Piden aclarar crisis del Fomag y manejo de recursos de salud

La transformación del modelo de salud del Magisterio, que comenzó en 2024 tras la cancelación de un proceso de contratación, quedó bajo cuestionamiento. La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para esclarecer posibles irregularidades administrativas, contractuales y financieras. El documento, radicado el 2 de octubre de 2026 por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización, solicita investigar las decisiones que condujeron a la implementación del nuevo esquema y las actuaciones de funcionarios y directivos relacionados con su administración. La denuncia comprende el periodo 2023-2026. El cuestionamiento central está en la secuencia de decisiones que modificaron la contratación de los servicios médicos, la conformación de la red de prestadores y la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en medio de dificultades para garantizar la atención. La Red dijo que la crisis que enfrentan los docentes y sus beneficiarios no puede analizarse como un episodio aislado. Por el contrario, solicita establecer si las decisiones adoptadas en los últimos tres años tuvieron relación con las afectaciones reportadas en la prestación de los servicios. Uno de los primeros puntos bajo revisión es la cancelación de la Invitación Pública 002 de 2023, proceso que buscaba contratar entidades encargadas de garantizar los servicios de salud del magisterio en el territorio nacional. La decisión fue aprobada por el Consejo Directivo del Fomag. El aviso de cancelación, fechado el 20 de octubre de 2023, señala que el proceso había comenzado el 24 de mayo de ese año. Su propósito era seleccionar entidades que asumieran la gestión de los riesgos en salud, operativos y financieros derivados de la prestación. Sin embargo, el Consejo Directivo consideró que las condiciones existentes no permitían cumplir la promesa de mejoramiento del servicio. El documento también menciona que, durante la sesión del 19 de octubre, se puso sobre la mesa la presentación de 31.000 quejas de maestros. La justificación institucional fue avanzar hacia un nuevo modelo de atención que respondiera a las necesidades del sector. Fiduprevisora argumentó que las reglas de la invitación permitían cancelar el procedimiento por circunstancias objetivas de interés público, sin que se hubieran aceptado las ofertas presentadas. La decisión abrió el camino para modificar el esquema de atención. El primero de abril de 2024, el Consejo Directivo aprobó el Acuerdo 003, mediante el cual se establecieron los lineamientos del nuevo modelo y sus mecanismos de contratación. La implementación comenzó en mayo de ese año. No obstante, la Red de Veedurías solicita establecer qué estudios técnicos, financieros, jurídicos y de suficiencia de la red respaldaron la aprobación, quiénes participaron en su estructuración y cómo se distribuyeron las responsabilidades institucionales. El cuestionamiento también comprende la forma en que se organizaron los prestadores, los mecanismos de referencia y contrarreferencia, el suministro de medicamentos y los procedimientos de supervisión. La organización pide determinar si existían condiciones suficientes para garantizar la continuidad de los servicios. En ese punto se concentra una parte importante de la denuncia: establecer si el cambio de modelo estuvo acompañado de una estructura contractual, operativa y financiera capaz de responder a las necesidades de los afiliados. La Fiscalía deberá determinar si existieron actuaciones u omisiones relevantes. El componente financiero constituye otro de los frentes de la denuncia. La Red solicita esclarecer el origen y la metodología de las cifras de déficit divulgadas, entre ellas una referencia a $2,7 billones, que identifica como un hueco fiscal asociado a la situación del Fondo. A esa cifra se suman dos movimientos presupuestales que la organización pide revisar. El primero corresponde a $1,24 billones y el segundo a $859.000 millones. La solicitud comprende verificar sus fuentes, autorizaciones, destinación y ejecución.