Normalización de lo inaceptable

Lo ocurrido el jueves durante la jornada de protesta convocada por la Confech -episodios de matonaje, destrucción y violencia organizada que recordaron imágenes del estallido de octubre de 2019; declaraciones de dirigentes estudiantiles de izquierda desafiando a las autoridades, aferrándose a cualquier argumento para justificar un estado de movilización que se activa solo cuando gobierna la derecha y mostrándose incapaces de condenar la brutalidad de quienes atacan a otros universitarios; la intención de desacreditar, una vez más, la tarea de Carabineros en el control del orden público; el silencio de líderes políticos de la oposición (PC y FA), cuyos partidos adhirieron a esta marcha, pero que nada han dicho acerca de lo sucedido- es una nueva muestra de la que tal vez sea la principal amenaza para nuestra convivencia democrática en las últimas décadas: el apoyo, expreso o tácito, a una estrategia radical que pretende negar la legitimidad de un gobierno elegido por la ciudadanía y que busca, mediante la "vía de los hechos", imponer sus puntos de vista saltándose los canales institucionales.
Y es que lo que sucede en la calle, incluida la violencia, es también funcional a las posturas que dirigentes de izquierda defienden en el Congreso. Detrás ello está la idea de que las marchas, paros y manifestaciones consiguen presionar al Ejecutivo y al Legislativo para incluir en la agenda sus reivindicaciones y lograr por esta vía lo que en las elecciones no han conseguido.
Una mínima racionalidad en el debate poco importa. De hecho, se llamó a paro por un proyecto de Ley de Presupuestos antes de que este hubiera sido siquiera presentado o conocido. Mientras, donde hay agresiones a un grupo de universitarios -incluso a una mujer, atacada por la espalda- la vocera comunista de la Confech ve "enfrentamiento entre estudiantes". En vez de escuchar argumentos, se lanza toda suerte de amenazas, como las de la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), quien, rodeada de adultos, advierte: "Presidente Kast, piénselo dos veces antes de meterse con el movimiento estudiantil". Y, claro, en lugar de apoyar la labor policial, parlamentarios PC se apresuran en exigir explicaciones por la intervención de Carabineros y el uso de medios disuasivos, al tiempo que abogados de izquierda denuncian ante Contraloría al delegado presidencial metropolitano porque "le asistía el deber de tomar medidas para evitar el contacto de grupos enfrentados". Las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), que hace solo unos días desplegaban un gran lienzo en que se decía "Los criminales son ellos" en alusión a los policías, ahora se jactaban de haber marchado con el grito: "con el martillo y la hoz, la Jota y la construcción".
En fin, todo un sinsentido ya conocido y que otra vez se apodera del ámbito universitario, el mismo que debiera ser el lugar donde se ejerza libremente el pensamiento crítico e impere el respeto. El país enfrenta aquí un desafío central: terminar con la normalización y la tolerancia de lo inaceptable.