Sobre el riesgo de racionamiento y retos de la crisis energética

¿Qué tan cerca está Colombia de un racionamiento energético por decisiones pasadas? Frente a una coyuntura especialmente compleja en el Congreso de la República, la ministra María Nohemí Arboleda advirtió que el riesgo de racionamiento sigue latente en Colombia, pues los datos de XM revelan un déficit de energía firme frente a la demanda proyectada de 5,4 % en 2026, 7,8 % en 2027 y 7,6 % en 2028. Esta vulnerabilidad estructural se ha incubado a lo largo de los últimos cuatro años: mientras que en agosto de 2022 existía un margen positivo del 6,7 %, el retraso en el ingreso de proyectos clave derivó en que la demanda del SIN supere actualmente la Enficc disponible. La situación se agrava al constatar que la entrada de nueva oferta ha sido insuficiente —registrando el ingreso de tan solo un 28 % de la energía esperada en 2022, un 17 % en 2023, un 25 % en 2024, un 10,8 % en 2025 y un 22,5 % en lo corrido de 2026— mientras la demanda continúa creciendo por encima del 6 % sin las señales requeridas para incentivar las inversiones necesarias. ¿Qué acciones debe tomar el Gobierno para cerrar la brecha energética de 2027 y 2028? Una brecha estructural, producto de años de malas decisiones, no se cierra con medidas de emergencia. La subasta de mayo fue importante y valoramos que se haya avanzado, pero la capacidad adjudicada entra en 2029 y 2030, resuelve el problema futuro, no el faltante de 2027 y 2028. Necesitamos nuevas asignaciones y un calendario previsible de expansión. No podemos esperar a que aparezca el déficit para buscar la energía que necesitaremos años después. El segundo reto es destrabar los proyectos ya comprometidos. Buena parte de la expansión prevista ha llegado tarde y mucha capacidad nueva entrará después de septiembre de 2027. Eso exige acelerar permisos, conexiones, consultas y trámites, con una verdadera coordinación de todo el Gobierno que, por fortuna, ya empezamos a avizorar. El tercer elemento, en el que trabajaremos con el Gobierno y el Congreso de la República, es la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas. Hablamos de inversiones de miles de millones de pesos y de activos que duran 20, 30 o más años. Para movilizar ese capital hay que generar confianza y aprovechar todas las tecnologías: hidráulica, térmica, solar, eólica y almacenamiento. La seguridad energética se construye con diversidad, no con discursos ni dependiendo de un solo tipo de fuentes. ¿Puede el país garantizar el gas necesario para las térmicas durante El Niño? Garantizar el suministro térmico exige asegurar con anticipación la contratación, transporte, regasificación y logística del gas natural, considerando que cerca de un tercio del consumo nacional es importado, por lo que la planeación del combustible para el verano debe realizarse de inmediato y no durante la crisis. A esta exigencia logística se suma la urgencia financiera de resolver la cartera pendiente de cerca de $2,3 billones de pesos que acumulan las plantas térmicas, ya que sin liquidez se dificulta la compra anticipada de insumos; de allí la necesidad de profundizar las medidas gubernamentales sobre la cadena de pagos para asegurar que las térmicas cuenten con combustible, liquidez y disponibilidad oportuna. ¿Habrá aumentos en las tarifas de energía? No sería responsable anticipar un porcentaje de aumento. El precio depende de la hidrología, del costo de los combustibles, de la demanda, de la contratación de cada comercializador y del comportamiento del mercado. Lo que sí sabemos es que un fenómeno de El Niño prolongado aumenta la generación térmica y puede presionar los costos. El efecto tampoco será igual para todos: depende de cuánto tenga contratado a largo plazo cada comercializador y cuánto deba comprar en bolsa. Hoy hay comercializadores con exposiciones cercanas al 23 % y otros que superan el 50 %. Además, el 9 de septiembre el precio de bolsa superó el precio de escasez de activación, poniendo en marcha mecanismos del cargo por confiabilidad diseñados para proteger a la demanda frente a precios excepcionalmente altos. El sistema colombiano tiene instrumentos que funcionan y que debemos preservar y fortalecer, sobre todo en un momento como este. ¿Qué reformas se necesitan para atraer inversión en generación sin encarecer las tarifas a los usuarios? Una nueva subasta es necesaria y vemos positivamente que el Gobierno la esté planteando. Pero por sí sola, no construye una planta: falta financiación, permisos, construcción, conexión y puesta en operación. Colombia necesita convertir las subastas en un mecanismo permanente, previsible y tecnológicamente neutral de expansión, con la anticipación suficiente para que la nueva energía esté disponible antes de que aparezca el déficit. El desafío de inversión es enorme. El sector invirtió alrededor de $4,3 billones de pesos en 2025 y calculamos que Colombia requiere cerca de $9 billones anuales hasta 2033. Pedimos esa inversión en un mercado que acumula cerca de $4 billones en cuentas pendientes. Hay que trabajar en las dos dimensiones: resolver la liquidez de corto plazo y recuperar la confianza de largo plazo.