Controversia por libertad de empresaria que atropelló a vigilante en Trujillo

Tan solo cuatro meses estuvo en la cárcel la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna por embestir y causar la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, el pasado 3 de mayo, en Trujillo. El pasado 7 de octubre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad decidió liberarla.Fue sentenciada ?el 5 de junio? a cuatro años, seis meses y 26 días de prisión, pero su defensa presentó una apelación. El recurso fue analizado por los magistrados Víctor Martín Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián, quienes revocaron el fallo y determinaron que la denunciada solo cumpla dos años de pena suspendida, es decir, en libertad.La sentencia de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad contiene argumentaciones que han generado controversias, en vista de que se trata de un caso en el que hay una persona fallecida, la acusada se encontraba en estado de ebriedad y tenía la licencia de conducir vencida.En su resolución, el tribunal señala que la pena impuesta a Alfaro Cerna ?resulta inferior al límite legal de la suspensión de la ejecución de la pena?. Además, aduce que ?la acusada carece de antecedentes penales y no registra la condición de reincidente o habitual?. La sala indica que el punto central del debate es el pronóstico sobre la conducta futura de la imputada, es decir que no vuelva a cometer delito doloso.Incluso, se hace hincapié en que el homicidio culposo, delito por el cual fue condenada, ?no es un delito doloso ni se encuentra entre los delitos excluidos de la suspensión por el Código Penal?.?La circunstancia de haber conducido con licencia vencida y bajo los efectos del alcohol es grave, pero ya fue considerada al momento de determinar el ?quantum? de la pena y la inhabilitación (de conducir cualquier tipo de vehículo motorizado) neutraliza el riesgo de reiteración?, argumentó la sala.El abogado Roberto Arteaga Robles, quien representa a los dos hijos mayores del vigilante Juan Martínez Torres, indicó a El Comercio que, por el lado de la parte demandante, solo puede apelar en el tema de la reparación civil.