Exministros y autoridades enjuician la postura del MOP tras cerrar la puerta a concesión de corredores del Biobío

"No está en lo correcto". "Es una forma un poco limitada, hay que ampliar la mirada". "Que el Gobierno defina un criterio". Esos son algunos de los cuestionamientos que exministros de Obras Públicas expresaron luego de que el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, cerró la puerta a la concesión de los corredores viales del Biobío, que una filial de la empresa española Azvi estaba próxima a adjudicarse. Esos proyectos rondaban los US$ 400 millones, que se costeaban con subsidios estatales.
Durante su participación en el Chile Day, De Grange indicó en entrevista con "El Mercurio" -publicada ayer- que esas iniciativas nunca debieron ingresar al sistema de concesiones. Esto porque no tenían un modelo de negocios como el de las autopistas que se gestionan a través de peajes. Reiteró que los corredores se realizarán con inversión pública.
Los reparos a la decisión del MOP y a sus argumentos también provinieron desde el Gobierno Regional del Biobío y de parlamentarios de esa zona.
La visión de los ex-MOP
Consultada por el tema, la exministra de OO.PP. Jessica López señaló que las necesidades de infraestructura del país a 30 años deben financiarse por el Estado, pero también con asociaciones público-privadas. "Esto de rigidizar si el modelo de concesiones tiene tarifas, similares a los sistemas de autopistas, peajes, es una forma un poco limitada, hay que ampliar la mirada. Desde hace años que se viene financiando la construcción y mantención de hospitales y cárceles, por ejemplo, con concesiones, y eso en lo esencial es subsidio", recordó.
López afirmó que "el Ministerio de Obras Públicas, el Estado de Chile, tiene que hacer una discusión de largo plazo sobre el modelo concesional para buscar distintas formas de incorporar el aporte del capital privado a la construcción, el financiamiento y la mantención de la infraestructura pública en sus diversas formas".
En una línea similar, Sergio Bitar , también exministro de Obras Públicas, manifestó que "el Gobierno defina un criterio" para resolver qué obras se hacen vía concesiones y cuáles no. "Parece raro que se aplique a solo un caso. No tengo los datos para juzgar el análisis financiero, pero sí tengo la convicción de que usemos más las concesiones y las negociemos mejor", sostuvo. Recordó que Azvi ofreció al Estado una reducción del 20% en el costo del proyecto para mantenerlo como concesión.
"Quién va a hacer ahora la mantención (de los corredores), que es uno de los puntos débiles del Estado", preguntó Bitar.
Para Carlos Cruz , director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y exministro de OO.PP. y Transportes, "el ministro (De Grange) no está en lo correcto. Es cierto que cerró la puerta, pero con argumentos muy poco claros. Es posible que a él no le guste esta modalidad de concesiones, pero es la que se ha utilizado para muchos proyectos que han tenido una gran aceptación y han resuelto muchos problemas muy importantes en el país. Sin ir más lejos, las cárceles concesionadas, hospitales y los corredores de transporte público de Santa Rosa e Independencia".
Cruz añadió que "el modelo de concesiones se concibió para obras que pudieran generar sus propios recursos a través de peajes y tarifas, pero además como una modalidad de ayudar financieramente al Estado en momentos de escasez de recursos públicos para inversión". A la vez, refutó a De Grange y sostuvo que el contrato de los corredores sí tenía contraprestaciones: "contemplaba una serie de adicionales muy sentidos como iluminación, paraderos, atraviesos y otros muy necesarios para rutas tan congestionadas. Además, comprometía la mantención y operación del servicio, lo cual siempre es muy difícil de asegurar cuando son rutas asumidas por el Estado, y seguros contra catástrofes".
El director ejecutivo de CPI recordó que para que una iniciativa se llame a licitación se deben cumplir condiciones y autorizaciones como la del Ministerio de Hacienda, entre otras. "Por lo demás, este proyecto ya había sido firmado para su adjudicación por el ministro Martín Arrau en su corto período como titular de Obras Públicas. Por lo que dice el ministro (De Grange) todos quienes participaron en ese proceso se equivocaron, porque nunca debió haber entrado en la cartera. Me parece, a lo menos, extraño".
Juan Manuel Sánchez , consultor y exdirector general de Concesiones del MOP, destacó que "las concesiones no se limitan a autopistas con cobro a los usuarios, pues también pueden estructurarse mediante subsidios o pagos públicos asociados a la disponibilidad y al cumplimiento de niveles de servicio", por lo que señaló que el argumento de De Grange "no me parece correcto".
Parlamentarios y gobernador exigen obras
Gastón Saavedra , senador PS, ha seguido de cerca los últimos acontecimientos ligados a este proyecto. "No concuerdo con la opinión del ministro, porque él mantiene, diría, su ortodoxia respecto de los diseños. Pero en la vida siempre hay que estar buscando fórmulas, innovando en los mecanismos de resolución de situaciones como las que tenemos que enfrentar en la Región del Biobío, con cuantiosas inversiones".
Respecto de los avances de los corredores vía inversión directa del MOP, Saavedra afirmó que "no hemos tenido noticias, el Gobierno se cerró y no va a poder destinar recursos, porque sabemos la estrechez presupuestaria que existe hoy día sectorialmente. Al mismo tiempo, pareciera ser que les da lo mismo que en nuestra región tengamos un 10,6% de desempleo, los tacos más grandes y que la calidad de vida sea pésima. El Gobierno no se preocupa de las regiones ni menos del Biobío". Añadió que estarán atentos a que en la discusión del Presupuesto 2027 se consideren recursos para este plan vial.
El diputado Roberto Arroyo (Partido de la Gente) aseguró que los corredores son estratégicos para la Región del Biobío. "Si el Gobierno considera que la obra pública directa es el mecanismo más conveniente, entonces tiene que demostrarlo con hechos: mismos estándares, recursos asegurados y, sobre todo, cumplimiento de los plazos comprometidos. No podemos aceptar que el cambio de modelo se transforme en una nueva espera para el Biobío... Si hoy se nos dice que este proyecto nunca debió haber ingresado al sistema de concesiones, entonces hay que preguntarse por qué se llegó hasta esta etapa antes de cambiar de decisión".
El gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman (indep. Chile Vamos), recordó que en un comienzo (agosto) el Gobierno había señalado que las obras no se realizarían, pero que tras gestiones locales y a nivel central, se logró revertir esa decisión.
Giacaman cuestionó la decisión del Ejecutivo y señaló que no es comparable una obra pública directa y una concesionada, siendo esta última una mejor opción para enfrentar el desempleo de la zona, agregó. Espera reunirse con Louis de Grange en los próximos días para conversar de cómo se avanzará en los corredores y otros proyectos.
Origen   Los corredores viales del Biobío dieron un salto en 2022 cuando fueron parte de anuncios del gobierno del presidente Boric.