Aviación civil: ¿cuál debería ser el deber ser de la autoridad?

Hay instituciones que, por la naturaleza de sus responsabilidades, no pueden medirse únicamente por su capacidad administrativa. Requieren conocimiento técnico, independencia, continuidad institucional y, sobre todo, una arquitectura que permita tomar decisiones con credibilidad. La aviación civil es una de ellas. En Colombia tenemos una particularidad que merece revisarse: en una misma institucionalidad conviven funciones de autoridad aeronáutica, prestación de servicios e investigación de accidentes e incidentes. Cada una de estas funciones tiene una lógica, unos incentivos y unas responsabilidades diferentes, y ahí es donde vale la pena detenerse. Pensemos en un ejemplo simple: si la misma entidad que certifica y vigila la operación de un servicio aeronáutico es también la que investiga un accidente relacionado con ese servicio, surge una pregunta legítima —independientemente de la buena fe de quienes trabajan allí—: ¿qué tan blindada está esa investigación de las presiones regulatorias u operacionales de la propia institución? No es un problema de personas; es un problema de diseño. El reto, entonces, no está en que estas funciones existan, sino en cómo se gobiernan, cómo se separan y qué tan independientes son entre sí. Una autoridad debe regular y vigilar con capacidad técnica e independencia. Un prestador de servicios debe garantizar eficiencia, continuidad y calidad. Y quien investiga un accidente debe poder hacerlo con absoluta autonomía técnica, buscando establecer qué ocurrió y por qué, para evitar que vuelva a suceder —sin que su trabajo esté condicionado por intereses regulatorios, operacionales o institucionales. No se trata de buscar culpables. Se trata de aprender. De hecho, las normas aeronáuticas establecen que la investigación de accidentes no tiene como finalidad determinar responsabilidades, sino contribuir a la seguridad operacional. Esa diferencia no es semántica: es esencial para la credibilidad del sistema. Pero separar bien las funciones no basta si, al mismo tiempo, se erosiona el segundo pilar de un sistema aeronáutico sólido: su capital técnico. De poco sirve una arquitectura institucional impecable si quienes deben operarla no cuentan con la experiencia y la profundidad técnica que exige el sector. La aviación no admite improvisaciones. Necesita ingenieros, pilotos, controladores, abogados especializados, expertos en seguridad operacional, infraestructura, navegación aérea, aeropuertos y regulación económica, con la experiencia suficiente para entender la complejidad de lo que regulan y supervisan. Una autoridad aeronáutica no puede convertirse en una entidad administrativa con conocimiento aeronáutico apenas accesorio. Se necesita recuperar y proteger una cultura de conocimiento especializado, basada en mérito, experiencia, formación permanente y continuidad. La institucionalidad no puede reinventarse cada cuatro años. La aviación, literalmente, no puede darse ese lujo. Entonces, ¿cuál debería ser el primer paso? Definir el modelo institucional antes que la estructura organizacional. Antes de discutir organigramas, cargos o personas, habría que responder preguntas de fondo: ¿qué funciones debe conservar una autoridad aeronáutica colombiana dentro de diez o veinte años? ¿Cuáles deben separarse? ¿Qué nivel de independencia requiere realmente la investigación de accidentes? ¿Qué actividades puede seguir prestando directamente el Estado y cuáles podrían desarrollarse bajo otros modelos? ¿Qué capacidades técnicas son estratégicas y no negociables? Solo después de responder esto tiene sentido hablar de estructura. Porque reformar una institución no consiste en mover dependencias de una casilla a otra, sino en diseñar correctamente los incentivos, las responsabilidades y los controles para que cada función cumpla su propósito sin interferencias. Colombia tiene una aviación cada vez más relevante para su conectividad, competitividad, turismo, comercio y desarrollo territorial. Esa realidad exige una institucionalidad a la altura. Por eso, esta conversación no debería quedar en manos exclusivas del ciclo político de turno. Un ejercicio de esta envergadura —que define el rumbo del sector para las próximas décadas— amerita un espacio técnico, plural y con visión de largo plazo: un panel de expertos, una mesa técnica del sector o una discusión legislativa seria, más allá de quién ocupe determinada posición en un momento dado. Esta consideración aplica igualmente para otras entidades del sector. La pregunta que debería guiar ese ejercicio es mucho más ambiciosa que cualquier coyuntura: ¿qué autoridad aeronáutica necesita Colombia para los próximos 30 años? Responderla —con visión de Estado, conocimiento técnico y sin intereses coyunturales— debería ser el verdadero punto de partida. Es hora de hacerlo a pesar de algunos intentos.
Olga Lucía Ramírez
Exviceministra de Transporte.