Dignidad arriba y regocijo abajo

El hecho ocupó espacios destacados en los medios de comunicación a lo largo de los últimos días. Me refiero a la Operación Trazador, el operativo policial que incautó casi 300 kilos de droga, $ 3 millones y más de US$ 42.000 en efectivo y por el que fue condenado por lavado de activos Pablo Leiva, padre de Lucio Leiva asesor del edil blanco Gonzalo Gómez.

El episodio también salpicó al exsenador nacionalista Jorge Gandini, ya que, en el local de cobranzas, propiedad de su mujer, el condenado cambiaba dinero de la venta de droga.

Desde un comienzo, el tema mal resuelto, muy mal resuelto, es el del edil blanco. Gómez es un joven de 26 años, graduado en Ciencias Políticas, que al estallar el escándalo se encontraba en China participando de un foro y que, según se dijo, no adelantó su regreso por carecer de recursos para pagar un pasaje.

A su retorno de Beijing, Gómez convocó a una conferencia de prensa en la que reconoció que había contratado a Leiva como su asesor y que no le había asignado una tarea. Leiva nunca se presentó a trabajar en la Junta Departamental, pero sí cobró los $ 42 mil líquidos mensuales que percibió desde que fue designado.

"Entiendo que he sido abusado de mi confianza", afirmó Gómez y aseguró que desconocía las actividades ilícitas de Leiva. En esa misma rueda de prensa, anunció que Lucio Leiva, hijo del condenado Pablo Leiva, había renunciado a su cargo en la Junta Departamental.

Las declaraciones de Gómez, resultaron tan infelices como insólitas. Oscurecieron mucho más una situación que debió ser cortada de raíz. O mejor dicho que nunca debió suscitarse. ¿A santo de qué, contrató a un asesor al que nunca le asignó tareas y que tampoco asistía a trabajar? Seguramente Gómez no sea el único edil, legislador (senador o diputado) o ministro que tiene asesores ñoquis adscriptos a su despacho. Pero esto no es un argumento y mucho menos una razón.

Y si bien tiró la pelota a la Comisión Política del Partido Nacional, y pidió licencia en su cargo. Esto no es suficiente. Gómez debió renunciar sin más trámite. No importa, si lo suyo fue un "abuso de confianza" como él dijo. No interesa si se comió un garrón. Acá hay un hecho turbio y aunque Gómez no tenga responsabilidad alguna en la Operación Trazador, debió primar el bien superior, es decir los valores que caracterizan e identifican al Partido Nacional.

El episodio por dónde se lo mire es un dislate. Naturalizar a los ñoquis o fomentarlos resulta además una burla descarada a la ciudadanía. A los trabajadores privados que se desloman para ganar el sustento para sus hogares, la educación de sus hijos y pagar los impuestos con los que el Estado nos acorrala. Sí, porque de esos impuestos sale la plata para pagarle a los ñoquis.

Pienso, además, en los compañeros de Gómez de la Juventud del Partido Nacional. Una muchachada que enarbola las banderas más sagradas de los blancos, que debe haber celebrado cuando Gómez resultó electo como edil. Y que hoy se ha visto sacudida por una gran decepción.

La patria es y siempre será Dignidad arriba y regocijo abajo. Quien no lo entienda o no lo quiera entender debe marcharse.