Huelgas en el sector minero son las que más impacto laboral generan en el país

La reciente huelga de minera Centinela de Antofagasta Minerals y la dura negociación de los supervisores de minera Escondida con la empresa, que casi termina en una paralización efectiva, pusieron de manifiesto el impacto de la conflictividad en esa industria.
En el caso de Centinela, el paro se extendió por 10 días y el pasado 18 de octubre se puso fin con un acuerdo. Mientras en la minera que opera BHP la huelga se aprobó, pero no se alcanzó a materializar debido a la mediación de la Dirección del Trabajo (DT). Esa compleja negociación culminó a horas del inicio de la paralización con el pago de un bono líquido de $30 millones por trabajador.
Un estudio realizado por Munita & Olavarría revisó las últimas estadísticas oficiales disponibles sobre la conflictividad laboral reglada en el sistema chileno. En la revisión se detectó que si bien el sector minero registra relativamente pocas huelgas, con solo 10 conflictos aprobados hasta mitad de año, sus paralizaciones generan uno de los mayores impactos laborales en el país. El sector que encabeza el número de paros este año es enseñanza, con 56 paros aprobados, y en años previos lideraba en la alteración laboral.
Al analizar el indicador estadístico económico de Días-Persona de Trabajo Perdidos (DPTP), que se utiliza para medir el impacto de una paralización laboral, hasta mitad de 2026, el sector minero es el que registra la mayor cantidad de trabajadores involucrados, con 26.538. Es decir, ese rubro es el que más producción efectiva pierde por paralizaciones (ver gráfico).
Activación de mediaciones
También en el estudio se observa que solo el 8,1% de las huelgas aprobadas no registra una solicitud de mediación ante la Dirección del Trabajo, lo que evidencia que empleadores y trabajadores recurren habitualmente a mecanismos de diálogo antes de una eventual paralización. Y contrario a la percepción habitual de que las instancias de mediación son promovidas principalmente por organizaciones sindicales, los empleadores representan la categoría con mayor participación en las solicitudes registradas (ver gráfico).
Evaluación de reformas
Enrique Munita, socio de Munita & Olavarría, expone una tesis para explicar el efecto laboral de la conflictividad minera. "Si bien la participación del sector en el total de huelgas aprobadas y efectivas es relativamente menor, la cantidad de días-trabajador perdidos es muy alta. La explicación que pareciera justificar esa diferencia radica en el mayor impacto de la huelga en la empresa e incluso a nivel económico nacional, de la suspensión de faenas o trabajos en esta industria. Este efecto es conocido por los sindicatos y trabajadores de la minería, por lo cual ante una negociación que estimen insatisfactoria para sus intereses, entienden que la aprobación de una huelga, y eventualmente su materialización, pueden ser un instrumento de presión para obtener un incremento en las propuestas de la empresa", dice.
Munita advierte que si bien se debe proteger el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, "ello no puede traducirse en un riesgo para la subsistencia o rentabilidad de la empresa y menos para la economía del país, ya que puede tener un efecto expansivo hacia otras empresas y trabajadores". Añade que "lo anterior debe llevar a revisar la conveniencia de efectuar reformas que consideren permitir al empleador ciertas medidas de mitigación al daño que se pueda producir a la compañía minera o incluso a la economía con motivo de estas huelgas, tales como dejar un mayor espacio para al menos el reemplazo interno de trabajadores en huelga".
El abogado Cristián Olavarría complementa que el fenómeno de las huelgas mineras se viene observando reiteradamente en los últimos años. "Una vez aprobada la huelga, ya sea en la etapa de mediación o durante su desarrollo, las compañías mineras ofrecen bonos de término de conflicto y otros beneficios nuevos, de montos muy elevados, que resultan desproporcionados frente a la realidad del resto de los trabajadores del país. Por su parte, en la duración de las huelgas que efectivamente se materializan inciden diversos factores, entre ellos, la capacidad de resistencia de los sindicatos del sector y el hecho de que las paralizaciones prolongadas son las que ejercen mayor presión para conseguir que se acojan sus demandas, lo que explica el elevado número de días-trabajador perdidos", explicó.
La socióloga y académica de la Universidad Austral Francisca Gutiérrez apunta a factores estructurales en el mundo minero. Hay un "poder estructural que surge de la posición que ocupan los trabajadores en la economía. Una paralización en una gran faena tiene costos enormes, y en un país cuyas exportaciones, recaudación fiscal y crecimiento dependen en buena medida del cobre, esos costos se sienten mucho más allá de la empresa. Basta la amenaza de una huelga para mover a la otra parte", dice.
La especialista en temas laborales también menciona el poder asociativo, que nace de las organizaciones de trabajadores de la minería, y su pragmatismo. "Estos sindicatos han demostrado que la acción colectiva da resultados concretos. Hay un matiz importante, eso sí. Ese poder se traduce sobre todo en pagos únicos, más que en mejoras del salario base o en influencia sobre cómo se organiza el trabajo. Un estudio reciente de la Dirección del Trabajo muestra que el bono de término de conflicto es la variable que más cambia entre la última oferta de la empresa y el acuerdo final", agrega.
Concluye que "lo interesante es que parte de la fuerza que observamos hoy proviene de cómo los sindicatos se adaptaron a estrategias empresariales que, paradójicamente, buscaban contener los costos laborales y debilitarlos".