Cuentas Fiscales: las perspectivas de crecimiento encienden las alarmas

Para comenzar, vale recordar que actual gobierno heredó una situación fiscal complicada, debido al deterioro de las cuentas públicas en el último año del gobierno anterior, luego de haber cumplido con los 3 pilares de la regla fiscal de entonces de manera ininterrumpida en el cuatrienio 2020-2023.

El deterioro fue tal, que la meta de Resultado Fiscal Estructural (RFE) de 2,9% -que ya era inconveniente alta- terminó incumpliéndose (3,4%) y lo mismo sucedió con el tope para el crecimiento del gasto real (equivalente a las estimaciones del crecimiento del PIB potencial, estimado por entonces en 2,8%), que trepó a 4,7%.

Cabe recordar que el manejo prudente de las cuentas públicas durante 2020-2024, incluyendo la reforma del sistema jubilatorio en 2023, fue uno de los factores clave para consolidar la sostenibilidad fiscal. Así, se disiparon dudas sobre su categoría de país Investment Grade (la calificadora Fitch tenía al país en revisión a la baja desde 2018) y se obtuvieron las mejores calificaciones de riesgo de la historia (incluyendo a la propia Fitch). Consistentemente, la prima de riesgo se redujo considerablemente en el mismo período, desde valores que llegaron a 140 pbs. durante la pandemia, a cifras de 70-80 pbs., como en la actualidad.

En esas condiciones, el nuevo gobierno se enfrentó a la necesidad de ajustar, cuestión de devolverle al país números fiscales razonables y con ello preservar el statu quo soberano, tan importante para mitigar el peso de los intereses en el presupuesto, mantener abiertos los mercados de deuda y aportar al clima de estabilidad macro, requisito para generar un clima adecuado para la atracción de inversiones.

La estrategia que desplegó el gobierno, liderada por el ministro Gabriel Oddone, partió de restricciones impuestas desde el propio oficialismo. La más notoria fue la que el propio ministro definió en setiembre de 2025: "Yo no tengo un mandato político para hacer un ajuste por el lado del gasto".

El mandato fue aún peor, pues se plantearon cambios que significaron incrementos a corto plazo, tanto en el Presupuesto como en la Rendición de Cuentas. Asimismo, la promesa de revertir la edad mínima de jubilación, con consecuencias negativas a mediano-largo plazo, se plasmaría ahora con el anuncio de un nuevo proyecto de ley.

Bajo esas restricciones, la única forma de volver a la sostenibilidad es una mayor recaudación.

Con ese fin se plantearon en el Presupuesto algunos ajustes tributarios menores, una supuesta mayor eficiencia de la DGI en la recaudación y un crecimiento económico relevante para el quinquenio (2,4% promedio) que aportaría recursos vía aumento de la base tributaria sin tocar alícuotas de los impuestos actuales (IVA, IRP, IRAE,IMESI, etc.).

De los dos primeros elementos de la estrategia mucho no se puede decir hoy, porque aún los datos son insuficientes para evaluarlos, aunque su éxito mantiene un alto grado de incertidumbre debido a que el rendimiento de nuevos gravámenes suele ser difícil de predecir y porque las ganancias de eficiencia en la recaudación terminan siendo mayoritariamente aspiracionales.

Pero sí podemos decir hoy que el último pilar de la estrategia está fracasando de manera ostensible. Revisemos los antecedentes y la evidencia disponible en materia de crecimiento.

Desde el primer día que se conocieron las primeras proyecciones del quinquenio 2025-2029, buena parte de los analistas advertimos que eran "optimistas". Por lo tanto, los aumentos de gastos aprobados en el Presupuesto primero, y luego en la Rendición de Cuentas, por más modestos que fueran, solo agravarían la situación fiscal, incluso a corto plazo.

Las cosas comenzaron mal ya en el primer año, donde el PIB terminó creciendo 1,8% vs el 2,6% proyectado. El cumplimiento de la meta fiscal se logró debido a que la meta de RFE ya era elevada (3,9%) y a fuerza de ahorros vía una reducción de la ejecución presupuestal, ya que la recaudación efectiva estuvo por debajo de lo planificado, precisamente por el menor crecimiento.

Durante 2026 el sesgo en la recaudación se repetirá, ahora agravado por la sequía que afectó el crecimiento del año. Hoy los analistas esperan un desempeño modesto de 1% vs el 1,6% que sigue sosteniendo el MEF y que es más bajo que el que se proyectó originalmente en el presupuesto (2,2%).

Es notorio, además, que las proyecciones de crecimiento han empeorado en los últimos años y hacen prever que el "optimismo" oficial se torne en "inverosímil" para todo el período, agravando aún más la situación.

Una prueba contundente de ello está en la visión acerca del crecimiento del Comité de Expertos un ámbito netamente técnico que asesora al MEF en materia de la regla fiscal. Sus proyecciones vienen cayendo de manera sostenida desde el valor máximo de 2,8%, que en mediana se proyectaba en 2023 para los 10 años posteriores (2023-2032), pasando por 2,5% (2024), 2,2% (2025) y 1,96% en mayo de este año. Una de las causas de la reducción está en el bajo aporte del Capital al crecimiento, ya que la Inversión no despega de su magro 16% como porcentaje del PIB, desde que el proyecto de UPM finalizó en 2023. Agrego que esto será difícil de revertir porque el clima de negocios ha empeorado notoriamente, algo que se debería confirmarse en estos días cuando Exante publique su encuesta al respecto.

Esto se agrava aún más si tomamos otras referencias: en su último IPOM el BCU ubica el crecimiento potencial debajo de 2%. Asimismo, la performance efectiva en los años posteriores al boom de commodities es 1,2% promedio.

Entonces, pensando a mediano-largo plazo ¿Es razonable y políticamente viable que solo esta estrategia de bajar la ejecución presupuestal logre cumplir las metas de RFE en los cuatro años que restan de gobierno?

La respuesta más probable parece ser un rotundo no.
Por eso lo del título.