Anuncio presidencial aún no implica un acuerdo con el FMI

El inicio de conversaciones entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso nuevamente el ajuste fiscal en el centro del debate económico, en momentos en que el Gobierno busca una salida a la situación de las finanzas públicas. Desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) señalaron que el problema de fondo está en una brecha considerable entre ingresos y gastos, cuya corrección podría combinar mayores recursos y una reducción del gasto. El anuncio presidencial todavía no implica que Colombia tenga definido un acuerdo, un crédito o un programa específico con el organismo internacional. De acuerdo con la información conocida, el FMI dispone de diferentes instrumentos, entre ellos líneas precautorias, mecanismos de emergencia y programas de ajuste. El tipo de herramienta que eventualmente se utilice dependerá de las conversaciones que ahora comienzan y de las necesidades que determine el Gobierno. La discusión, sin embargo, trasciende el instrumento financiero que pueda escoger Colombia. El punto central será determinar cómo se consigue cerrar la diferencia entre lo que recibe el Estado y lo que necesita para cubrir sus obligaciones. Desde el Carf explicaron que la financiación del Fondo suele estar acompañada de compromisos destinados a atacar la raíz del problema. En el caso colombiano, esa raíz está asociada al desequilibrio entre ingresos y gastos. El Carf señaló que reducir la brecha fiscal puede hacerse mediante diferentes caminos. Una de las posibilidades consiste en aumentar los ingresos públicos, escenario en el que una reforma tributaria podría desempeñar un papel. No obstante, el organismo advirtió que esa no es la única alternativa disponible. La corrección también puede alcanzarse mediante una reducción del gasto o a través de una combinación de ambas estrategias. Por eso, el eventual acercamiento con el FMI no significa automáticamente que Colombia deba aprobar una reforma tributaria específica. La decisión sobre cómo distribuir el esfuerzo de ajuste corresponde, hasta cierto punto, al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. La discusión fiscal tendrá que determinar qué medidas permiten reducir de manera sostenible la diferencia entre ingresos y gastos y cuáles pueden incorporarse a la estrategia que presente la administración. En ese escenario también aparece la posibilidad de modificar leyes que establecen obligaciones de gasto para el Estado. El Carf mencionó esta alternativa junto con la posibilidad de vender empresas y activos públicos. Sin embargo, hizo una precisión sobre esta última opción: la venta de un activo genera recursos solamente una vez. Por esa razón, no constituye la mejor herramienta para financiar gastos que tienen carácter recurrente. "Financiar gastos recurrentes requiere ingresos que también sean permanentes", señaló el Carf al abordar esta posibilidad. La diferencia es relevante para la discusión que se abre con el FMI, porque una operación extraordinaria puede aportar recursos para aliviar una necesidad puntual, pero no resuelve por sí misma un desequilibrio que se mantiene en el tiempo. La sostenibilidad fiscal dependerá, por tanto, de medidas capaces de modificar de manera más permanente la relación entre ingresos y gastos. Aunque todavía no se conoce qué instrumento buscará Colombia, algunos analistas plantearon cuáles podrían ser los efectos de un eventual programa. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que un acuerdo podría cumplir dos funciones principales: facilitar el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables que las del mercado y establecer un programa de ajuste con metas cuantitativas y verificables. De acuerdo con Mejía, esas metas permitirían avanzar gradualmente en la reducción del déficit fiscal y en la estabilización de la deuda pública. El economista recordó que Colombia ya tuvo tres antecedentes de programas condicionados con el FMI. El primero ocurrió en 1999, mediante una Facilidad Extendida por US$2.700 millones, en medio de una profunda crisis fiscal y financiera acompañada de fuertes presiones externas. Los otros dos acuerdos fueron programas Stand-By aprobados en 2003 y 2005. Según Mejía, todos incluyeron metas y reformas que contribuyeron a sentar las bases del proceso de consolidación fiscal y fortalecimiento macroeconómico del país. Por ello, su expectativa es que, si las conversaciones actuales avanzan, el Gobierno pueda buscar un programa parecido al de 1999, con un acuerdo multianual y metas fiscales y estructurales verificables. Más allá de los recursos que pudiera aportar el organismo, el componente de credibilidad aparece como uno de los elementos centrales de la discusión. Mejía considera que un programa con metas verificables y revisiones periódicas podría ayudar a anclar las expectativas de los mercados sobre la trayectoria futura del déficit y de la deuda pública. De esta manera, el eventual acompañamiento tendría efectos que irían más allá del financiamiento directo. Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, destacó este aspecto del eventual acercamiento. A su juicio, la posibilidad de contar con una entidad experta e independiente acompañando al Gobierno en la construcción de una senda de sostenibilidad fiscal representa una señal relevante. "La real importancia de un acuerdo con FMI" estaría, según su planteamiento, más allá de aprovechar la calidad de su asesoría técnica. Meléndez agregó que un acuerdo con el FMI usualmente puede facilitar el acceso a créditos de otras instituciones multilaterales, entre ellas el Banco Mundial, el BID o CAF. En ese sentido, el mecanismo que finalmente escoja el Gobierno será determinante. La experta espera que antes de finalizar el año pueda existir un plan aprobado, aunque advirtió que cualquier acuerdo debe pasar por el Board del Fondo antes de ponerse en marcha. La discusión incorpora una diferencia entre el ajuste que diseñe el Gobierno y uno que se asocie a las condiciones de un eventual programa con el FMI.