"Estamos cojos": La entrampada definición de las normas clave en la ley contra la "permisología"

Ya pasó un año desde que la ley impulsada por el gobierno anterior para combatir la "permisología" empezó a regir, pero su aplicación concreta recién se está poniendo en marcha. Tanto en el espíritu con el cual se concibió la llamada "Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales" como en la mirada de especialistas, está claro que los efectos de esta reforma están pensados sobre todo para el mediano y largo plazo. Sin embargo, también hay voces que alertan sobre una implementación que, en estos primeros doce meses, ha ido algo más lento de lo que se tenía previsto.
La ley es extensa e involucra varias etapas y a diversas reparticiones del Estado, en un proceso que fue pensado para completar su implementación en 2027. Con todo, para su primer aniversario, los equipos del Ministerio de Economía que lideró Nicolás Grau y luego Álvaro García en la administración anterior, dejaron definido que al menos ocho de los reglamentos y decretos más "generales" que complementan la ley, deberían estar rigiendo.
Esa meta se ha cumplido parcialmente. De esas ocho normativas, solo tres se encuentran vigentes -una de ellas desde diciembre del año pasado-, cuatro están a la espera del visto bueno final de la Contraloría, y otra todavía figura en "ajustes finales" por parte del Ejecutivo. De las que están pendientes, una estaba pensada para enero, y otras dos para junio.
Quien "tomó la posta" de la implementación en el gobierno del Presidente José Antonio Kast es Pablo Eguiguren, jefe de la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) creada en la misma ley. Consultado por "El Mercurio", el economista ve el vaso medio lleno: "Creo que vamos súper bien con los plazos. Este es un trabajo que tiene distintas etapas; la etapa final, la toma de razón por parte de Contraloría y estamos trabajando con ellos, en distintas mesas de trabajo. Así que vamos avanzando bien".
Idas y vueltas
Más allá de su análisis general, Eguiguren sí reconoce que han encontrado complicaciones en el proceso. En el marco de un encuentro organizado por la UAI, comentó que "donde sí estamos cojos, y lo importante es ser transparentes y quizá echarnos un poquito la culpa... el trabajo en Contraloría ha tomado un poquito más de tiempo. Podemos dictar un reglamento, un decreto, tener la firma, pero una vez que ingresa a Contraloría es un trabajo largo. Y ahí estamos en bastantes de estos temas, ha sido también un aprendizaje".
Varios de los reglamentos están en proceso de toma de razón, pero uno de ellos fue retirado, según detalló el propio Eguiguren en su presentación. Se trata del que reglamenta los cambios a la plataforma digital "SUPER", para operar como ventanilla única de todos los permisos que no sean ambientales que requiere un proyecto de inversión.
Entre quienes están familiarizados con procesos de este tipo y las características de la ley, opinan que si un cuerpo normativo es retirado de Contraloría, o toma mucho tiempo en el proceso, es en parte una falencia de quien lo redactó y lo presentó. Otros, como William García, socio de Sarmiento, Walker y García Abogados, tienen una visión más benévola: "Es un trámite bien opaco, no está regulado en ninguna parte. Tiene que ver con la importancia que la propia Contraloría le da al tema".
Entre ejecutivos del sector privado ya hay quienes sienten impaciencia.
Con todo, la gerenta de Regulación en la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), Camila Astorga -que fue encargada legislativa de la reforma en el gobierno anterior-, cree que "los tiempos de los procesos de toma de razón han sido inusualmente largos, lo que si bien puede tener que ver con los ajustes que se implementan luego de un cambio de administración, requieren atención prioritaria para su rápida resolución".
Normas fundamentales
Entre aquellas normativas que están pendientes, hay dos temas que destacan entre los instrumentos de acción más relevantes de la ley. Uno de ellos va más allá de los ocho reglamentos generales, y se enfoca en uno de los instrumentos clave de la normativa: las "técnicas habilitantes alternativas (THA)". Así es como se denomina al reemplazo de un permiso por una declaración jurada o un aviso, cuando se estima que su impacto es de "bajo riesgo". La ley enmarca la definición de esa hipótesis con lineamientos generales, pero para definir cuándo aplican las THA, se requieren 30 reglamentos que debe coordinar la OASI.
De esos reglamentos "sectoriales", solo tres se encuentran publicados a la fecha. Otros ocho están a la espera de su toma de razón en Contraloría, 13 están firmados pero "en revisión de la Segpres", 4 están "en elaboración" y dos de ellos se encuentran fuera del plazo legal. En este sentido, Astorga opina que "la implementación de la LMAS avanza de manera lenta y desigual. De los 38 instrumentos que la ley requiere, solo 6 se encuentran publicados (un 16%), y la brecha es mayor precisamente donde la ley prometía resultados más visibles".
Por otro lado, de los ocho reglamentos generales, el único que ni siquiera se ha firmado aún es el que rige las llamadas "iniciativas de inversión estratégicas". En la ley se establece un régimen especial de "tramitación ágil", donde los plazos máximos de autorización se reducen a la mitad para proyectos seleccionados, que sean calificados como estratégicos. Para obtener esa calificación se requiere aprobación ministerial, sobre la base de una nómina definida por OASI en función de criterios objetivos como monto de la inversión o impacto en empleo.
Se trata de uno de los incentivos más atractivos de la ley, según el director del área Ambiental y de Recursos Naturales de Aninat Abogados, Rodrigo Ropert: "Es el principal incentivo de la ley para proyectos de alto impacto: los calificados como estratégicos tramitan sus permisos sectoriales en la mitad del plazo máximo y quedan bajo seguimiento de la Oficina (OASI). Funciona como un concurso".
El gran pendiente
Más allá de los plazos, uno de los reglamentos pendientes que es más sensible para la aplicación de la ley es el que define la "clasificación" de los permisos sectoriales. El plazo original para dictarlo era enero, y si bien fue presentado, sigue pendiente en Contraloría.
Según Astorga, es "por lejos el más relevante". Este decreto ordena más de 400 permisos en distintas tipologías, que definen cuando aplican los nuevos plazos máximos, los silencios administrativos y otras disposiciones clave. "Mientras siga en tramitación y no se publique, habrá que seguir esperando las promesas más concretas de la ley", sostiene la abogada.
Gonzalo Jiménez, socio del grupo Regulatorio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, comparte esa opinión: "Es muy relevante. La clasificación determina qué plazo máximo supletorio corresponde a cada permiso. Por ejemplo, 25 días para autorizaciones de funcionamiento y 120 para administración o disposición (...). Una clasificación equivocada puede frustrar la certeza que la ley busca entregar".