Recorte presupuestal no es equivalente al déficit fiscal

El Gobierno Nacional decretó un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, equivalente al 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), como parte de su estrategia de ajuste fiscal. Sin embargo, economistas advierten que la reducción de las apropiaciones no se traduce necesariamente en una disminución equivalente del déficit, pues parte de los recursos corresponden a gastos que no alcanzarían a ejecutarse durante la vigencia 2026. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1585 de 2026 y constituye la primera fase del plan de austeridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. El ajuste busca adecuar el gasto público a los ingresos que efectivamente puede recaudar el Estado, en medio de la necesidad de ordenar las finanzas públicas y avanzar hacia una senda fiscal sostenible. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió la decisión como una señal del compromiso del Ejecutivo con la reducción del gasto estatal. "Estamos demostrando con hechos que el Estado debe ajustar sus gastos a los ingresos reales del país", afirmó. No obstante, la discusión económica se concentra ahora en determinar cuánto del recorte representa un ahorro efectivo y cuánto corresponde a recursos que no se habrían ejecutado. El ajuste de $13,8 billones se distribuye entre tres componentes del presupuesto. Funcionamiento tendrá una reducción de $3 billones, el servicio de la deuda disminuirá en $4 billones y la inversión registrará el mayor recorte, con $6,8 billones. Esta última partida representa cerca del 49% del ajuste total y comprende recursos de contratos que no alcanzarían a ejecutarse o que el Gobierno considera no prioritarios. En funcionamiento, el Ejecutivo señaló que la reducción incluye menores compras de bienes y servicios que no son indispensables, recortes en contratos de prestación de servicios y la no realización de procesos de contratación cuya planeación estuviera desfasada. Según el Gobierno, estas decisiones buscan mejorar el uso de los recursos públicos y garantizar que la reducción del gasto no afecte la prestación de los servicios a los ciudadanos. El recorte fue inferior al que se había autorizado inicialmente. Según el economista Diego Montañez, en agosto se había contemplado una reducción de hasta $21,9 billones, mientras que el ajuste finalmente decretado quedó en aproximadamente $13,8 billones. La diferencia es de cerca de $8,1 billones, un dato que permite dimensionar el alcance de la decisión frente al esfuerzo presupuestal considerado meses atrás. Montañez también advirtió sobre una distinción clave para evaluar el efecto de la medida: "recortar presupuesto, bajar el déficit peso por peso". La reducción de las apropiaciones establece un límite menor para el gasto autorizado, pero su impacto fiscal depende de cuánto se habría desembolsado efectivamente bajo el presupuesto original y de cómo se refleje el ajuste en las cuentas del Gobierno. ahorro efectivo y la ejecución del gasto Santiago Villegas, consultor y experto en derecho tributario, señaló en su cuenta de X que el recorte del Decreto 1585 reduce principalmente recursos no comprometidos, es decir, apropiaciones que no se iban a ejecutar. En su análisis, la medida no representa en su totalidad una nueva política de austeridad estructural, porque parte del resultado responde al efecto cambiario y al reconocimiento de gastos que finalmente no se realizarían. El experto explicó que este comportamiento también puede presentarse al cierre de otras vigencias fiscales. En noviembre, algunos procesos de contratación que cuentan con certificados de disponibilidad presupuestal pueden caerse y liberar recursos. Por esa razón, considera necesario revisar el resultado al cierre del año y establecer cuánto del ajuste corresponde a variaciones cambiarias, cuánto a la no ejecución y cuánto a una reducción efectiva del gasto público. Esta distinción es relevante porque el efecto de un recorte sobre el déficit depende de la ejecución presupuestal y no únicamente del monto que se elimina del presupuesto. Si una apropiación no se iba a utilizar, retirarla puede ordenar las cuentas y ajustar las autorizaciones de gasto, pero no necesariamente genera un ahorro adicional por el mismo valor frente al escenario en el que esos recursos tampoco se habrían desembolsado. El Gobierno, por su parte, presenta el decreto como el primer paso de una estrategia más amplia para sanear las finanzas públicas. La medida se expidió con fundamento en los artículos 334 y 346 de la Constitución Política y las disposiciones pertinentes del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Su alcance definitivo, sin embargo, deberá evaluarse con los resultados de ejecución y el cierre fiscal de 2026. Entidades públicas reducen recursos El consolidado del Ministerio de Hacienda señala que un grupo de entidades concentra cerca de $5,78 billones en reducciones, equivalentes a aproximadamente el 42% del ajuste total. Entre los mayores aportes figuran la Aeronáutica Civil, con $949.143 millones; la Registraduría Nacional del Estado Civil, con $775.000 millones y la Rama Judicial, con $696.496 millones. También aparecen la Agencia Nacional de Infraestructura, con $393.306 millones; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con $366.845 millones; el Ministerio del Trabajo, con $269.814 millones; el Ministerio del Interior, con $261.862 millones y la Fiscalía General de la Nación, con $260.600 millones. Otras entidades, entre ellas el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, también contribuyeron al ajuste mediante reducciones presupuestales. El representante a la Cámara Héctor Chaparro consideró que ajustar el gasto a la realidad de los ingresos es una decisión necesaria y que la reducción envía una señal positiva a los mercados de deuda pública. "Recuperar la confianza exige decisiones concretas y continuidad", afirmó, al destacar la importancia de avanzar hacia unas finanzas públicas sostenibles.