Revisar la gratuidad

Desde 2013, el país exhibe todos los años -salvo por 2022- déficits fiscales relevantes, en contraste con los buenos desempeños del período 1990-2012. Este año no será la excepción. Y pese al esfuerzo del Gobierno por reducir la brecha entre ingresos y gastos, la discusión presupuestaria ha vuelto a mostrar las dificultades para lograrlo. Hay en el mundo político incapacidad de priorizar los gastos, desconociendo que los ingresos tributarios no han podido elevarse, a pesar de reformas que así lo anunciaban. Al mismo tiempo, distintos gobiernos han elegido políticas que, con los ingresos públicos del país, difícilmente pueden considerarse prioritarias, y respecto de otras, han errado en los desembolsos anticipados.
La gratuidad de la educación superior combina ambos problemas. Para el presupuesto 2027, que se tramita en el Congreso, se le asignan a esta partida 2,6 billones de pesos, un monto que es cerca de 600 mil millones superior al que se desprendía del informe financiero que acompañó la Ley de Educación Superior que institucionalizó esta política. Ese exceso de gasto tiene varias razones. Una importante dice relación con beneficiados que no corresponden al grupo objetivo, pues pertenecen al 40 por ciento de la población de mayores ingresos. Según un estudio de Acción Educar, ellos representaron 69 mil, 114 mil y 102 mil personas en los años 2017, 2022 y 2024, respectivamente. La estimación es que, en el último de estos años, los desembolsos en estudiantes que no debieron haber sido beneficiados ascendieron a $355 mil millones. La cifra debe entenderse como un orden de magnitud, por las dificultades de asociar cada persona a un programa específico.
En todo caso, el estudio revela cómo una fuente importante del mayor gasto tiene que ver con la vulneración de las reglas definidas por la ley para impetrar el subsidio. Era posible anticipar que algo así iba a ocurrir. Se trata de un beneficio significativo y además tiene el carácter de todo o nada: si la persona está levemente por debajo del umbral, recibe todo el subsidio, y si está levemente por arriba, no recibe nada. Estas políticas, en general, no son recomendables, porque incentivan un comportamiento oportunista y, además, terminan siendo injustas. La alternativa, como pensaban muchos promotores de la gratuidad, era que fuese universal, pero solo para los estudiantes de instituciones estatales. Estimaban, además, un aporte directo y basal, en lugar de uno por alumno. Pero ello era insostenible políticamente: solo el 17 por ciento de los estudiantes que cursaba la educación superior asistía a estos planteles. Además, el sistema estaba suficientemente masificado, y con múltiples instituciones, como para pensar que al poco andar se iba a poder consolidar, por este incentivo, una educación superior con mayoría estatal.
Después de transcurrida una década desde la instalación de esta política, resulta mucho más evidente que tampoco era prioritaria. No ha contribuido a un mejor sistema de educación superior ni ha aumentado la diversidad de los estudiantes o la graduación oportuna de los jóvenes de menos ingresos. Además, ha representado un retroceso en equidad intergeneracional, porque beneficiados que luego acceden a trabajos de altos ingresos no retribuyen lo recibido aportando a crear un sistema de financiamiento que sea sostenible. Así, esta política ha acaparado recursos que de otro modo podrían haberse destinado a construir un sistema educativo con mayor equidad. Si en 2016 ya era discutible que este desembolso fuese socialmente rentable, en la actualidad es evidente que no lo es. El interés público hace indispensable una revisión. Hay alternativas superiores y no es casualidad que varios países que experimentaron con esta política hayan preferido abandonarla. Por supuesto, varios también la sostienen, pero cuentan con una recaudación tributaria como porcentaje del PIB muy superior a la de Chile, y con una cobertura efectiva y una presión de acceso menores, porque los retornos promedio a la educación superior, como muestra el reciente Panorama Mundial de Educación 2026 de la OCDE, son muy inferiores a los nuestros.