Malvinas, nuevas tensiones

Milei ha aprovechado e impulsado especialmente la reclamación argentina, conforme a lo anunciado en su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, en septiembre. En este cometido, judicializó la disputa ante el Tribunal Internacional del Mar, para que ordene a los países abstenerse de actividades unilaterales en las islas y mar circundante.
En paralelo, presentó un proyecto de Ley sobre Defensa de la Soberanía, que propone altas multas y sanciones a proveedores y empresas extranjeras -y elevadas penas privativas de libertad a sus funcionarios e inversionistas- que exploten recursos naturales en los territorios reclamados. La iniciativa está detenida en el Congreso por objeciones del gobierno de Estados Unidos, por su amplio espectro y eventuales repercusiones en empresas norteamericanas. Según el diario Clarín, Marco Rubio se contactó con el Presidente Milei al respecto. También han contribuido a detener la tramitación legislativa otras disposiciones del proyecto que configuran muy discutibles penalizaciones de conductas relativas a la desinformación y promoción de la violencia.
A raíz de la negativa del ex primer ministro Starmer a prestar las bases británicas para la guerra con Irán, el Presidente Trump dio indicaciones de que restaría el apoyo a la soberanía británica sobre las islas. El cambio de gobierno en Reino Unido y su envío de aviones para contribuir a la defensa de Arabia Saudita habrían llevado a Trump a reconsiderar, volviendo a la postura tradicional de EE.UU. Otra incoherencia del Presidente norteamericano es su solicitud de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, foro y base esencial de la demanda argentina y sede de más de 10 reclamos en contra de Gran Bretaña.
Chile no ha estado ajeno a las recientes controversias. Coincidente con el enrarecimiento en las relaciones bilaterales derivado de la no derogación del Decreto 457/2021, que pone en duda la exclusiva soberanía chilena del Estrecho de Magallanes, y de declaraciones de altos mandos argentinos en el mismo sentido, el anuncio de la reanudación de los servicios marítimos desde Punta Arenas a Malvinas provoca injustificada polémica y reacciones negativas de sectores nacionalistas trasandinos. En opinión del respetado historiador y columnista de La Nación, Carlos Pagni, se intenta alentar un espíritu antichileno por diputados que han acordado siete resoluciones preventivas al respecto, mientras otro plantea denunciar los tratados de protección a las inversiones chilenas y para evitar la doble tributación. El canciller argentino, Pablo Quirno, ha apaciguado las reacciones negativas. Peronistas y nacionalistas no permitirán que el Presidente Milei se apropie de la causa de las Malvinas.
En medio de estas tensiones no deberían pasar desapercibidos el diálogo telefónico sostenido por el Presidente Kast con el actual Primer Ministro británico, la reunión del canciller Pérez Mackenna con su par de ese país, la semana pasada, con miras a una relación estratégica, y la calificación de "loco" al Presidente Milei por el locuaz ministro de la Vivienda. Las relaciones con Argentina son una prioridad nacional y el buen nivel alcanzado debe ser cuidado.
La soberanía chilena del Estrecho, respaldada por los tratados de 1881 y 1984, fue reafirmada en una declaración conjunta de los presidentes Kast y Milei. Esos mismos tratados y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establecen derecho al libre tránsito por el Estrecho hacia las Malvinas, y permiten el restablecimiento de los referidos servicios marítimos, lo que impide a Argentina interferir en esa ruta, más todavía considerando que el transporte es de bienes de consumo para los isleños.
Francia asediada y Europa en alertaA seis meses de elecciones presidenciales, una explosión social con violencia sin precedentes se desató en Francia, a fines de la semana antepasada. El balance arrojó sobre 2.700 detenidos. Tres mil comercios y centenares de edificios públicos, incluidos monumentos, resultaron vandalizados. Toques de queda parciales y restricciones permitieron volver transitoriamente a la normalidad.
Fallas de inteligencia no previeron los cientos de miles de manifestantes y los miles de vándalos que sobrepasaron a las policías. El gobierno culpa a la extrema izquierda y a los delincuentes que se apropiaron de una protesta pacífica contra el aumento del costo de vida, deficiencia de los servicios y otra serie de quejas, entre las que destacan el deterioro de la educación pública y el precio de los combustibles. Jean Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, de extrema izquierda, con una popularidad de entre 18% y 20%, justificó y alentó las protestas. Marine Le Pen, de derecha, líder de Agrupación Nacional y con la mayor popularidad -entre 35% y 38%-, atribuye responsabilidad a los casi diez años de gobierno de Emmanuel Macron. El mayor inconveniente que este último enfrenta es la falta de recursos públicos y la carencia de mayoría en el parlamento. Las protestas de los chalecos amarillos (2018-2019) pudo descomprimirlas desembolsando cerca de 11 mil millones de euros, de los que ahora no dispone. Francia registra el mayor déficit fiscal entre los países del G7.
Por razones parecidas, las protestas, aunque de menos envergadura, se han repetido en Portugal, Italia, España, Bélgica y Grecia.