La Nación, Costa Rica
17 de septiembre de 2026
El Ministerio de Hacienda reestructurará sus 18 áreas legales y reubicará a 200 abogados para agilizar más de 770.000 expedientes en cobro judicial.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron una propuesta para reestructurar sus 18 áreas legales con el objetivo de hacer más eficiente la recuperación de impuestos en fase de cobro judicial y estandarizar sus servicios jurídicos.
Esto hará que más de 200 abogados del Ministerio de Hacienda sean reubicados como parte de un plan de reestructuración que busca modernizar la Dirección Jurídica y fortalecer las áreas de recaudación del Estado.
En este momento, más de 770.000 expedientes se encuentran en cobro judicial, muchos con más de cinco años en trámite.
La propuesta apenas está en un proceso de consulta, pero la decisión del Ministerio de Hacienda surge tras un análisis de los servicios actuales, los cuales presentan una baja capacidad para gestionar la recuperación de las deudas, procesos dispersos, flujos de trabajo fragmentados y duplicidad de funciones.
Actualmente, el ministerio cuenta con más de 200 abogados distribuidos en 18 unidades administrativas que operan desde distintas dependencias.
El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, detalló en un comunicado que esta dispersión genera un alto riesgo de emitir criterios jurídicos contradictorios y duplicar trámites, lo que frena la gestión institucional y afecta la seguridad jurídica de los usuarios.
El funcionario explicó que, para cobrar adecuadamente los tributos y brindar un servicio eficiente, es indispensable ordenar la estructura interna. Con la iniciativa, se busca incrementar la recaudación fiscal y recuperar los recursos públicos para invertirlos en las áreas prioritarias del país.
Esta centralización atiende las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ambas entidades han sugerido unificar las áreas jurídicas para fortalecer los mecanismos de coordinación y el control de calidad.
