Estuvo 77 días en prisión preventiva, fue absuelto y recibirá $800.000 por daño moral, además de salarios y gastos; el fallo aplica la responsabilidad estatal también a la Justicia Militar.
En 2011, mientras comandaba un
contingente uruguayo en la península del Sinaí, en
Egipto, un coronel dijo haber detectado irregularidades en las cuentas de la unidad. Según relató en una
demanda posterior al Ministerio de Defensa, informó a sus superiores y pidió que se investigara a tres oficiales. Pero quien terminó repatriado fue él.
El coronel sostuvo que la primera investigación sobre el manejo de los fondos no incluyó una auditoría. Luego presentó una nueva denuncia sobre la
administración financiera. Una auditoría posterior detectó irregularidades que no habían surgido en el primer procedimiento, según expuso en el juicio civil.
En diciembre de 2015, el militar quedó emplazado por la Justicia Militar. En julio de 2018, el Juzgado Militar de Instrucción de 2
do Turno lo
procesó con prisión por un presunto
delito de ataque a la fuerza moral del Ejército y de la Marina. La causa incluía acusaciones de amenazas a subordinados. Pasó 77 días recluido en una unidad militar, hasta que obtuvo la libertad provisional.
En setiembre de 2020, ese mismo juzgado lo
absolvió. El Supremo Tribunal Militar confirmó la decisión en noviembre de 2021. Después, el involucrado demandó al
Ministerio de Defensa por los daños que atribuyó a la prisión preventiva.
En la demanda sostuvo que la reclusión
afectó su honor y su carrera, y le impidió asistir a clases de Abogacía. También reclamó los honorarios de los abogados que lo defendieron en la causa penal y lo asistieron para cuestionar la calificación anual de 2018, en la que fue evaluado como "deficiente". Además, pidió compensación por la demora en devolverle una garantía depositada para viajar a una
misión de paz.
Defensa pidió rechazar el reclamo. Argumentó que había elementos iniciales para procesarlo y que la absolución no probaba por sí sola un error judicial. También cuestionó los daños reclamados y alegó que algunos rubros habían prescrito o caducado. La jueza desestimó esas defensas.
El fallo aplicó la ley que reconoce el derecho a una indemnización cuando una persona estuvo en prisión preventiva y luego
no recibió una condena a una pena de cárcel por un período igual o mayor. La jueza entendió que la responsabilidad del Estado "también rige si la prisión fue ordenada por la
Justicia Militar". Para resolver el reclamo, señaló que no era necesario volver a examinar el expediente penal ni determinar si cada decisión de ese proceso había sido correcta.
Al fijar el daño moral,
valoró la trayectoria militar del coronel, sus calificaciones y misiones de paz. También tuvo en cuenta las consecuencias de la prisión para su familia, la postergación de sus estudios y que fuera custodiado por oficiales de menor jerarquía.
El coronel había estimado el daño moral en más de $2.000.000 a la fecha de la demanda. En los alegatos aceptó el criterio de Defensa de calcularlo a razón de 10 unidades reajustables por cada día de prisión, pero la jueza aclaró que no era obligatorio y fijó la indemnización en $800.000.
Además, el Ministerio deberá pagarle los salarios retenidos entre julio y octubre de 2018, los honorarios por la defensa penal y los reclamos administrativos, y los intereses por la demora en devolver la caución.
El País, Uruguay
3 de noviembre de 2026
