Municipios suben cobros a scooters y Lime se adjudica licitación en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes

Las alternativas de "micromovilidad" como scooters y bicicletas de uso público fueron consideradas una alternativa novedosa y amigable durante años. Las municipalidades buscaron integrarlas al transporte y exigían tarifas muy asequibles a las empresas para fomentar el uso. Pero el último año han endurecido las condiciones: nuevas concesiones elevan el costo de utilizar espacios públicos, reducen la cantidad de operadores, aumentan la recaudación de los municipios, y a propósito de denuncias y accidentes, ya empiezan a gestarse las primeras regulaciones a estos vehículos.
Se advierte además que su funcionamiento sin fiscalización está causando malestares. Diversas Cartas al Director de "El Mercurio" han advertido los riesgos para los peatones por el uso de estos vehículos en veredas, plazas o espacios peatonales. Y también sería un riesgo para quien los usa -muchas veces niños-, porque no se exige cumplir con medidas de seguridad como cascos o elementos de protección.
Datos del estudio de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS) y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) muestran que se registraron 501 accidentes de trayecto en scooter a nivel nacional durante el primer semestre de este año. Esto representa un aumento de 36,9% respecto del mismo período de 2025, en que se registraron 366 casos. Una particularidad es que las mujeres registraron el mayor aumento respecto de 2025, con un 52,1%.
Durante los primeros años, la micromovilidad estuvo concentrada en comunas del sector oriente. No obstante, la cobertura de "ciclos" se ha ampliado a nuevas comunas como San Miguel, La Florida, Quinta Normal, Huechuraba, Conchalí, Buin, Paine, o incluso a regiones: Rancagua, Viña del Mar, Coquimbo, Temuco y Pucón.
Desde el Ministerio de Transportes aseguran que es difícil tener un dato preciso de cuántos scooters o bicicletas de uso compartido hay desplegados en Chile. Por un lado, son empresas dinámicas que no están obligadas a consolidar sus datos, no hay estadísticas detalladas, y además, últimamente ha habido cambios de operadores.
Tarifas: De incentivo a restricción
Las bicicletas y scooters -de marcas como Lime, Jet, Whoosh y Tembici (Itaú)- se ubican en "estaciones" y su activación es mediante planes mensuales o cobros por uso temporal a través de la app . En muchos casos, deben pagar a las municipalidades por la cantidad de metros cuadrados que ocupan estos espacios, otras cobran por cantidad de vehículos en uso, aunque la modalidad y la tarifa muestran grandes disparidades.
El cambio ha sido casi desde un incentivo a la restricción. El 10 de septiembre recién pasado se adjudicó la "Concesión de espacio público para la explotación del servicio de bicicletas y scooters eléctricos en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea".
La concesión conjunta se adjudicó a la empresa Lime, cuyo mayor accionistas es Uber, y operan desde esa misma app . La idea es que sea una "operación intercomunal regulada y monitoreada", comentan desde la Municipalidad de Las Condes.
Para aumentar el control establecieron "herramientas de GPS para supervisar -en tiempo real- las velocidades máximas, ordenar los estacionamientos y la obligación de retirar los scooters,, que los usuarios hasta ahora dejaban en cualquier parte, en un plazo de un par de horas".
El monto que debe pagar la empresa al municipio se compone de un valor unitario de 1,64 UTM por bicicleta o scooter (unos $117.622), y eso multiplicado por la cantidad de vehículos implementados. Es decir, si en cada comuna se instalan 200 scooters , serían cerca de $23,5 millones al mes.
Esto representa un aumento importante en la tarifa si lo comparamos con licitaciones anteriores. Por ejemplo, en Lo Barnechea, el contrato de 2024 para "la instalación y explotación de bicicletas y scooters en espacios públicos", que se adjudicó la empresa Whoosh, describe que esta debe pagar 0,08 UTM (unos $5.738) por metro cuadrado al año.
En Vitacura, la concesión contempla 400 ciclos eléctricos -250 scooters y 150 bicicletas eléctricas- y con los 1,64 UTM mensuales por cada ciclo autorizado, lo que "representa una recaudación anual de 7.872 UTM, equivalente a aproximadamente $564 millones", adelantan desde la municipalidad.
En otras comunas como San Miguel, las empresas pagan anualmente por el "ejercicio de actividad lucrativa". El detalle muestra que Lime paga $27.706.000, Jet paga $8.370.150, y Whoosh paga $28.659.600. Estos recursos extras, explican desde la municipalidad, se utilizan para su plan de desarrollo de seguridad pública.
En el caso de Pucón, la municipalidad decidió en noviembre de 2025 que Whoosh implementara scooters y el convenio suscrito la obligó a pagar 5 UTM (unos $358.605) mensuales por el uso de espacios públicos.
Como el contrato establecía que se instalarían 200 scooters , la aritmética indica que mensualmente la empresa paga alrededor de $1.790 por vehículo a la municipalidad.
En Temuco, una nueva concesión adjudicada en julio pasado consideró la oferta de Jet, que propuso transferir a la municipalidad un 10% de los ingresos totales, un cambio importante frente a las 0,05 UTM ($ 5.580 aprox.) por metro cuadrado que pagaba Whoosh durante la concesión anterior.
En un caso más excepcional, los scooters Whoosh llegaron a Concepción sin necesidad de un contrato o acuerdo con la municipalidad, según informaron los medios locales, solo solicitaron un permiso para operar, pero sin pagos al municipio.
Algo similar ocurre con Providencia, que ha optado por no aceptar la entrada de los scooters . Las estaciones de bicicletas públicas, que sí pueden operar, abarcan desde los 16 hasta los 59 metros cuadrados, y el concesionario "no realiza pagos al municipio debido a los elevados costos de inversión, operación y mantención que asume", explican desde la municipalidad.
La regulación que ya existe y nuevas iniciativas
"Una licitación no resuelve el tema de fondo. Vemos casos de menores de edad, dos personas sobre un scooter o que el uso no es de transporte, sino como elemento lúdico porque no hay exigencias. (...) Deberíamos fomentar y exigir el respeto de la Ley de Convivencia", comenta Felipe Gutiérrez, presidente de la Asociación Chilena de Electromovilidad Liviana (Achiel).
Propone como solución generar un registro nacional de ciclos, para que haya una propiedad y titularidad del vehículo que se usa, lo que disminuiría los robos y haría más fácil la fiscalización.
Y es que a partir de las dinámicas con transeúntes, ya se ven las primeras restricciones a estas empresas. Conocedores explican que también en las municipalidades se han vuelto frecuentes los reclamos por accidentes en la vía pública, scooters estacionados en cualquier lugar, o disconformidad en general por un uso a veces desordenado de los vehículos.
Expertos coinciden en que la fiscalización es compleja, "casi imposible", porque lo tendría que hacer Carabineros, y no hay suficiente dotación para dedicarse a fiscalizar scooters , que además no tienen patente.
Sus críticos han apuntado a que los scooters operan en un espacio gris de la regulación. Con eso en mente, las diputadas republicanas Catalina Del Real y Macarena Santelices presentaron este mes una propuesta para regularlos. Entre los principales requisitos para utilizarlos estarían ser mayor de 18 años, contar con licencia de conducir y disponer de "Seguro Obligatorio de Micromovilidad", asociado al número de serie del vehículo.
Lo cierto es que la Ley de Convivencia Vial (Ley N.º 21.088) establece normas para bicicletas, scooters y otros vehículos de una o más ruedas. En zonas urbanas deben circular "preferentemente por las ciclovías". Cuando no exista una, deben hacerlo por la pista derecha de la calzada, salvo las excepciones que establece la normativa. En determinadas circunstancias, también pueden utilizar la acera, a una velocidad similar a la de los peatones y respetando su preferencia y seguridad.
Quienes conducen deben mantener una atención permanente al tránsito, usar casco y elementos reflectantes, contar con las luces correspondientes y señalizar sus maniobras. El incumplimiento de estas normas puede generar distintas sanciones, y en consecuencia multas, de 1,5 a 3 UTM ($215.000).
Por primera vez en una licitación conjunta, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea adjudicaron la operación de scooters a una sola empresa, Lime, y recaudarán $564 millones al año.