De Carolina del Sur a Quilleco: la experiencia comparada y los riesgos para policías en casos de VIF
En Estados Unidos, 98 policías fueron asesinados en lugares residenciales entre 2021 y 2025. En Chile, especialistas advierten sobre la falta de información previa acerca de los agresores y proponen reforzar las medidas ante la presencia de armas.
Eran cerca de las 09:30 de la mañana del 29 de agosto en la ciudad de Columbia, Carolina del Sur, en Estados Unidos, cuando la policía recibió un llamado por violencia doméstica. Una mujer denunciaba que un hombre con orden de alejamiento había llegado a su casa y estaba causando destrozos. La institución envió al agente Christopher DeLong (28) a los suburbios a investigar.
A miles de kilómetros, otro llamado por violencia intrafamiliar movilizó a Carabineros. El 4 de octubre, el sargento segundo Jaime Urrea Burgos (40) llegó junto a otros dos funcionarios a una vivienda de Quilleco, Región del Biobío. Un niño había denunciado que su padre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, insultaba a su madre.
En Columbia, DeLong ubicó al sospechoso cerca de un parque y solicitó refuerzos, pero el encuentro terminó en un enfrentamiento armado. El agente murió baleado. DeLong dejó dos hijos pequeños.
En Quilleco, los carabineros regresaron al mismo domicilio tras una segunda alerta. El hombre se había encerrado con una escopeta en un dormitorio. Al abrir la puerta, disparó contra Urrea y lo alcanzó en el cuello. Sus compañeros redujeron al agresor e intentaron auxiliarlo, pero el sargento, con 18 años de servicio, murió posteriormente en un centro asistencial.
Los separaban 36 días.
En Estados Unidos, estos procedimientos llevan años bajo estudio por su peligrosidad. Mientras, en Chile, la muerte de Urrea reabrió el debate sobre los riesgos de intervenir en conflictos familiares.
Las cifras detrás de los riesgos policiales
Durante 2024, la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) recibió 6.025.800 llamados, que originaron 1.380.814 procedimientos. Según antecedentes de la institución, cerca de la mitad de las comunicaciones correspondería a violencia intrafamiliar.
En Estados Unidos, el FBI contabilizó 311 policías asesinados en actos criminales entre 2021 y 2025, de los cuales 98 murieron en lugares residenciales. Según su informe Officers Killed and Assaulted in the Line of Duty, 2025, publicado en mayo de 2026, estos escenarios suelen asociarse a disturbios y conflictos domésticos o familiares.
El organismo también registró 90.178 agresiones contra policías durante 2025, la cifra más alta de la última década. Entre las circunstancias figuran llamados por disturbios, categoría que incluye conflictos familiares y otros.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, señala que la VIF superó durante 2024 los robos con violencia y los hurtos en Chile. El 77,4% de las víctimas fueron mujeres y cerca de dos de cada tres víctimas de femicidio no habían presentado denuncias previas.
Johnson advierte que las patrullas suelen llegar cuando la violencia ya ha escalado, enfrentan a personas alteradas y desconocen la distribución de las viviendas. Además, deben proteger a las víctimas mientras intervienen frente al agresor.
"Sin duda, hay que cambiar protocolos"
Carabineros difundió en junio de 2024 un instructivo para procedimientos por VIF y, en noviembre de 2025, aprobó un manual sobre el abordaje diferenciado de la violencia contra la mujer. La legislación contempla el ingreso policial a domicilios ante determinadas situaciones de violencia, la detención de agresores y la incautación de armas.
Hoy, según informó "El Mercurio", los funcionarios están bajo un entrenamiento especial, siguiendo el modelo brasileño.
El exsubsecretario del Interior Felipe Harboe advierte sobre la falta de información previa. "En general, Carabineros llega a tomar procedimientos VIF bastante ciegos, sin información judicial", afirma. Ingresar a una vivienda desconocida, sostiene, deja a los funcionarios en desventaja. "Sin duda, hay que cambiar protocolos", plantea.
Propone que las patrullas conozcan antecedentes de detenciones, denuncias y presencia de armas antes de concurrir.
Johnson coincide. "La VIF debe tratarse como un procedimiento de alto riesgo, no como un conflicto doméstico de rutina". Plantea consultar previamente denuncias, medidas cautelares, órdenes de detención y armas inscritas para definir la dotación y necesidad de refuerzos.
"Un funcionario no debería enfrentar solo un procedimiento con indicios de armas", sostiene. También llama a considerar las dificultades de los sectores rurales, donde las distancias, la cobertura de comunicaciones y los tiempos de atención médica pueden agravar las consecuencias.
Cuando los agresores están armados
"La evidencia internacional muestra que la disponibilidad de armas puede aumentar significativamente la letalidad de los episodios de violencia", advierte Camila Astrain, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián.
La especialista explica que los funcionarios pueden desconocer si el agresor dispone de armamento. Su presencia puede transformar un conflicto familiar en un episodio letal, incluso sin vínculos con organizaciones criminales. Por ello, propone reforzar el entrenamiento y desarrollar protocolos especializados.
Alcohol y víctimas complican la intervención
El abogado penalista y exfiscal Marcelo Sanfeliú explica que los policías deben enfrentar al agresor sin exponer a mujeres, niños u otras personas dentro de la vivienda, lo que dificulta el uso de la fuerza y muchas veces exige privilegiar el diálogo.
A ello se suma el consumo de alcohol u otras sustancias, que puede agravar la violencia y dificultar la intervención. Sanfeliú advierte que algunas víctimas tampoco quieren denunciar o se resisten a la actuación de Carabineros por temor a represalias, dependencia económica o vínculos familiares con el agresor.
"Es un fenómeno social multifactorial, en que la intervención policial no es la única solución. De hecho, es la solución tardía a estos problemas", sostiene Sanfeliú.
Astrain advierte que Chile carece de registros específicos para determinar si han aumentado las agresiones contra policías durante procedimientos por VIF. "Necesitamos evidencia específica que permita identificar cómo han evolucionado estos incidentes en el país", señala.
Johnson propone crear estadísticas nacionales de llamados, procedimientos y funcionarios heridos o fallecidos durante estas intervenciones. También plantea revisar institucionalmente los operativos graves para detectar fallas de información o coordinación, reforzar la capacitación y mejorar el apoyo a los policías y sus familias.
DeLong fue despedido el 4 de septiembre en Carolina del Sur y Urrea, el miércoles en la Catedral de Los Ángeles. Ambos recibieron ascensos póstumos, el primero a lance corporal y el segundo, a suboficial mayor. En Estados Unidos, la organización Serve & Connect creó el Officer Chris DeLong Memorial Fund para apoyar a su familia, mientras que en Chile el Retén Canteras, donde prestaba servicios Urrea, llevará su nombre.
Viviendas
98 policías fueron asesinados en lugares residenciales de Estados Unidos entre 2021 y 2025, según el FBI.
''En general, Carabineros llega a tomar procedimientos VIF bastante ciegos, sin información judicial. Sin duda, hay que cambiar protocolos".
FELIPE HARBOE EX SUBSECRETARIO DE INTERIOR
''La VIF debe tratarse como un procedimiento de alto riesgo, no como un conflicto doméstico de rutina".
DANIEL JOHNSON DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA