Ser uruguayo

Hay 193 países reconocidos por Naciones Unidas y en 191 de ellos un extranjero puede, con más o menos esfuerzo, convertirse en nacional. Dinamarca es restrictiva, Suiza es restrictiva, Japón es restrictivo: exigen años, exámenes, juramentos, pero al final del camino hay una puerta. Los estudios comparados le encuentran a Uruguay un solo acompañante sin puerta alguna: Myanmar. Somos, junto a una dictadura militar asiática, el único lugar del planeta donde un inmigrante jamás podrá nacionalizarse. Nuestro caso es muy extraño; hacemos una distinción inédita entre ciudadanía y nacionalidad, dos conceptos que el mundo trata como equivalentes. Myanmar directamente niega todo; nosotros otorgamos la ciudadanía pero negamos la nacionalidad.

El gobierno acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley interpretativa de la Constitución para resolver el tema. No voy a opinar sobre ese proyecto: no tengo los elementos para saber si una ley interpretativa alcanza o si hace falta una reforma constitucional, y he escuchado a juristas serios sostener ambas cosas. Esa discusión es de los constitucionalistas y del sistema político. Lo que sí parece claro es que Uruguay tiene un problema para solucionar, y que la disputa sobre el instrumento no puede volver a ser la excusa para no resolverlo.

Lo más conocido es el problema de los pasaportes: como la Constitución distingue ciudadanía de nacionalidad, los documentos de los ciudadanos legales informaban como nacionalidad el país de nacimiento, con rechazos y demoras en aeropuertos de medio mundo. Ese costado tuvo parches y podría atenderse aisladamente, pero el asunto es más hondo.

Hay chicos que crecieron acá y no pueden representar deportivamente al país porque no son nacionales. Hay personas que al tomar la ciudadanía uruguaya perdieron la nacionalidad de origen y quedaron apátridas. El fondo es que Uruguay aplica el criterio más restrictivo imaginable: la imposibilidad lisa y llana de llegar a ser uruguayo.

Pensemos de quiénes hablamos. Alguien que eligió este país pudiendo elegir cualquier otro, que probó tres o cinco años de residencia según el caso, que trabaja, paga impuestos, formó una familia, educa hijos acá. Son decenas de miles de personas. El Estado les exige todo eso para darles la ciudadanía y después les avisa que, hagan lo que hagan, vivan las décadas que vivan, nunca serán uruguayos. Nadie en el mundo trata así a sus propios ciudadanos.
La paradoja es que esto ocurre en un país de inmigrantes, que se cuenta a sí mismo que desciende de los barcos: los gallegos e italianos que fundaron la clase media no fueron menos uruguayos por haber nacido lejos. Y ocurre en el país con uno de los peores panoramas demográficos del continente, con fecundidad bajísima y fuerza laboral que se achica. La inmigración es la única variable de ajuste a plazos razonables, competimos por gente con toda la región, y nuestra señal de bienvenida es avisarle al que llega que nunca va a ser de acá.

La nación uruguaya nunca fue un asunto de sangre sino de adhesión. Quien optó por Uruguay hizo algo que ninguno de los que nacimos acá hicimos. Discutamos el instrumento y las exigencias que hagan falta, pero resolvamos el fondo.