El capital no tiene nacionalidad ni paciencia

Durante años hemos discutido en Colombia cómo distribuir la riqueza. Casi nunca hemos discutido, con la misma intensidad, cómo crearla. Esa omisión ya nos cobra factura. No hay crecimiento sostenible sin inversión. No hay empleo formal de calidad sin empresas dispuestas a arriesgar capital. Y no hay grandes proyectos de infraestructura, energía, minería, tecnología o agroindustria sin inversionistas capaces de comprometer recursos durante diez, veinte o treinta años. El capital no tiene nacionalidad ni paciencia. Dato mata relato. La inversión extranjera directa pasó de 9.561 millones de dólares en 2021 a 17.182 millones en 2022. Después la tendencia se quebró. En 2024 fueron 13.684 millones; en 2025, 11.469. Frente al pico de 2022, la caída supera el 33 por ciento. En un año en que América Latina apenas creció 1,7 por ciento en IED, Brasil se acercó a sus máximos, Chile subió 13 por ciento y Perú saltó 73 por ciento. Colombia retrocedió 16 por ciento y bajó del tercer al quinto lugar regional. Eso debería preocuparnos. Sobre todo debería ocuparnos. Colombia no compite solo con sus vecinos. Compite con países que entendieron que atraer capital productivo es una política de desarrollo. El inversionista compara impuestos, sí. También estabilidad jurídica, infraestructura, seguridad, talento y la posibilidad real de convertir un anuncio en un proyecto que se construye. El potencial atrae la mirada. Las reglas claras y la capacidad de ejecución la convierten en inversión. Ningún recurso natural basta si una inversión espera años entre trámites, licencias, consultas y cambios regulatorios. El tiempo perdido no es neutro: es empleo que no nace y recaudo que no llega. La caída de 2025 pegó en sectores intensivos en trabajo: servicios financieros y empresariales cedieron 15 por ciento, y comercio y hoteles, más de 40. La inversión no minero-energética también bajó 16 por ciento. Menos proyectos no es un debate entre el Estado y los empresarios. Es menos formalidad, menos proveedores locales y menos margen fiscal para lo social. En el primer trimestre de 2026 ingresaron 3.794 millones de dólares, con peso en transporte y comunicaciones, servicios financieros, manufactura y petróleo. Detrás de cada millón hay ingeniería, construcción, hoteles, restaurantes y municipios que recobran actividad. Cuando una ciudad cierra proyectos y los traduce en miles de empleos, se ve el multiplicador que el país deja ir si el trámite gana al cronograma. Competir por capital no es regalar el país. Es lograr que una inversión que podría hacerse en Perú, Chile o México se haga aquí y genere valor aquí. Colombia necesita pasar de atraer anuncios a ejecutar inversiones. El Presupuesto General no alcanza para las necesidades sociales y de infraestructura. Sin capital privado se estrecha la base sobre la cual el Estado recauda. Colombia necesita una ley que atraiga inversión de largo plazo y ofrezca seguridad jurídica más allá de un gobierno. Argentina ya lo está haciendo con el Rigi: un régimen para grandes proyectos en energía, minería, infraestructura y tecnología, con estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por treinta años. En poco tiempo ha aprobado decenas de miles de millones en compromisos. No se trata de copiar un modelo ni de entregar el país. Se trata de entender que el capital elige reglas que duran y contraprestaciones claras: empleo, conocimiento y desarrollo territorial. El beneficio del inversionista debe convertirse en beneficio para Colombia. Si la inversión se estanca, el costo lo pagarán el empleo y el crecimiento. El país tiene con qué. Lo que no tiene es tiempo. Mientras discutimos cómo repartir lo que no crece, el capital no espera.
SIN TIEMPO QUE PERDER
Luis Felipe Henao
Colombia necesita una ley que atraiga inversión de largo plazo y ofrezca seguridad jurídica más allá de un gobierno.