El salario no se decreta, se produce

En agosto el número de ocupados cayó en la comparación interanual por primera vez desde 2022. Es un solo dato, pero no es un accidente. Es lo que ocurre cuando el salario real crece más rápido que la economía que lo paga.

Hace poco más de un año, al comenzar la XI Ronda de Consejos de Salarios, advertimos en estas páginas que subir el salario real por encima del crecimiento de la economía terminaría ajustando por el lado del empleo. El último dato de la Encuesta Continua de Hogares empieza a darle forma a esa advertencia, con 2.500 ocupados menos que hace un año. Las encuestas tienen ruido y un mes no hace una tendencia, pero este número no aparece de la nada. En enero la creación interanual de empleo rondaba los 20.000 puestos, entre marzo y junio se movió entre 7.000 y 11.000 y en julio fue prácticamente nula. La serie desestacionalizada cuenta la misma historia. Tampoco es la primera vez que la vemos. Entre 2015 y 2019 el salario real creció por encima de la actividad y se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo, la mitad de ellos ocupados por trabajadores de baja calificación.

Conviene empezar por lo básico. El salario es un precio, el de una hora de trabajo, y como cualquier precio, si se fija por encima de lo que el comprador puede pagar, la cantidad demandada cae. Lo que una empresa puede pagar depende de lo que esa hora produce. Por eso, en el largo plazo, el salario real no se decreta sino que se produce, y solo puede crecer de forma sostenida si crece la productividad.

En Uruguay esa relación se rompió. Desde 2016 el salario real aumentó en torno a 8,1%, mientras la productividad aparente del trabajo lo hizo en torno a 4,5% y está prácticamente estancada desde 2022. A eso se sumó el freno de la actividad. El PIB creció apenas 0,3% interanual en el primer semestre del 2026, en base a lo anterior el CED redujo su proyección de crecimiento para este año a 0,9%. El salario real, en cambio, siguió subiendo, 1,3% interanual en agosto. Cuando el costo laboral crece más rápido que lo que se produce, la cuenta no cierra. Año tras año la hora de trabajo se encarece frente a su rendimiento y alguien termina pagando esa diferencia.

Las empresas ajustan primero por donde es más barato. Despedir es caro y lento, recortar horas no. En el primer semestre de 2026 las horas habituales cayeron justamente en sectores intensivos en mano de obra, 2,1% en enseñanza, 1,6% en alojamiento y restaurantes y en servicios sociales y de salud, 1,1% en construcción y 0,8% en la industria. Después llega el ajuste en la cantidad de trabajadores, y hacia ahí apuntan las expectativas. En abril, tras años de saldos positivos, el balance entre empresas que esperan aumentar y reducir su plantilla pasó a terreno negativo. La tasa de empleo, por su parte, ya bajó de 59,8% a 59,5% en un año.

Aun en los años buenos, el empleo creado tenía letra chica. De los 27.400 puestos netos generados en 2025, 23.600 fueron cuentapropistas, más de ocho de cada diez. Los asalariados privados sumaron apenas 2.900. En la última década, de 109.000 puestos creados, 73.000 fueron por cuenta propia. Y no es empleo de la misma calidad. Entre los cuentapropistas la informalidad llega a 59%, frente a 22% en el total de la economía, trabajan 33 horas semanales contra casi 39 de un asalariado privado y el 64% no completó secundaria.

No es casual. Cuando contratar formalmente a un trabajador de baja calificación cuesta más de lo que ese trabajador produce, la persona no desaparece del mercado, sino que busca refugio fuera de la relación salarial. El cuentapropismo funcionó durante años como válvula de escape, y lo que sugiere agosto es que esa válvula también se está cerrando. El ajuste recae en el margen más frágil, donde están los menos calificados, que son exactamente aquellos a quienes las pautas diferenciales decían querer proteger.

Detrás de todo esto hay una regulación pensada para otra economía. Los Consejos de Salarios nacieron en 1943, para un país de fábricas y asalariados. Hoy fijan mínimos por categoría para cerca de 700.000 trabajadores, con los mismos aumentos para un comercio del interior que para una cadena de supermercados y, en esta ronda, con correctivos que solo operan al alza. Las pautas prevén, además, aumentos reales de alrededor de 3% anual para la franja de salarios más bajos, que es la asociada a menor productividad. Es un sistema que negocia el precio del trabajo de quienes ya están adentro y deja sin voz a quienes no logran entrar. La paradoja es elocuente, porque el empleo que crece es precisamente el que queda fuera del sistema.

Nada de esto implica que los salarios deban bajar. Implica que su evolución tiene que estar anclada en lo que cada sector y cada empresa pueden sostener. Eso supone vincular los aumentos a la productividad, habilitar acuerdos por empresa y cláusulas de descuelgue para quienes atraviesan dificultades, restablecer correctivos simétricos y abaratar el costo de la formalidad. Y, sobre todo, poner el foco en lo que realmente sostiene salarios altos, que es la inversión, hoy en su nivel más bajo desde la pandemia, y la productividad. Nada de esto es exótico. Son herramientas habituales en economías que negocian salarios y, aun así, crecen.

La lección es vieja, pero vale repetirla. Un salario mínimo alto no protege a quien no consigue empleo. No hay política distributiva posible sin empleo privado sostenible, y no hay empleo privado sostenible sin una economía que crezca.

- El autor, Ramiro Correa, es Economista Jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).