Entrevista a jefe de misión del FMI: Uruguay tiene márgen para ser más ambicioso, la estabilidad sola no alcanza

Hasta la semana pasada una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo en Uruguay para evaluar la economía en el marco de la consulta por artículo 4° (que corresponde a todos los países miembros del organismo, tengan o no programa crediticio con el Fondo). Tras dos semanas en el país, el staff técnico del FMI emitió un comunicado en el que recordó que el crecimiento promedió de la economía uruguaya fue de "solo el 1,2%, una cifra insuficiente para converger hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas", al tiempo que hizo recomendaciones de políticas en el sistema educativo, el mercado laboral, empresas públicas, competitividad, marco fiscal, entre otros. En ese contexto, El País envió un cuestionario al jefe de misión del FMI para Uruguay, Raphael Espinoza, que este respondió por escrito.


-La economía ha experimentado varios años de bajo crecimiento, ¿qué les lleva a creer que habrá una expansión del 2,4% en 2027?

-En la última década, la economía se ha visto afectada por dos crisis: la pandemia del covid-19 en 2020-2021 y una sequía histórica en 2023. Excluyendo estas crisis, la economía ha crecido alrededor de 2,1% en promedio. Durante varios años, en el FMI hemos utilizado esta cifra para calibrar lo que denominamos crecimiento potencial. En 2026, la economía se vio afectada por el impacto de la sequía del año pasado en la producción agrícola, pero también hemos visto que el consumo que representa el 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) está creciendo a un 2,5%, en línea con el crecimiento potencial. Además, la inversión fija repuntó en el segundo trimestre de 2026, creciendo a una tasa real interanual de 9,5%, y hay más inversiones privadas en consideración, como puede verse en los datos del Comap. La política monetaria también se ha mostrado acomodaticia, lo cual debería ayudar al PIB a alcanzar su potencial. Esto significa que el crecimiento estaría ligeramente por encima del crecimiento potencial el próximo año.

-¿Qué impacto podría tener el fenómeno meteorológico de El Niño a finales de este año y principios del próximo?

-El Niño podría afectar a Uruguay principalmente a través de los patrones pluviométricos, pero su impacto en el PIB es incierto y podría ir en cualquier dirección. Unas precipitaciones más abundantes podrían apoyar la agricultura tras la sequía reciente. Sin embargo, precipitaciones excesivas también podrían causar inundaciones, alterar la cosecha y dañar algunos cultivos e infraestructuras. De cara al futuro, el programa de riego del gobierno podría ampliar la producción agrícola y reforzar la resiliencia a los shocks climáticos.

-Proponen que el gobierno debería realizar "esfuerzos adicionales para aumentar el saldo primario del gobierno central y el Banco de la Previsión Social (BPS) hasta un (superávit del) 0,5% del PIB en 2029" en contraposición a la meta del gobierno de un déficit primario de 0,1% del PIB ese año y sugieren que las opciones incluyen "reducir los incentivos fiscales, moderar el gasto salarial y mejorar la eficiencia del gasto público". ¿Cómo podrían implementarse estas opciones?

-Nuestras proyecciones en el escenario base indican que la relación deuda/PIB permanecerá estable a mediano plazo, por lo que el objetivo de nuestra recomendación es situar la deuda en una trayectoria descendente. Así, el ajuste adicional podría implementarse gradualmente. Uruguay podría examinar sistemáticamente sus incentivos fiscales, que son numerosos. Muchos de ellos fueron establecidos décadas atrás, y un análisis detallado podría identificar los que están obsoletos o los que no están bien focalizados. También recomendamos revisiones institucionalizadas de los programas de gasto importantes para buscar mejorar la eficiencia del gasto público.

-¿Es factible realizar "exámenes estratégicos del gasto" en educación y salud cuando ambos sectores exigen más financiamiento y los resultados educativos son deficientes? ¿Por qué?

-Sí, las revisiones del gasto son viables y beneficiosas, sobre todo si los resultados no son tan buenos como se espera. La salud y la educación son las áreas más importantes del gasto público, pero también reconocemos que es difícil y lleva tiempo aumentar la eficiencia, y que antes de decidir el ahorro en un ámbito, es necesario realizar un análisis sólido del valor de los programas públicos que podrían verse afectados por decisiones financieras. Las revisiones estratégicas del gasto ayudan a detectar programas duplicados, desactualizados o de bajo impacto, con el fin de reorientar los recursos hacia intervenciones más eficaces. Las revisiones del gasto deben ser graduales, basarse en datos, e integrarse en el proceso presupuestario.

-Su opinión es que la posibilidad que requeriría un proyecto de ley de volver a situar la edad mínima de jubilación en los 60 años tendría un impacto insignificante en la sostenibilidad del sistema (según las cifras del BPS); ¿puede realmente lograrse un cambio así sin comprometer las finanzas públicas?

-La reforma aún está en curso en el proceso legislativo y, por tanto, sus parámetros definitivos no están determinados. El análisis actuarial del BPS ha concluido que, con la calibración propuesta en la actualidad, el efecto en el saldo financiero del sistema sería insignificante. En ese caso, la reforma tampoco tendría un impacto sustancial en las finanzas públicas. El cambio propuesto en la indexación del Suplemento Solidario también reduciría los riesgos fiscales. Para evaluar plenamente el impacto fiscal de la reforma, necesitaremos la versión final, acompañada de proyecciones financieras detalladas, incluidas pruebas de sensibilidad sobre frecuencia de jubilación a los 60 años, longevidad, empleo e informalidad.

-Usted señala que el proyecto de ley de Competitividad aborda los obstáculos identificados por las empresas a fin de facilitar el comercio, fortalecer la competencia, reducir la burocracia y atraer la inversión. Los líderes empresariales critican el hecho de que no se tienen en cuenta aspectos importantes, como los costos logísticos (especialmente en el puerto) y los costos energéticos; ¿Cómo responde a eso?

-En nuestro trabajo analítico realizado el año pasado, observamos que el número de días que se necesita para obtener una licencia para operar o para importar es mucho mayor en Uruguay que en el resto de la región. Además, alrededor de una de cada cinco empresas identifica el acceso a los servicios financieros como una limitación importante al negocio, una cifra mucho mayor que en los países de la OCDE. Estos son algunos de los obstáculos que el proyecto de ley cubre. Dicho esto, la logística y la energía son cuestiones sustanciales que no se abordan en el proyecto de ley, pero que el gobierno ha incluido en su agenda. Hemos recomendado nuevas reformas en las empresas estatales, como una mejor alineación de los salarios con la productividad, una mejor asignación de recursos y fijación de precios basada en los costos, que deberían ayudar a reducir los costos de producción del sector privado.

-¿Es realmente un obstáculo a la implementación de las reformas que el país necesite basarse en el consenso en materia de políticas públicas, una característica a menudo elogiada desde el extranjero? ¿Por qué?

-Cada país tiene su propia historia que conduce a una institucionalidad específica. Un enfoque basado en el consenso puede mejorar el diseño de las reformas y hacer que las políticas sean más duraderas a lo largo de los ciclos políticos, reforzando así la continuidad. Comunicar claramente sobre los beneficios económicos de las políticas públicas, en particular las de reformas estructurales de gran alcance, puede ser importante para acelerar la creación de consenso. A lo largo de los años, Uruguay ha demostrado su capacidad para implementar importantes iniciativas de políticas, una característica que ha dado grandes beneficios para la estabilidad macroeconómica.

-¿Deberían los gobiernos uruguayos asumir mayores riesgos aunque sea a costa de perder elecciones para encauzar al país en la senda de desarrollo? ¿Cómo?

-Las instituciones y los marcos de políticas sólidos de Uruguay han sido fundamentales para su estabilidad y deben preservarse. Pero la estabilidad por sí sola no puede generar el aumento de crecimiento que es necesario para sostener el modelo económico y social del país. De cara al futuro, Uruguay tiene margen para ser más ambicioso en ámbitos como la reforma de las empresas estatales, la energía, la logística, el desarrollo financiero, la modernización del mercado laboral y la adopción de nuevas tecnologías. Esto implica al sector público y al privado, que deberían ser ambiciosos y asumir riesgos calculados con inversiones y reformas, manteniendo al mismo tiempo la disciplina.