Bogotá, ciudad semi inteligente

Víctor Muñoz
Una ciudad inteligente no es un eslogan ni un paquete de obras. Es un sistema de sistemas: infraestructura, datos, tecnología y capacidades humanas que trabajan coordinadamente para mejorar la calidad de vida. La definición de la UIT vincula esa transformación con eficiencia urbana, competitividad y sostenibilidad. Su arquitectura puede entenderse en cuatro capacidades: infraestructura conectada que genera datos; interoperabilidad entre sistemas; inteligencia para convertir información en decisiones; y gobernanza, con responsables, estándares y ciberseguridad. Sin integración hay modernización puntual; no hay ciudad inteligente. El proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente, impulsado por el alcalde Carlos Fernando Galán y aprobado por el Concejo el 28 de septiembre, representa un avance. Su componente tecnológico más concreto es el alumbrado: luminarias LED, telegestión y una red de internet de las cosas. El poste puede convertirse en infraestructura útil para otros servicios urbanos. El acuerdo también combina financiación del alumbrado, incentivos a la inversión, ajustes al ICA y alivios tributarios. Son decisiones relevantes. Pero una reforma tributaria puede financiar la transformación tecnológica; no constituye, por sí misma, una arquitectura de ciudad inteligente. La pregunta es cómo esa inversión se conectará con movilidad, seguridad y servicios públicos. ¿Qué información intercambiarán? ¿Quién responderá por la integración? ¿Cómo evitar que cada contrato produzca otra isla tecnológica, dependiente de un proveedor y difícil de conectar con las demás? Bogotá cuenta con una Consejería Distrital de TIC y modelos de gobernanza de datos y seguridad digital. El desafío es demostrar cómo esa institucionalidad se traduce en una operación coordinada. Tener normas y comités no prueba que los sistemas intercambien información ni que las entidades actúen conjuntamente. No hace falta concentrarlo todo en una gran plataforma. Hace falta exigir estándares comunes, intercambio seguro de datos y capacidad técnica. Los contratos deben prever interoperabilidad, mantenimiento y costos durante toda su vida útil. La información pública debe facilitar innovación y control ciudadano, protegiendo los datos personales. La inteligencia urbana se mide por resultados: menor consumo de energía, reparación oportuna de luminarias, mejor respuesta ante emergencias y menos tiempo perdido en trámites. Contar dispositivos permite verificar una compra; medir mejoras en los servicios permite evaluar una transformación. El acuerdo abre una oportunidad. Aprovecharla exige una hoja de ruta pública con responsables, presupuesto, plazos e indicadores. El salto del alumbrado inteligente a una ciudad Inteligente depende de la arquitectura y de la ejecución, no del nombre del acuerdo.
Emprendedor, investigador, analista.