El honor de los ediles

Lue los ediles de Montevideo ejerzan su función de forma honoraria no es más que un residuo monárquico. En los orígenes de la ciudad, los primeros miembros del cabildo eran nombrados de forma elitista y ellos mismos elegían a sus sucesores; ser consejero del gobernador constituía un privilegio reservado a los propietarios acomodados. Con la independencia, ese carácter honorario se mantuvo en la tradición uruguaya. Sin embargo, la sociedad y la urbe cambiaron radicalmente: se pasó de una estructura colonial de clases rígidas al sufragio universal, y de una pequeña villa a una metrópoli compleja.

A pesar de esa transformación, el resabio normativo permaneció sin razón de ser. Mientras la amplia mayoría de las capitales del mundo remuneran formalmente a sus representantes departamentales, en Montevideo se continúa exigiendo una dedicación de tiempo completo bajo el supuesto de la gratuidad. Esta contradicción histórica ha generado distorsiones severas.

Pocos recuerdan que el descrédito político previo al quiebre de 1973 fue alimentado por denuncias sobre el uso indebido de fondos públicos en la Junta Departamental: viáticos, locomoción y gastos diversos sin control. Aquella opacidad minó la confianza ciudadana en un momento crucial. Décadas más tarde, en la reforma constitucional de 1994, se intentó formalizar el sueldo de los ediles, pero la propuesta naufragó.

La falta de una solución de fondo ha consolidado un esquema opaco. La inexistencia de un salario formal ha sido suplida por mecanismos indirectos, partidas secretariales y beneficios que bordean la irregularidad. Esta situación de pagos no transparentes se presta al amiguismo y al clientelismo.

Esta realidad resulta aún más gravosa al contemplar la situación global de Montevideo. Nos encontramos ante una gestión departamental que recurre al endeudamiento a largo plazo para financiar servicios básicos de limpieza, mientras más de 130.000 montevideanos viven en asentamientos. En contraste con esa austeridad de servicios, en el legislativo departamental se observan estructuras abultadas, con ediles que acumulan múltiples secretarios y pases en comisión provenientes de diversas dependencias del Estado.

Los hechos recientes, donde representantes de distintos sectores políticos han admitido mantener funcionarios asignados que no desempeñan tareas en sus despachos o recibir compensaciones externas no previstas en la normativa, exigen un análisis riguroso. Este tipo de prácticas roza figuras delictivas tipificadas en el Código Penal. Se trata de conductas que conllevan responsabilidades penales e inhabilitación, con plazos de prescripción de hasta diez años.

Las instituciones y los partidos políticos no pueden actuar como escudos protectores. Detrás de cada acción alejada de la ética pública hay nombres y apellidos concretos. Comete una falta grave el funcionario que percibe haberes sin prestar servicio, pero también el legislador que lo solicita o ampara, y la autoridad de origen que lo consiente. Existe una cadena de responsabilidades que debe ser asumida sin apelar a la excusa de que "siempre se hizo así".

Para corregir este rumbo no bastan las declaraciones; se requieren decisiones institucionales drásticas. La Junta Departamental debe iniciar un proceso de regularización en un plazo prudencial de seis meses: eliminar definitivamente las partidas opacas de secretaría y restituir los funcionarios en comisión a sus organismos de origen.

Este saneamiento es la condición indispensable para restaurar la credibilidad del cuerpo.

A partir de esa transparencia, la solución definitiva pasa por impulsar una reforma del artículo 295 de la Constitución de la República. El objetivo es aplicar para los ediles el mismo principio constitucional que rige para el Intendente: que la remuneración del legislativo departamental sea fijada por la Junta saliente para el período siguiente. De este modo se elimina la discrecionalidad y se transparenta la función pública.

Iniciar este debate en el clima actual de crispación social requiere valentía, pues hablar de ingresos para la política suele generar rechazo. Sin embargo, estamos dispuestos a dar esa discusión de fondo siempre que exista la contrapartida de renunciar a todo beneficio indebido y encauzar el funcionamiento institucional dentro del estricto marco legal.

Representar a los vecinos de Montevideo exige transparencia, ética y responsabilidad por los propios actos. La transformación de Montevideo hacia la próxima década exige instituciones limpias, profesionales y de cara a la gente.

Mantener ese compromiso es el único camino posible. Tienen mi palabra de honor que lo haremos.