Inocencia organizada

En Uruguay nos conocemos entre todos. Pero cuando algo explota, nos encanta hacernos los sorprendidos. Fingimos que nos importa, miramos hacia el costado y seguimos. En ese arte que dominamos, la clase política descolla.

Esta vez, la sorpresa llegó en bolsas de supermercado. Ahí viajaba la plata. Según la Fiscalía, Henry Latorre se las entregaba a Pablo Leiva, y Leiva hacía el resto: ingresaba los billetes al sistema financiero pagando los aportes al BPS de dos pequeñas constructoras. Para el ministro del Interior, Carlos Negro, Latorre es uno de los líderes de las bandas violentas de Montevideo.

Leiva no solo se ocupaba de esa plata. Tenía un trabajo público: era asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez y cobraba 52.000 pesos al mes. Su hijo Lucio, de 20 años, sigue siendo asesor de Gómez. Cobra lo mismo y es dirigente de la juventud nacionalista de Montevideo.

Todo se conoció a fines de la semana pasada, cuando la Policía entró en una casa de Brazo Oriental. Encontró armas, municiones, 141 kilos de pasta base, 124 kilos de cocaína, más de tres millones de pesos y US$ 42.564.

Hubo tres condenas mediante procesos abreviados: seis años y medio para Latorre, tres para su pareja y dos años y medio para Leiva, por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Lucio pasó unas horas detenido y salió sin cargos.

No hay pruebas de que Gómez, su sector o el Partido Nacional supieran a qué se dedicaba Leiva. El edil, que se enteró mientras estaba de viaje en China, lo cesó y admitió que no había sido lo suficientemente cauteloso al incorporarlo.

El caso no termina en Gómez. Sobre Lucio, Jorge Gandini dijo que era "un chico muy correcto". Gandini no opinaba desde la tribuna: Gómez pertenece a Por la Patria, su sector. El asunto le pasa cerca por otro lado.

Leiva pagaba los recibos del BPS de las constructoras en un local de cobranzas de Abitab cuya dueña es la esposa de Gandini.

La Fiscalía informó que en la carpeta no había elementos que permitieran vincular a otras personas con el lavado de activos. Gandini se puso a disposición, dio una conferencia y aseguró que él y su esposa no tenían "nada que ocultar".

Salvo alguna honrosa excepción, la reacción del Partido Nacional ha sido de una tibieza tan sonora como alarmante. Con la excusa de esperar a que el edil regresara de China, el partido dejó pasar más de una semana. Como si fuera poco, quien preside la comisión de jóvenes del partido dijo que, como Leiva hijo había sido liberado, no había "nada para analizar". ¿Nada para analizar? ¿Nada? El descaro no tiene límites.

Una parte creciente de nuestra burocracia existe solo para atender las necesidades y excentricidades de la política. Cargos, pases en comisión, contratos y la opacidad como norma sostienen equilibrios internos, pagan lealtades y abonan pequeñas chacras. En la Junta Departamental de Montevideo cada edil puede rodearse de hasta nueve (sí, nueve) colaboradores pagados por el Estado: cinco secretarios y cuatro funcionarios en comisión. Treinta y un ediles, con sus suplentes, conforman así una pequeña administración paralela. Vaya uno a saber qué tan necesaria.

Que el narcotráfico encuentre por dónde colarse no debería asombrar a nadie.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el financiamiento de los partidos, un asunto que el sistema político nunca ha estado ni cerca de tomarse en serio. Nada indica que este bochorno vaya a hacer reaccionar a nadie. Y no será por falta de advertencias.

El escándalo de Marset debió haber puesto fin a cualquier vestigio de inocencia. En 2021, un narcotraficante detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso recibió uno uruguayo en regla, quedó en libertad y se esfumó. El sistema político dedicó más energía a gestionar el daño que a explicar cómo había ocurrido.

En esa historia, Carolina Ache, entonces vicecanciller, se había reunido con el abogado de Marset, aunque después se negó a ocultar comunicaciones relevantes en la trama más turbia del gobierno de Lacalle Pou.

En su momento, el actual prosecretario de la Presidencia fue el abogado que defendió a Ache. Después, el Frente Amplio la premió con la embajada en Portugal. Hechos, preguntas e inconsistencias. Y, por encima de todo, sospechas.

Las señales siguieron acumulándose. Hace un año, dos personas entraron a la casa de la fiscal Mónica Ferrero, efectuaron disparos y detonaron una granada en el patio.

La hipótesis principal es que fue un ataque en represalia por una incautación de droga.

El crimen organizado no necesita capturar al Estado entero ni el narcotráfico explica todos los homicidios de Montevideo, pero su peso no ha dejado de crecer. El país se consolidó como punto de tránsito de cargamentos de cocaína hacia Europa, con el puerto como vía clave de salida. El puerto, por lo tanto, no es una digresión: es una de las puertas por las que circula el negocio que ha transformado la violencia en Uruguay.

La misma semana del allanamiento en Brazo Oriental, el gobierno tuvo que establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto, semiparalizada por los reiterados paros del sindicato de TCP. Un Estado que no logra que el puerto mueva contenedores difícilmente sabrá qué hay dentro de cada uno.

Ante las corporaciones organizadas, retrocede. Ante las organizaciones criminales, llega tarde. En el puerto, ambas debilidades amarran en el mismo muelle.

Cuando aparezca el próximo caso, todos jurarán que no lo vieron venir.