Consenso a prueba

Al Congreso le quedan solo cinco semanas de sesiones ordinarias para aprobar la Ley de Rescate, que según Anif es el ajuste mínimo para estabilizar la deuda. El Gobierno envió mensaje de urgencia, pero el margen es estrecho. Las últimas reformas tributarias tardaron entre 33 y 85 días desde su radicación hasta la ponencia de primer debate y esta tendría que estar lista a finales de noviembre. La prisa tiene razones. La emisión de TES ya supera todo el crédito que otorga el sistema financiero y duplica los ahorros en CDT, y Anif advierte que niveles de deuda como los actuales no se veían desde finales del siglo XIX. El gobierno de Abelardo De La Espriella heredó el peor déficit primario de América Latina, según la Cepal. Y si la ley no se sanciona antes del 31 de diciembre, el país podría entrar en default y la rebaja de renta prevista para las empresas en 2027 tendría que aplazarse. Lo alentador es que ya no se discute si el ajuste es necesario. Entre muchos de los economistas más reconocidos hay coincidencia sobre la herencia fiscal. El Centro Democrático, cuyos votos serán decisivos en las comisiones, dijo compartir el diagnóstico del Gobierno. Y en los sectores que no hacen oposición hay acuerdo en recortar gasto. El desacuerdo está en los impuestos. Según Anif, el 35% del ajuste proviene de menor gasto y el 54% de más impuestos y aportes. El IVA, los beneficios tributarios y las facultades extraordinarias son los puntos con más resistencia, incluso dentro de la coalición de gobierno. Aun ahí empiezan a aparecer coincidencias. Anif y el Centro Democrático advierten que la rebaja de la renta empresarial se diluye si vuelven los aportes a la nómina, hoy exonerados hasta diez salarios mínimos. En un cálculo de Anif con dos bancos de tamaño parecido, el que tiene 65% más empleados asumiría un sobrecosto 2,3 veces mayor. Ambos piden también revisar la devolución del IVA, de la que depende que la reforma sea progresiva. El partido advierte que la factura electrónica es difícil de aplicar entre los más pobres, cuyo gasto pasa en buena parte por la tienda de barrio. También llegan propuestas para reemplazar recursos y no solo para quitarlos. El Centro Democrático plantea eliminar o fusionar 48 entidades, con un ahorro de $20,4 billones, reducir los ministerios de 19 a 6, recuperar cartera y vender otra parte de Ecopetrol. Anif está proponiendo medidas que podrían sumar $30 billones, entre ellas el desmonte gradual del subsidio al diésel y un menor tope de deducción por pagos en efectivo. No todas son compatibles entre sí, pero parten del mismo reconocimiento. Si se retira un impuesto, los recursos tienen que salir de otra parte. Con esta deuda, descartar la ley por el costo que tendría para algunos sectores no es una opción. Es probable que la negociación modere el texto, como en reformas anteriores. El riesgo está en que la suma de concesiones deje la ley por debajo del ajuste mínimo. Desde hoy, hasta el 25 de noviembre, ponentes y coordinadores construirán la ponencia con Hacienda. Ese es el momento para convertir las coincidencias en articulado. Ya hay terreno común en recortar gasto, revisar el costo de la nómina y asegurar que la devolución del IVA llegue a los hogares pobres. Sobre esa base pueden resolverse, con cifras, las diferencias sobre impuestos. El acuerdo sobre la necesidad del ajuste ya existe. Si el acuerdo sobre cómo hacerlo tarda demasiado, el calendario decidirá por el Congreso.