Políticas de empleo más activas

No cede el desempleo. Supera el millón de personas y ello no ocurre porque la fuerza de trabajo esté aumentando de modo significativo: la razón principal es la reducción en el número de ocupados. Más aún, gran parte del fenómeno se explica por un retroceso en el empleo asalariado y formal. Estos hechos, por sí solos, debieran constituir una gran alarma para los responsables de la política económica. Pero si a ello se suma que también han disminuido las horas trabajadas y que el principal impacto está recayendo sobre los más jóvenes, los motivos de preocupación se incrementan. En este último caso, porque las dificultades para obtener un trabajo en el comienzo de la vida laboral afectan negativamente toda la trayectoria posterior.
El Gobierno ha reaccionado quizás tímidamente a esta coyuntura. Confía en la pronta reactivación, porque han cambiado fuertemente, como resultado de sus iniciativas, los incentivos para materializarla. Pero si bien ello es correcto, la reacción que se espera no será inmediata; más cuando hay incertidumbre en el mundo y las condiciones de financiamiento de los proyectos se han deteriorado. Frente a esta realidad, las acciones que se han empujado para enfrentar el problema del desempleo en el corto plazo parecen débiles. Los nuevos subsidios para la contratación, si bien van en la dirección correcta, son por períodos muy breves y con cupos muy limitados. A su vez, las inyecciones de liquidez a pequeñas y medianas empresas constituyen una buena idea, pero el efecto sobre el empleo es impreciso.
Mientras, el impacto de la inversión pública es una gran interrogante, ya sea aquella directa o la que se ejecuta vía licitaciones al sector privado: ambas presentan rezagos y es difícil anticipar su curso, más allá de los deseos de la autoridad. Las recientes indicaciones comprometidas por el Gobierno para el proyecto de sala cuna (una baja en la cotización para el fondo desde 0,35 a 0,3 por ciento del salario de los trabajadores y un adelantamiento de la entrega del beneficio, entre otras) son una buena noticia y debieran facilitar su aprobación en el Senado. De concretarse, se reduciría el costo de contratación de la mujer y eso sí impulsaría su empleo.
En cualquier caso, parecen necesarias políticas más activas de promoción del empleo por un período acotado, esperando a la maduración de las políticas de más largo alcance. A propósito de esto, un grupo de economistas afiliados a los centros de estudio Horizontal y Pivotes, y a las universidades de los Andes y Diego Portales, han hecho un planteamiento interesante para perfeccionar el actual subsidio de contratación, que dura hasta un máximo de cuatro meses. Así, proponen expandir su cobertura a un año y definir un monto máximo equivalente a un 40 por ciento del salario mínimo, es decir, 221 mil 421 pesos, levemente inferior al actual subsidio.
Este monto se pagaría por nueve meses, retirándose gradualmente los meses 10, 11 y 12 (pagándose un 70, 50 y 30 por ciento, respectivamente). Al mismo tiempo, el subsidio comenzaría a retirarse linealmente a partir de un salario bruto de 600 mil pesos y desaparecería para los contratados con salarios superiores a dos salarios mínimos. Además, se aumentarían los cupos a 274 mil beneficiarios, un incremento significativo respecto de los 100 mil del actual subsidio de contratación. Todo esto encarecería el costo fiscal, el que llegaría a 467 mil millones, un monto relevante, pero que representa un poco menos del 0,5 por ciento del proyecto de presupuesto que se está discutiendo en el Congreso. Los autores estiman que su propuesta permitiría una caída en torno a un punto porcentual en la tasa de desocupación; por cierto, son cálculos tentativos y habría que someterlos a un escrutinio. Además, postulan que, a diferencia del actual subsidio, este beneficio sea solo para las contrataciones que signifiquen un aumento en la dotación de las empresas. Esta aspiración es comprensible, pero para los empleadores constituye una fuente de incertidumbre, pues es difícil anticipar su demanda por trabajo, más en un contexto incierto como el actual, lo que puede desalentar el uso del subsidio. Con todo, son iniciativas como esta las que el Gobierno debe estudiar y empujar con más entusiasmo.