Santa Marta libre

Ricardo Santamaría

El reciente paro armado de Santa Marta y su desenlace es un episodio trascendental para Colombia: no se pueden permitir una suerte de repúblicas independientes del crimen, donde los grupos ilegales dispongan a sus anchas de la vida y bienes de los ciudadanos. La libertad de una ciudad se mide en cosas sencillas: abrir un negocio, llevar los hijos al colegio, tomar un bus, recorrer una carretera sin pedir permiso. Cuando una organización criminal decide quién puede hacerlo, está secuestrando la vida cotidiana. Eso intentaron imponer en Santa Marta las Autodefensas de la Sierra Nevada. Las intimidaciones, la quema de vehículos, los bloqueos y el cierre de establecimientos golpearon a comerciantes, transportadores y familias. La ofensiva criminal se produjo después del operativo en el que murió uno de sus principales cabecillas. Ante ese desafío, el gobierno de Abelardo de la Espriella mostró liderazgo. Ordenó reforzar la presencia militar y policial, y el presidente se desplazó a Santa Marta para encabezar la respuesta institucional. Según el balance oficial del 23 de septiembre, la ciudad quedó custodiada por más de quinientos soldados y seiscientos policías. La presencia del mandatario transmitió un mensaje necesario: Los ciudadanos no están solos, el Estado está para protegerlos. El Gobierno anunció mayores controles terrestres, patrullajes conjuntos y vigilancia aérea en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe. El 25 de septiembre, después de un consejo de seguridad, el presidente informó del traslado fuera del departamento de integrantes de estas estructuras recluidos en Santa Marta y anunció la incorporación de la ciudad a la estrategia prioritaria de recuperación urbana, con un bloque operacional de seguridad. Hay otra decisión: perseguir las economías ilegales. Capturar cabecillas resulta insuficiente cuando permanecen intactos el dinero, las rutas, los testaferros y las redes de extorsión. Desmontar ese poder exige inteligencia, investigación criminal y coordinación judicial. Allí estará buena parte de la prueba para este Gobierno: convertir la reacción inmediata en una transformación de las condiciones de seguridad. Veremos. El grupo anunció el levantamiento del paro para la mañana del viernes 25. Ese anuncio no debe confundirse con su desmantelamiento. Recuperar la tranquilidad exige impedir nuevas amenazas y garantizar que comerciantes y transportadores puedan trabajar sin pagar extorsiones. El éxito se comprobará cuando la normalidad deje de depender de los comunicados de una banda ilegal. De nuevo: no puede haber en Colombia repúblicas independientes del crimen ni territorios dominados por grupos criminales. Ninguna organización tiene derecho a administrar el miedo, cobrar impuestos ilegales mediante amenazas o imponer horarios. La autoridad legítima pertenece al Estado y debe ejercerse con firmeza, dentro de la Constitución y la ley. Ahora corresponde sostener el esfuerzo, proteger a quienes denuncian y acompañar la seguridad con justicia y oportunidades.
Analista.