Nuevo pulso en Colombia por efecto del impuesto saludable

El impuesto saludable volvió al centro del debate en Colombia luego de que los representantes Daniel Briceño y Carol Borda anunciaran un proyecto para eliminarlo, mientras expertos en salud pública y epidemiología pidieron evaluar sus efectos antes de modificar una política reciente. El gravamen, creado mediante el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 y aplicado desde noviembre de 2023, fue diseñado para bebidas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados. Sus tarifas aumentan gradualmente y buscan desincentivar consumos para evitar el avance de enfermedades crónicas. El choque de posiciones tiene un punto común: todavía no existe una evaluación integral que permita establecer cuánto del comportamiento observado responde directamente al impuesto. Alejandra Bastos, docente de la Maestría en Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, marca ese límite. La investigación realizada por esa institución incluyó 44 participantes en Bogotá, Yopal y Salvador de Bahía, Brasil, y estudió cómo las personas se apropian de los sellos de advertencia. En Colombia se encontró alto reconocimiento y visibilidad de estas señales nutricionales. Sin embargo, Bastos advierte que reconocer un sello no significa necesariamente dejar de comprar. Las decisiones también están mediadas por precio, fidelidad a las marcas, costumbres familiares, cultura, publicidad y disponibilidad de alternativas, factores que pueden mantener patrones habituales de consumo. El estudio encontró casos de personas que redujeron cantidad o frecuencia de consumo, pero también participantes que mantuvieron sus decisiones. Por eso, la investigadora considera que ninguna intervención informativa o económica garantiza, por sí sola, cambios sostenidos en los hábitos alimentarios. Esa precisión resulta central en la discusión. Bastos señala expresamente que la investigación no midió el impacto de los impuestos saludables, ni analizó ventas, recaudo o consumo nacional. Por tanto, sus resultados no permiten cuantificar los efectos alcanzados por Colombia. Aun así, sus hallazgos muestran que el precio ocupa un lugar central en la compra. Algunas familias quieren elegir alimentos con mejor perfil nutricional, pero encuentran barreras relacionadas con costos, disponibilidad y ausencia de sustitutos equivalentes, especialmente entre hogares con menores ingresos. Desde esta perspectiva, un mayor precio puede desincentivar las compras, pero también generar desigualdades si no existen opciones saludables, accesibles y culturalmente aceptables. La investigadora Bastos plantea evaluar los efectos según ingresos, territorio, sustitución de productos y cambios en el gasto alimentario. Recaudo y presión a los pequeños comercios El frente económico aparece también en el proyecto anunciado por Briceño y Borda. Según los datos incluidos en la discusión, el impuesto recaudó $2,88 billones durante 2024 y acumuló $1,9 billones en lo corrido de 2026. En 2024, los alimentos ultraprocesados aportaron $2,39 billones al recaudo, mientras las bebidas azucaradas representaron cerca de $489.000 millones. Entre los productos gravados aparecen cereales, galletas, salchichas, jamón, chorizo, leche en polvo y otros alimentos. Los autores del proyecto cuestionan que el gravamen esté logrando modificar los hábitos en la magnitud esperada y sostienen que existe presión económica sobre pequeños comercios. Borda afirmó que el impuesto habría afectado 67% de los establecimientos y advirtió riesgo de cierre. Los datos citados en la discusión también señalan que una encuesta de Fenalco publicada en 2025 encontró que 66,8% de los tenderos reportó impacto directo en sus ventas. Cerca de 30% habría considerado cerrar durante 2024, según esas cifras. Red PaPaz presenta una lectura diferente. Lina Cerón, experta en proyectos de la organización, sostiene que los impuestos saludables son medidas de salud pública costo efectivas y señala que más de 100 países han implementado estas herramientas para desincentivar productos ultraprocesados. Su argumento parte del peso de las enfermedades no transmisibles. Cerón señala que en Colombia representan 76% de todas las muertes y advierte sobre edades cada vez más tempranas. También destaca que las preferencias alimentarias adquiridas durante la infancia pueden mantenerse en la adultez. Sobre el comportamiento reciente, Cerón cita la Encuesta de Calidad de Vida del Dane: entre 2023 y 2024, el consumo de bebidas azucaradas cayó 2,9 puntos porcentuales y el de comestibles ultraprocesados, 4,3 puntos. En algunas regiones, afirma, la reducción llegó a 14%. Pero Cerón también reconoce que medir la efectividad de una medida reciente es complejo. La evidencia para medir el efecto en salud La asociación de epidemiología de Colombia (Asocepic) también pidió frenar el proyecto de eliminación y esperar más evidencia. La asociación sostiene que retirar la medida después de dos años sería prematuro y reclama una evaluación independiente, con métodos, fuentes y resultados públicos, basada en datos colombianos. El debate no se reduce al recaudo. Red PaPaz plantea que los recursos deberían apoyar prevención, acceso a alimentos saludables, estilos de vida saludables y programas de alimentación escolar. Cerón estima que hacia finales de 2024 había unos $3,3 billones recaudados. Para Bastos, el impuesto debe evaluarse junto con etiquetado frontal, educación, regulación de publicidad y acceso a alimentos saludables. Así mismo, Red PaPaz agrega restricciones publicitarias, entornos escolares protegidos, subsidios, compras públicas orientadas hacia alimentos reales y promoción de la lactancia humana. Así, mientras Briceño y Borda impulsan la eliminación con argumentos sobre precios y pequeños comercios, los expertos advierten que todavía falta evidencia para atribuir resultados definitivos.