La Nación, Costa Rica
13 de noviembre de 2026
Un informe técnico del TSE recomienda negar a Pueblo Soberano ₡61,9 millones en reembolsos por honorarios, salarios, alquileres y otros gastos.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recomendó rechazar el reembolso de ₡61,9 millones que Pueblo Soberano solicitó cubrir con recursos públicos. Las objeciones abarcan honorarios profesionales, salarios de dirigentes, alquileres de vehículos e inmuebles, alimentación y combustibles, entre otros rubros incluidos en la liquidación del 19 de marzo al 30 de junio de 2026.
El partido presentó gastos por ₡100.651.625,51, pero el órgano técnico consideró que únicamente ₡38.731.105,24 cumplían los requisitos para ser reconocidos con la contribución estatal. Entre las razones para objetar el resto figuran contratos sin firmar, documentación incompleta, diferencias de cálculo y desembolsos cuya necesidad o proporcionalidad no fue acreditada.
Los resultados constan en el informe DFPP-LT-PPSO-09-2026, fechado el 6 de noviembre. El documento contiene una recomendación técnica que debe ser valorada por las autoridades superiores del organismo electoral, no una resolución definitiva de los magistrados.
Las observaciones tampoco tienen todas el mismo alcance: algunas cuestionan la procedencia de pagar determinados gastos con fondos públicos; otras señalan que el partido no aportó los documentos necesarios para comprobarlos o que los registró incorrectamente. Por ello, una objeción al reembolso no significa, por sí sola, que el desembolso fuera ficticio o constituyera un delito.
Honorarios profesionales: ₡31,2 millones objetados
Los honorarios profesionales concentran la mayor partida cuestionada: ₡31.201.378,72. El departamento encontró inconsistencias en informes de labores, contratos incompletos y diferencias entre los cobros y las condiciones pactadas.
Uno de los casos corresponde a Los Compitas Films S.A. El informe recomienda rechazar todos los gastos liquidados a nombre de esa empresa por incongruencias entre la documentación y la información obtenida durante las verificaciones de campo.
Según el documento, el departamento envió varios requerimientos de información sin recibir respuesta. Posteriormente, durante una visita presencial, el representante de la sociedad, Daniel Antonio Quirós Araya, declinó recibir el oficio y manifestó que su participación se había limitado a algunas asesorías. También indicó que "ese asunto lo trató el señor Mariano Barquero con el partido" y que aún existían asesorías pendientes de pago.
Otro caso es el de Oscar Martín Villalobos Chaves, identificado en los registros como "Better Call Oscar". Los fiscalizadores señalaron que su informe reproducía información presentada como respaldo de labores de la campaña presidencial y no especificaba las tareas realizadas durante el trimestre revisado.
El documento mencionaba labores de logística para el día de las elecciones y gestiones de amparos electorales que, según el departamento, no correspondían al período examinado. Además, describía funciones administrativas profesionales para las cuales no se pudieron corroborar los atestados. Por la variedad de tareas reportadas, el órgano técnico sugirió incorporarlo a la planilla partidaria e indicó que trasladaría el caso a la Caja Costarricense de Seguro Social.
También se objetaron pagos a Servicios de Vigilancia y Protección Servipro S.R.L. por servicios de chofer. El departamento consideró que debían registrarse como servicios especiales y no como honorarios profesionales; cuestionó el monto frente al parámetro salarial utilizado y señaló que se aportaron copias sencillas del contrato, en lugar del original o una copia certificada.
En otros servicios profesionales, los reparos incluyen contratos sin la firma del representante legal del partido y cobros superiores a lo pactado. En el caso de María Hernández Rojas, por ejemplo, el informe identificó una diferencia de ₡79.100,90 porque la tarifa por hora facturada era mayor a la establecida en el contrato.
Salarios, horas extra y prestaciones de dirigentes
El departamento objetó ₡3.806.812 en sueldos, ₡1.450.000,03 en horas extra, ₡914.247,92 en aguinaldo y ₡2.536.204,77 en extremos laborales. Aunque estas cuentas incluyen distintos beneficiarios y motivos de objeción, una parte de los reparos corresponde a pagos a integrantes del Comité Ejecutivo.
El anexo identifica desembolsos a Mayuli Ortega Guzmán y Raúl Ignacio Zamora Trejos cuestionados por esa condición. En el caso de Ortega, aparecen partidas de salario, horas extra, aguinaldo y extremos laborales. Se trata de pagos reportados por Pueblo Soberano, no de su remuneración como diputada.
Para fundamentar la objeción, el departamento cita el artículo 107 bis del Código Electoral, que considera no reembolsables con contribución estatal las contrataciones de bienes o servicios realizadas con miembros propietarios o suplentes del Comité Ejecutivo Superior.
Además, el informe advierte sobre un eventual conflicto de intereses cuando una persona aparece en ambos extremos de la relación contractual: como representante del partido y, a título personal, como asalariada de la misma agrupación.
Otros montos fueron objetados por diferencias de cálculo, pagos adicionales sin justificación suficiente o ausencia de documentos de respaldo.
Alquileres: ₡10,3 millones, incluidos dos vehículos de lujo
La cuenta de arrendamientos acumula ₡10.283.332,45 objetados. De ese monto, ₡3.708.302,95 corresponden al alquiler de un BMW X1, modelo 2026, y ₡2.692.499,50 al de un Toyota Land Cruiser Prado del mismo año.
El órgano técnico concluyó que el partido no acreditó una necesidad concreta que justificara contratar esos vehículos ni presentó registros suficientes para comprobar su uso exclusivo en actividades partidarias. Entre la información faltante menciona bitácoras, kilometraje, reportes de desplazamientos, identificación de usuarios y detalle de las actividades atendidas.
"Una cosa es la necesidad genérica de transporte y otra es la de disponer de dos vehículos ‘de alta gama’ para el uso discrecional de sus dirigentes", sostiene el informe.
El departamento también cuestionó el costo de los contratos, pactados por cuatro años. Según sus cálculos, los arrendamientos alcanzarían $235.440 en conjunto, frente a valores contractuales inscritos ante el Registro Nacional que suman $130.000,91. Añade que no consta que el partido adquiera derecho alguno sobre los automotores al terminar el plazo.
Los reparos en arrendamientos no se limitan a los carros. El anexo incluye pagos por inmuebles a La Rotonda de Veraguas S.A. y Roig Mora S.A. para los cuales se presentaron copias sencillas de los contratos. En el primer caso, además, no se aportó documentación que relacionara el alquiler con las actividades políticas realizadas en el lugar.
Reuniones, alimentación y compras diversas: ₡7,3 millones
La cuenta de integración y funcionamiento de comités, asambleas, convenciones y plazas públicas registra ₡7.323.337,82 objetados. Allí aparecen pagos a hoteles, restaurantes, supermercados y otros proveedores, con motivos de rechazo distintos según cada operación.
Entre los casos figuran facturas de alimentación sin suficiente información para establecer la actividad atendida, el motivo de la gira o las personas beneficiarias. También se cuestionaron servicios de comida para colaboradores en planilla o proveedores que ya percibían un pago por sus servicios.
El informe identifica, además, compras específicas cuyo tratamiento contable o posibilidad de reembolso fue objetado:
El departamento también identificó montos duplicados en los registros contables y gastos asociados a otras erogaciones previamente objetadas.
Depreciación de activos: ₡1,5 millones sin respaldo suficiente
Se recomendó rechazar la totalidad de los ₡1.477.836,27 presentados por depreciación de mobiliario y equipo de oficina, equipo fotográfico y de video y equipo de cómputo.
La razón fue la ausencia de documentación que permitiera validar los requisitos de esas partidas. El informe recuerda que el partido debía presentar un registro detallado de los activos, con fecha de compra, factura, proveedor, monto, descripción, método de depreciación y mes correspondiente, entre otros datos.
Combustibles y transportes
El departamento objetó los ₡494.403 registrados en combustibles y lubricantes. Entre los motivos aparecen la falta de justificación del gasto, placas que no se asociaban con contratos activos de arrendamiento y facturas sin el número de matrícula del vehículo. Algunas operaciones también fueron rechazadas por su relación con un gasto principal objetado.
La cuenta incluía, además, una factura de alimentación que, según los fiscalizadores, había sido clasificada incorrectamente como combustible.
En transportes, se objetaron ₡210.106,29 correspondientes a dos pagos a Servicios Aéreos Nacionales S.A. (SANSA). El motivo consignado es que los gastos aparecían identificados como no reembolsables en la documentación partidaria, pese a haber sido certificados como válidos para solicitar el aporte estatal.
Servicios públicos, papelería, publicaciones y comisiones
Las objeciones en luz, teléfono y agua suman ₡502.006. Los motivos incluyen ausencia de comprobantes, registros duplicados, diferencias entre justificantes y montos certificados, y pagos relacionados con otras erogaciones objetadas.
En papelería y útiles de oficina se cuestionaron ₡99.997. Entre las deficiencias aparecen un justificante sin identificación del proveedor, un movimiento que no se reflejaba en los estados de cuenta aportados y gastos que el propio partido había identificado como no reembolsables.
También se objetaron ₡97.000 por publicaciones y avisos. Aunque el justificante hacía referencia a una convocatoria a la Asamblea Nacional, el respaldo aportado correspondía a noticias del partido y al apoyo a una candidatura, lo que impedía determinar si se trataba de un aviso o de propaganda electoral.
Las comisiones pagadas acumulan ₡67.062 objetados, principalmente porque estaban vinculadas con gastos rechazados o con erogaciones que no fueron certificadas. En actividades para fortalecer la estructura interna, el departamento cuestionó otros ₡169.500 por falta de documentación.
El cuadro general también registra ₡1.287.296 objetados en signos externos.
El detalle completo por rubro
Los siguientes montos corresponden a todas las cuentas con objeciones en el cuadro general de esta liquidación; no a la totalidad del gasto histórico de Pueblo Soberano.
| Rubro | Monto objetado |
|---|---|
| Honorarios profesionales | ₡31.201.378,72 |
| Arrendamientos | ₡10.283.332,45 |
| Integración y funcionamiento de comités, asambleas, convenciones y plazas públicas | ₡7.323.337,82 |
| Sueldo de personal | ₡3.806.812,00 |
| Extremos laborales | ₡2.536.204,77 |
| Depreciación de activos | ₡1.477.836,27 |
| Horas extra | ₡1.450.000,03 |
| Signos externos | ₡1.287.296,00 |
| Décimo tercer mes —aguinaldo— | ₡914.247,92 |
| Luz, teléfono y agua | ₡502.006,00 |
| Combustibles y lubricantes | ₡494.403,00 |
| Transportes | ₡210.106,29 |
| Actividades para fortalecer la estructura interna | ₡169.500,00 |
| Papelería y útiles de oficina | ₡99.997,00 |
| Publicaciones y avisos | ₡97.000,00 |
| Comisiones pagadas | ₡67.062,00 |
| Total | ₡61.920.520,27 |
Fuente: cuadro de gastos liquidados, revisados y objetados del informe DFPP-LT-PPSO-09-2026.
Reembolso sujeto a comprobación
El informe recuerda que corresponde a los partidos demostrar la existencia de sus gastos y justificar que encajan dentro de las actividades financiables con contribución estatal. La presentación de una factura o la constatación de que un servicio fue pagado no bastan cuando persisten dudas sobre su necesidad, precio, respaldo o vinculación con los fines partidarios.
Además de las objeciones, el departamento advirtió que, al 6 de noviembre, Pueblo Soberano no había cumplido satisfactoriamente con la remisión de la lista de contribuyentes y el estado auditado de sus finanzas correspondientes al período del 1.° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, para su publicación en el sitio web del TSE.
La recomendación final es reconocer ₡38.731.105,24, todos correspondientes a organización política, y no reembolsar los restantes ₡61.920.520,27, sujeto a la valoración de las autoridades superiores del organismo electoral.
