Nueva irrupción de Barros, esta vez sobre las Falkland/Malvinas, complica al canciller ad portas de su visita al Congreso

Varios diarios argentinos replicaron ayer las declaraciones del titular de Defensa chileno Fernando Barros a Radio Polar.
En ellas, el ministro dijo que Chile apoyaba la pretensión argentina sobre Malvinas, pero que "Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho a ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes". Añadió que "hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo se conjuga esto con los planteamientos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente en Mercosur y Unasur".
Los dichos causaron revuelo en Argentina y en Chile generó debate en sectores políticos que observaron que nuevamente el titular de Defensa se refería a materias que correponden al ámbito del Minsterio de Relaciones Exteriores.
Ayer, Barros indicó que "Chile ha llamado a que Argentina y Reino Unido, países con los cuales nuestro país mantiene estrechos vínculos, resuelvan pacífica y definitivamente la controversia existente y que ello lo sea mediante la reanudación de negociaciones entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas, con pleno respeto al derecho internacional y considerando la voluntad e intereses de todos los involucrados.
En todo proceso de negociación se deben considerar los intereses de todos los afectados por el conflicto y todos deben hacer las concesiones necesarias para que el reconocimiento de la soberanía argentina de las Islas Malvinas lo sea en términos beneficiosos para todos.
Por último, cabe reiterar el que Magallanes, al igual que todos los puertos de Chile, está abierto al comercio internacional y a que todos los habitantes puedan desarrollar las actividades económicas que no sean contrarias a la legislación local y al derecho internacional.
La revisión de mis declaraciones permitirán comprobar que lo señalado por este Ministro está absolutamente en línea con la posición oficial del gobierno de Chile y las disposiciones constitucionales y legales que garantizan la libertad económica en nuestro país, cuya defensa es parte esencial de los deberes del Estado. "