No era fácil, después de todo

Las finanzas públicas están apretadas y están así desde hace un tiempo. No hay espacio para comprometer gastos nuevos sin incumplir con las metas de balance estructural, aun con metas deficitarias. En jerga fiscal, las holguras son negativas y el nivel de gasto compatible con las metas es menor a las obligaciones ya adquiridas.
Los tres gobiernos anteriores, con apoyo del Congreso, comprometieron gastos permanentes que se financiarían con reformas que finalmente no recaudaron lo esperado. Ello ha redundado en un rápido endeudamiento fiscal, que aún está en niveles razonables, pero cuyo crecimiento hay que detener.
En cierto modo, el Gobierno actual ha cometido el mismo error: redujo los impuestos con apoyo mayoritario del Congreso, sin ofrecer compensaciones porque esperaba financiar la pérdida de recaudación con reducciones de gasto que, por ahora, no ha logrado implementar. A modo de compensación, también comprometió un mayor crecimiento futuro, pero ya sabemos que las rebajas tributarias no se pagan solas.
Durante la campaña electoral, el equipo económico del Gobierno anunció que esperaba rebajar el gasto público en 21 mil millones de dólares durante su mandato, con un ajuste inicial de 6 mil millones en los primeros 18 meses. Todo ello, por cierto, sin recortar gastos sociales, porque habría mucho malgasto en el Estado.
Las proyecciones fiscales para este año y el presupuesto propuesto para el 2027 sugieren que el Gobierno espera cumplir con las metas que definió respecto de la evolución del balance estructural y la deuda bruta. El alza del precio del cobre actual y el proyectado para el mediano plazo favorecen ese cumplimiento.
Pero el gasto efectivo de este año será mayor que lo presupuestado, incluso considerando el reajuste de remuneraciones del sector público que quedó parcialmente contemplado en el Presupuesto 2026. Como en años anteriores, habrá una sobreejecución del gasto corriente y una subejecución del gasto en capital, pero en neto, se gastará más.
Recortar gastos no era tan fácil después de todo, al menos no tan rápidamente y no en la magnitud comprometida en campaña. Seguramente hay espacios de ahorro en el Estado -en la cobranza del CAE y del transporte público, en el cumplimiento tributario, en las licencias médicas-, pero por ahora, eso no es suficiente.
Ante esta dificultad y para poder también imprimir sus prioridades, el Gobierno ha propuesto el recorte de algunos programas. El más emblemático en la discusión de estos días ha sido el programa "Yo elijo mi PC", que entrega computadores a escolares, pero no es el único. Esta discusión revela la dificultad que significa recortar gastos, incluso los asociados a programas que no han obtenido buenas evaluaciones, al menos en lo que respecta a sus propósitos originales.
En efecto, el mal desempeño de un programa no significa que deba cerrarse. Dado el valor que persigue, tal vez deba reformularse e, incluso, puede que requiera de más recursos. Asimismo, las evaluaciones suelen ser incompletas, pues no alcanzan a evaluar todos los aspectos en los que un beneficio puede generar impacto, algunos incluso de carácter subjetivo como la cohesión social y el sentido de ciudadanía. Finalmente, siempre habrá presión política para evitar cierres de programas, porque siempre hay alguien que pierde.
En otras palabras, las evaluaciones de programas entregan información, pero no definen los pasos posteriores. Eso depende de la política.
A ello se agrega que no todo se evalúa, en particular, las rebajas tributarias como las incluidas en la Ley de Reconstrucción. ¿Por qué los recortes en programas educativos deben financiar la exención del pago de contribuciones de adultos mayores, incluso de aquellos de alto patrimonio? ¿Por qué otorgar un crédito tributario a las empresas que financien tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores y a la vez reducir los recursos asignados a la Ley Ricarte Soto? ¿Qué evaluación de impacto se hizo de estos beneficios tributarios? ¿Y cuáles son los valores sociales detrás de estas definiciones?
A las dificultades de priorización se agregan dos elementos que no se han discutido y que son sustantivos. Uno es cómo se financiará la enorme presión de gasto que se viene en salud y en pensiones. Hoy se gasta algo menos de 6 puntos del PIB en salud. Dipres estima que al 2050 serán unos 12. El otro son los compromisos fiscales que implícitamente se están tomando y no quedan plenamente anotados en partidas de gasto como la capitalización del Fogape, la creación del Fonavi o las rebajas en las tarifas del tag.
La solvencia fiscal requiere de grandes acuerdos, de un pacto fiscal amplio que detenga la tendencia persistente hacia déficits y endeudamiento. Sin duda, ello incluye asegurar la eficiencia y pertinencia del gasto público. Pero también de más cautela a la hora de tomar nuevos compromisos, tanto cuando se trata de gastos nuevos como de rebajas tributarias.