Lo peor sería acostumbrarnos

Por lavado de activos provenientes del narcotráfico, fue condenado un asesor Leiva de un edil Gómez perteneciente al sector de Gandini. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio declaró que "los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas" y reclamó a las autoridades nacionalistas "una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos".

El senador del Partido Nacional Martín Lema calificó como "cínico y miserable" el referido comunicado.
A su vez, el edil Gómez, adujo ignorar el vínculo del tal Leiva con el lavado narco; y aclaró que lo tenía de "asesor", cobrando $ 52.000 mensuales en la Junta Departamental sin funciones y sin asistir.

Como la grandeza de nuestro Uruguay se edificó desde debates libres y apasionados, estos reproches y refutaciones pueden parecer expresiones naturales del modo nacional de hacer política. Pero no lo son.
No es natural que, para defenderse, un edil declare que tuvo a un contratado, fungiendo como asesor para cobrar sin trabajar y sin aparecerse.

No es natural que el titular de un puesto de confianza política se dedique a convertir trojas de billetes chicos en paquetes precintados de billetes grandes, para disimular su origen ilícito.

Y no es natural que en un país asediado por problemas serios, en vez de entregarnos a una lucha por ideas que levanten a la República, reduzcamos las crónicas políticas a ocuparse de un chiquitaje noticioso que nos recorta el horizonte como personas y como pueblo.

El Uruguay necesita vencer la penetración del narcotráfico y debe aislar a la política de toda contaminación con la criminalidad organizada. Para lograrlo, la primera obligación pública es diferenciar, pensar y penar.

Ya es bastante desgracia que el Derecho Penal haya perdido su imperatividad incondicionada por efecto de un Código del Proceso Penal que votaron todos los partidos y que hoy ninguno puede defenderlo pero ninguno lo deroga.

Ya es bastante desgracia que las Fiscalías negocien acuerdos abreviados con rebajas de pena, sentando a las normas en boliches de toma y daca. Y ya es bastante desgracia que la función honoraria de los ediles se haya rodeado de poderes para gastar dineros públicos en intimidades impresentables, violando el precepto constitucional que manda que el funcionario sea para la función y prohibe llevarse dineros públicos sin trabajar.

Cuando el clima se nos encharca con hechos de esta laya, hay que redoblar el alerta, hay que renovar desde los huesos la condena a la venta de veneno-droga y a la criminalidad organizada que tal venta promueve y, sobre todo, hay que saber que lo peor sería acostumbrarnos, arrastrándonos "en un mismo lodo, todos manoseaos".

Por eso, esperamos que la nueva investigación dispuesta por el Fiscal Enrique Rodríguez arroje la luz que sobre el caso necesita la ciudadanía.

Y reclamamos que salgamos de este episodio, para que "avive el seso y despierte" ante la banalización valorativa en que hemos caído, a medida que la grita de "colectivos" azuzados ha generado islas particulares de desigualdad e injusticia, en las cuales el protocolo, el prejuicio o el miedo, impone flechamientos ideológicos allí donde la Constitución manda que rija la soberanía de la igualdad.

Por esto y mucho más, no nos quedemos en los meandros de este caso.

Busquemos el oxígeno de los principios generales, sin los cuales ni hay bien común, ni hay Derecho entero ni hay República plena.