El conflicto portuario escala con convocatoria a paro nacional contra medida de servicios mínimos del gobierno

Aumenta el conflicto a nivel portuario por el rechazo de los trabajadores a la decisión del gobierno de establecer la obligatoriedad de servicio mínimo. La resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se tomó ante el alto nivel de conflictividad en las últimas semanas debido a que el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata y dicha empresa no logran acordar un nuevo convenio colectivo.

Hasta ahora, los paros eran hechos por los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata empresa compuesta en un 80% por la belga Katoen Natie y en un 20% la Administración Nacional de Puertos. Incluso, se desarrolla un paro de 24 horas que comenzó ayer a las 23:00. Pero ahora escaló el conflicto: se suma un paro nacional de 24 horas, a realizarse desde las 7:00 del próximo lunes hasta las 7:00 del martes, por la resolución del gobierno de establecer servicios mínimos y por las advertencias sobre una posible demanda judicial que recibieron los trabajadores.

La resolución de hacer un paro nacional de 24 horas se tomó ayer en una reunión del ejecutivo nacional de la directiva del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

El dirigente sindical de Montecon, Martín García, explicó a El País que la decisión del gobierno de establecer servicios mínimos "ataca la libertad sindical" y que, además, puede afectar al resto del sector portuario en un futuro porque ahora el foco está en la Terminal Cuenta del Plata. Pero hay otro motivo que los llevó a tomar la decisión: la empresa evalúa realizar una demanda civil por las pérdidas millonarias que dice haber tenido por el conflicto, como informó El País.

En la reunión del Supra hubo varias mociones arriba de la mesa y, según García, todas incluían la medida de paro (aunque con distintas extensiones).

Ya el Pit-Cnt había rechazado dos viernes atrás la decisión del gobierno al considerarla "excesiva". También se exhortó "a los involucrados, en especial a la empresa, a desarrollar todos los esfuerzos durante la próxima semana" para "encontrar soluciones de fondo que permitan arribar a un convenio colectivo acordado entre las partes".

Pero esa semana ya transcurrió y el sindicato de TCP y la empresa no lograron cerrar la negociación.

La empresa hace tres semanas que mantiene incambiada su propuesta. El viernes 28 de noviembre se presentó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en una reunión sin participación del gremio para formalizar su postura al entender que era el "máximo esfuerzo" que podía hacer. Esta actitud se leyó como una retirada de la negociación por parte del sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata.

La mirada de blancos y colorados

Ahora el conflicto portuario será analizado en el Parlamento debido a que la coalición republicana decidió convocar de manera urgente a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los representantes del gobierno asistirán a la comisión de Transporte del Senado. Por ahora son estos dos ministerios, aunque no se descarta sumar a otros actores a los que crean importante pedirles explicaciones.

Ya se había anunciado una convocatoria similar a fines de agosto, pero la iniciativa quedó por el camino al empezar a tratarse la Rendición de Cuentas.

"Esto no da para más", aseguró el senador blanco Javier García en diálogo con El País. El legislador entiende que para el gobierno "no puede ser más importante la diferencia de ideologías" que tiene a su interna que "defender los intereses del puerto". Al mismo tiempo, criticó el "daño" que "se le produce a la competitividad, el empleo y la imagen del país".

Y remató: "No se puede dejar que el sindicato gobierne el puerto. Hay que defender los intereses del Uruguay".

El Partido Nacional ya pidió que se decretara la esencialidad en el puerto de Montevideo, después de que la empresa lo solicitara al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno no dio ese paso sino que se quedó en un camino intermedio de pedir un servicio mínimo.

Ante esta medida que tomó el Poder Ejecutivo, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado entiende, según un comunicado de esta semana, que el gobierno "llegó tarde y mal".

"Tarde, porque permitió que el conflicto se prolongara durante meses y actuó cuando buena parte del daño ya estaba consumado", se explicó, y añadió: "Mal, porque, procurando evitar una declaración formal de esencialidad, recurrió a una estrafalaria construcción jurídica al establecer servicios mínimos obligatorios mediante una resolución ministerial, sin que la legislación uruguaya regule con suficiente precisión ese mecanismo".

Ante esta situación, se aseguró que el partido "trabajará en un proyecto de ley que defina con precisión los servicios esenciales y los servicios mínimos" y "establezca criterios de necesidad y proporcionalidad". También que "permita al Poder Ejecutivo actuar provisionalmente ante emergencias, garantice la participación de trabajadores y empleadores y confíe a un órgano independiente la resolución de las discrepancias".

Del Partido Colorado, el senador Robert Silva calificó en diálogo con El País de "suma gravedad" la situación en el puerto, al mismo tiempo que le genera "muchísima preocupación".

No tiene dudas de que el "conflicto se agravó después de las desafortunadas declaraciones en el Senado del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y, en especial, de su subsecretario Hugo Barreto", quien dijo que "hay que tomar con naturalidad" la "perturbación" de los conflictos. A entender del senador, se intentó "minimizar" la situación que se atraviesa en el puerto y reducirla a una empresa cuando esta tiene "más del 70%" de la operativa del puerto.

El proyecto del Partido Colorado "seguramente se presente la próxima semana", indicó, y criticó el decreto de servicios mínimos al decir que "no es chicha ni limonada".

El problema de las dos grúas

El secretario general del Supra y referente principal del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, dijo ayer a la radio Monte Carlo que la medida del gobierno es "excesiva" y señaló problemas que encuentra con lo que el gobierno determinó como servicio mínimo.

El dirigente sindical explicó que, cuando hay un barco de gran porte, se aplica el 50% del servicio porque, en vez de usar cuatro grúas que sería lo habitual, se operan dos. Sin embargo, el problema está en los barcos de menor porte: dado normalmente se utilizan dos grúas, el servicio mínimo es el 100% del trabajo. En esa línea, reafirmó: "De hecho, estaría prohibido hacer una medida en estos barcos menores porque la guardia gremial es el 100% del servicio".

Asimismo, opinó que decretar el servicio mínimo no resuelve el problema de fondo porque sigue sin haber un convenio colectivo, que es lo que buscan.

Días atrás había dicho en el programa Info Capital, de Tv Ciudad, que siempre se les ha pedido a ellos que den tiempo o saquen las medidas "cuando se ponen muy complejas", lo que "siempre" han hecho. Pero que, si mira "en letra fría lo que la empresa" les propone, "es peor de lo que ya estaba en el convenio que se venció", añadió.