No más la apología del M-19

El presidente De La Espriella ordenó retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y los símbolos de Carlos Pizarro. No es un ajuste estético. Es una decisión necesaria: el Estado no puede seguir presentando como figura histórica a quien comandó una organización que secuestró, asesinó y atacó las instituciones del país. Colombia ha confundido el perdón con el olvido. El perdón puede ser un instrumento político; el olvido de los crímenes de lesa humanidad, no. Durante los cuatro años del gobierno de Petro se legitimó abiertamente la lucha armada del M-19. Una amnistía incondicionada, sin verdad, sin justicia y sin reparación, se convirtió en plataforma para reivindicar al grupo como referente casi fundacional. Retirar el sombrero de Pizarro y sus imágenes de los edificios públicos no es censura: es el mínimo respeto a las víctimas. El M-19 cometió crímenes imprescriptibles. El Centro Nacional de Memoria Histórica le atribuye 557 secuestros. Entre ellos están el del líder sindical José Raquel Mercado, secuestrado en 1976 y ejecutado tras un "juicio popular" montado por la propia guerrilla, y el de Álvaro Gómez Hurtado en 1988. Hubo además asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. No fueron "errores de la guerra". El crimen más grave fue la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Un comando del M-19 irrumpió a sangre y fuego, tomó rehenes y desató 28 horas de horror que dejaron cerca de cien muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema. No fue un "juicio armado". Fue un asalto terrorista. El caso mejor documentado es el del magistrado Gaona Cruz, ponente del estudio sobre el tratado de extradición. Testigos presenciales y pericias balísticas confirmaron que fue ejecutado por un disparo a corta distancia en la nuca, propinado por un guerrillero del M-19 mientras intentaba salir del baño donde lo retenían. Esa toma no fue un acto puramente político. La Comisión de la Verdad concluyó que "todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín". Testimonios, incluido el de alias Popeye, indican que Pablo Escobar entregó inicialmente dos millones de dólares a Iván Marino Ospina. Hubo reuniones previas entre miembros de la dirección del grupo y el cartel. El interés convergente era golpear al Estado y destruir los expedientes de extradición. Exguerrilleros como Otty Patiño reconocieron una relación de conveniencia. Negar esa conexión es reescribir la historia. Tampoco fue el único episodio de esa magnitud. El frente ‘Ricardo Franco’, disidencia de las Farc aliada en su momento al M-19 y liderada en parte por Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro, ejecutó entre finales de 1985 y comienzos de 1986 la masacre de Tacueyó. Más de 160 combatientes de sus propias filas fueron torturados y asesinados. La Comisión de la Verdad la calificó como la masacre más grande cometida por un grupo guerrillero. La desmovilización permite el tránsito a la vida civil. No autoriza a convertir a los perpetradores en símbolos institucionales ni a blanquear su pasado. Gustavo Petro entregó las armas, pero durante cuatro años no desarmó el discurso que reivindicaba la lucha armada. Ensalzar al M-19 no es memoria: es un atentado contra las víctimas. Es decirles, con los muros del Gobierno, que su dolor es secundario frente a la narrativa del victimario convertido en prócer. La verdad histórica no se reescribe por decreto cultural. Los pronunciamientos de la Comisión de la Verdad, las pruebas sobre Gaona y el registro de los secuestros y asesinatos están ahí. Retirar esas imágenes es el primer paso. El segundo es dejar de tratar a los criminales de lesa humanidad como si su desmovilización hubiera borrado la sangre. Las víctimas no piden venganza. Piden que no se les obligue a ver a sus verdugos celebrados en los edificios del Estado que debió protegerlas.
EL SOMBRERO DE PIZARRO
Luis Felipe Henao
La desmovilización no autoriza a convertir a los perpetradores en símbolos institucionales

ni a blanquear su pasado.