Política de distribución, no solo de precios

David Jiménez Mejía
Cada vez que en Colombia se habla de combustibles, la conversación termina, por regla general, en el mismo punto: cuánto cuesta el galón. Se discute el precio de la gasolina, el del diésel, el déficit actual del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y si efectivamente se debería subsidiar o no los combustibles en el país. Esa es una discusión necesaria, pero incompleta. El país tiene una política de precios. Lo que falta fortalecer es una política de distribución. La diferencia importa. El precio dice cuánto paga el ciudadano. La distribución define si el combustible llega, a dónde llega, con qué calidad y a qué hora. Esa tarea la cumplen hoy en día cerca de 6.400 Estaciones de servicio, que prestan un servicio público esencial en las capitales y también en los municipios donde no hay otra forma de mover la carga y los pasajeros. Hoy en día esa tarea enfrenta una amenaza que el Presidente de la República ha puesto, con toda razón, en el centro de la agenda: las válvulas ilícitas en los poliductos y la distribución ilegal de combustibles. Según las cifras divulgadas por la Presidencia, de un solo poliducto se estarían hurtando cerca de 123.700 barriles mensuales de gasolina y diésel. La orden de perseguir toda la cadena, desde quien perfora el tubo hasta quien compra y comercializa, cuenta con el apoyo decidido del sector. Cada galón hurtado es patrimonio de los colombianos y es, además, combustible que llega al consumidor por fuera de los controles de calidad, cantidad y seguridad que sí se le exigen al canal legal. Por eso una política de distribución empieza por proteger la red formal de las estaciones de servicio. La distribución de combustibles líquidos es, por definición legal, un servicio público, y existen condiciones generales para quien lo presta: habilitación, reglamento técnico, calidad y continuidad. Son reglas necesarias, pero se han construido por partes y casi siempre desde la pregunta por el precio. Hace falta ajustarlas y pensar la cadena completa. Una política pública de distribución de combustibles líquidos tendría que ocuparse, al menos, de siete (7) asuntos: la prestación eficiente del servicio público, el fomento de la actividad, la protección de la competencia, la calidad, las tecnologías para la movilidad, la operación las veinticuatro (24) horas y la preservación del espíritu de la Ley de Fronteras. La propuesta es concreta: una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección de Hidrocarburos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el sector, y que sus lineamientos queden en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El precio del galón se va a seguir discutiendo. Que el combustible llegue a todo el país, todos los días y por el canal legal, es una decisión que se toma una vez y se sostiene por años. Ese es el debate que también se invita a tener en cuenta.
Vocero Gremial Nacional SOMOS UNO.