Director de la ONSC: "No puedo poner en duda el certificado de un médico" a un funcionario público

Antes de liderar la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, estuvo en la Intendencia de Canelones en varios cargos. Pero en su última etapa, de 2005 a 2025, fue asesor del intendente y secretario general. Hoy es director de una dependencia que, en cada discusión de la Rendición de Cuentas, vuelve a quedar bajo la mira por la cantidad de datos que manejan sobre los funcionarios públicos en todo el país.

-En la Rendición de Cuentas hubo, por iniciativa del gobierno, una eliminación de vacantes en la administración central. ¿Por qué no implementar el 3 por 1 que se creó durante el periodo de Luis Lacalle Pou y se derogó en la actual gestión?

-Para esta Rendición de Cuentas se priorizaron algunas áreas: salud pública, gente en situación de calle y pobreza infantil. Se entendió pertinente eliminar algunas vacantes de ingreso y algunas pocas de ascenso para redistribuir ciertos recursos que no estaban siendo utilizados. En esa reorganización del dinero se crearon 300 vacantes para policías en el Ministerio del Interior. Cuando los presupuestos son muy acotados y muy justos por distintas razones económicas, hay que redistribuir dentro del Estado.
-¿Pero por qué no retomar la medida del 3 por 1?

-El 3 por 1, en términos presupuestales, elimina dos vacantes y no redistribuye el dinero para otra cosa. En cambio, en la Rendición de Cuentas se le dio un destino a los créditos presupuestales. Fue para mayores partidas destinadas a la asistencia infantil, la situación de calle y, sobre todo, a la seguridad.

-¿Hay margen para achicar el Estado? ¿Hay intención por parte del gobierno?

-No hay ninguna directiva que indique achicar el Estado. Muchas de las vacantes que se han eliminado en la Rendición de Cuentas no fueron tenidas en cuenta en los últimos 10 años. Si mirás cómo ha variado el funcionariado público a lo largo de los años, más o menos la población es estable. Algunos incisos tienen más carencias que otros y hoy estamos apostando fuertemente a dos áreas. Por un lado, queremos promover los ingresos. Por ejemplo, hoy el portal web Uruguay Concursa tuvo 17.000 visitas en media hora, lo que significa que hay una expectativa grande de mucha gente de poder concursar. Tenemos un llamado en el Ministerio de Transporte para 47 puestos en el que se apuntaron 19.000 personas. Hay una demanda y, a su vez, tenemos que reponer personal. Más allá de la eliminación de vacantes, estamos necesitando reforzar los cuadros funcionarios. Hay algunos ministerios que son clave porque tenés una población envejecida y un gran número de trabajadores se va a jubilar en este periodo.

-¿Es necesario reponer todos los funcionarios que se están por jubilar? ¿No hay una oportunidad de reestructurar o de ver eficiencias dentro del Estado?

-Nosotros acompañamos distintas reestructuraciones, reorganizaciones y rediseños de funcionamiento en todo el Estado. Justamente, para optimizar los recursos humanos y económicos de los incisos y las organizaciones. Hemos estado trabajando, por ejemplo, de manera fuerte en la creación del nuevo Instituto Nacional de Reinserción. También con la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Aduanas, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y los ministerios de Salud Pública, de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores. Aplicamos un método científico.

-¿Cuál es ese método científico?

-Se hace un estudio de situación para ver cómo está el ministerio: se analizan las posibilidades presupuestales que hay y cuáles son los proyectos a desarrollar. El equipo nuestro hace las valoraciones y ofrece distintas propuestas. Tratamos de incorporar a los propios funcionarios para que se sientan parte del proceso.
-Me comentó cifras del portal Uruguay Concursa: 17.000 visitas en media hora. ¿Qué explica, para usted, la alta demanda del empleo público?

-Lo mismo me preguntaba. A veces el personal calificado es lo que más nos cuesta reclutar. Lo que más te plantean aquellos que tienen pretensiones para puestos más calificados es la carga horaria y las posibilidades de desarrollo. Estas características te permiten cumplir tu horario y, además de trabajar acá, agarrar otro trabajo afuera o estudiar -por ejemplo, hacer un posgrado-. También sirve como referencia a futuro. A veces nos cuesta retener el personal calificado. En esta propia oficina, que somos pocos, nos pasó que tres o cuatro funcionarios con perfil universitario fueron captados por los privados, que tienen más posibilidades de pago de salario. El primer paso que dan es pedir licencia por un año sin goce de sueldo. Algunos vuelven y otros no. Ahora bien: ¿por qué la demanda de gente que mira dónde puede calzar en el Estado o qué puesto le pueda interesar? Tenés gente formada o que no tiene tanto nivel de formación porque no ha logrado terminar los estudios terciarios. Así como hay un núcleo importante de gente que tiene bachillerato terminado y aspiraciones de trabajar en el Estado. A su vez, hay mucho a nivel operativo, es decir, a nivel de oficio, que encuentra en el Estado una buena vía para conseguir un trabajo estable y que da una certeza laboral que te permite desarrollarte en el futuro como persona, con tu familia, etcétera.

-Después de que las personas están presupuestadas tras un primer año de prueba, ¿continúa el control? Porque ahí se complica el despido.

-En el derecho público, nos regimos por el estatuto del funcionario. Tenés todos los mecanismos de control suficientes para supervisar que el funcionario cumpla con sus tareas y, en caso contrario, aplicar las sanciones establecidas, que van desde la observación hasta la destitución. En la Comisión Nacional del Servicio Civil tratamos cada 15 días alrededor de 30, 40 y 50 asuntos que tienen que ver con destituciones de funcionarios. Es llamativo cómo tenemos el concepto de que no se va nadie del Estado, porque se van decenas de funcionarios. Llama la atención la cantidad de destituciones que se dan por año. Por los motivos que sean: ausentismo, omisión, acción, algún delito que se ha cometido, etcétera. Pero siempre respetando las garantías del debido proceso. Hay un mecanismo de entrada, pero también hay uno de salida fluido.

-La mitad (50,4%) de los trabajadores públicos se ausentó por enfermedad alguna vez durante 2025. ¿Es un número esperable o hay que corregir?

-Primero, el derecho a la salud es de todos los ciudadanos uruguayos. Además, hay una situación con la salud mental que para nosotros es muy relevante. No solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Hay un dato relevante en las cifras de certificaciones médicas: en 2024 hubo 137.495 certificaciones mientras que en 2025 hubo 139.251, por lo que el incremento fue de 1,27%. Es decir, no hay un crecimiento exponencial. Lo que sí es llamativo, y es un comportamiento mundial, son las cinco causales con mayor cantidad de días de licencia médica. En primer lugar, tenemos los trastornos mentales y del comportamiento con el 31,94% de las licencias médicas. En segundo lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo, con un 16,24%, seguido por factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (9,64%); enfermedades del sistema respiratorio (8,93%); y traumatismo, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causas externas (7,31%). Estos datos son más o menos iguales que en otros países. En cuanto a los días certificados, aspiramos a que la gente falte menos, pero también tenemos una realidad que no escapa a nadie: hay un cambio sustancial con una patología que tiene que ver, por ejemplo, con la pospandemia.

-¿Hay algún control o al menos un mecanismo para controlar si hay abusos en las certificaciones?

-Tenemos el sistema de las juntas médicas. Te podés certificar, certificar, certificar, pero en algún momento te va a evaluar una junta médica. Siempre estamos en la discusión -y esto viene de décadas atrás- del famoso certificado por complacencia, que en definitiva es el que hace daño. Estoy convencido de que la mayoría de los funcionarios que se certifican lo hacen por razones de salud, y no puedo poner en duda el certificado de un médico. En toda organización social siempre puede haber alguien que abuse de alguna situación, pero existen los mecanismos de control.

-¿Funciona el sistema de la junta médica? ¿Hay que revisarlo?

-Estamos mejorando el sistema. Estamos en proceso de sacar el decreto reglamentario de certificaciones médicas, que ya está para la firma del presidente, el cual justamente ajusta algunas cosas. Lo hemos hecho en conjunto, no solo con el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública, sino también con el Banco de Seguros del Estado, porque también están los accidentes de trabajo.