de actores locales. El premio fue recibido en París por el hijo de Llaitul.
Para los dirigentes de la macrozona sur, afectada durante décadas por las acciones violentas perpetradas por grupos radicalizados como la CAM, se trata de un "doble estándar inaceptable" e indica un desconocimiento del daño que han causado a los habitantes de esas regiones los sucesivos ataques incendiarios, amenazas, usurpaciones y hurtos perpetrados por el grupo. Ha contribuido este a la instalación de un clima de inseguridad y miedo, y sus acciones han dejado personas gravemente heridas, además de significar para sus víctimas la pérdida de bienes, viviendas y fuentes laborales. Como líder de la CAM, Llaitul ha jugado un papel decisivo en generar este estado de cosas. De hecho, entre los delitos por los que fue condenado se encuentra el de la incitación a la violencia, por sus llamados a "organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche", además de su participación en delitos de usurpación y atentado contra la autoridad.
El otorgamiento de una medalla a quien cumple sentencia por esas acciones implica una legitimación de la violencia como herramienta política. Y por más que el galardón corresponde a una iniciativa individual de un diputado, el hecho de que involucre a la Asamblea Nacional de Francia agrava la situación y debiera ser motivo de escándalo también en ese país, pues atenta contra los valores democráticos que identifican a la nación francesa.
En Chile, sucesivos gobiernos, incluida la administración de Gabriel Boric, han recurrido a las herramientas que entrega el Estado de derecho para terminar con la acción de los grupos radicalizados que operan desde hace años en las regiones de La Araucanía y el Biobío, esfuerzos que han permitido reducir significativamente la violencia en los últimos años. Estas acciones para el restablecimiento del orden y la seguridad pública cuentan con el respaldo de una ciudadanía que repetidas veces ha expresado su repudio a la violencia y a los intentos por dividir a la sociedad -así lo mostró el amplio rechazo al concepto de plurinacionalidad incluido en el fallido proyecto de la Convención Constitucional- y debieran ser reconocidos y respetados por la comunidad internacional.
Otorgar un reconocimiento a quien ha contribuido a debilitar nuestro Estado de derecho implica un grave desconocimiento de la institucionalidad que el país ha construido desde el retorno de la democracia con la participación de todas las fuerzas políticas. Además ofende gratuitamente a las víctimas de la violencia y al propio pueblo mapuche cuya presentación ha pretendido arrogarse Llaitul.