Una corte incompetente

A raíz de una serie de atropellos cometidos por la administración municipal durante las elecciones de los concejos vecinales, y en nuestra calidad de movimiento político acreditado ante la Corte Electoral, desde Recuperar Montevideo presentamos un recurso para que la Corte se declare competente para hacer justicia en este caso.

A modo de resumen: funcionarios municipales e incluso ediles oficialistas y de la oposición sostuvieron por escrito que un candidato a concejal no se puede identificar con ninguna fuerza política. Este disparate de vulnerar los derechos constitucionales es el resultado de varios factores, pero, sin duda, de una acción del Frente Amplio que ha amenazado durante décadas a varios ciudadanos diciéndoles que no se podía hacer política partidaria en los concejos vecinales.

Esta concepción es claramente inconstitucional. Los derechos de asociación y participación política no pueden limitarse por cualquier vía: las restricciones deben respetar la Constitución, que establece prohibiciones específicas para militares en actividad, jueces y otros funcionarios. Un decreto municipal no puede pasar por encima de esos derechos.

Pero ese concepto falaz, a fuerza de ser repetido, caló tan hondo que, a 48 horas de la elección, llamaron a un candidato para decirle que lo bajaban de su candidatura. Luego, para más INRI, llamaron a quienes lo habían avalado para comunicarles la baja y, además, en los lugares de votación colocaron carteles anunciándola, pese a que seguía en la hoja de votación.

Gonzalo Bauzá, el candidato proscripto, fue víctima de un atropello que solo se puede concebir por una interpretación totalmente errónea de lo que dicen los decretos municipales. Estos decretos, obviamente no pueden pasar por encima de los derechos constitucionales. Ante semejante atropello consumado, presentamos un pedido ante la Corte Electoral solicitando que se declare competente en este caso.

Y aquí, recién llegamos al centro de esta columna: ¿la Corte Electoral puede ser competente en este caso?

Algunas voces enjundiosas afirman lo contrario: que, como no se aprobó una ley que le atribuya expresamente esta elección, eso termina la discusión.

Veamos qué dice la Constitución al respecto. El artículo 322, literal C, establece entre las facultades de la Corte Electoral:

«Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y referéndum».

Aunque comprendemos que la Carta Magna deba ser interpretada cuando no es clara, en este caso lo es. Todos los cargos electivos dejan poco lugar a otra lectura.

Se va a quedar sin pelos el argumento que traigan para oponerse a esos caracteres claramente escritos, negro sobre blanco: todos los cargos electivos.

Además, hay una sentencia de la misma Corte que reconoce que su competencia puede surgir directamente de la Constitución. La Sentencia N.º 27.025, del 2 de septiembre de 2009, dice en su considerando VII:

«Que la competencia de la Corte Electoral se abre por dos vías: la Constitución de la República y las leyes. (artículo 322 de la Constitución de la República)».

Ese fallo no resolvió una elección vecinal, pero reconoce el punto que sostenemos: la ley no es la única fuente de competencia de la Corte.

Pero, más allá de los argumentos jurídicos, permítanos repasar los argumentos institucionales.

Si en una república basta que el Ejecutivo, en este caso departamental, no le pida asistencia a la Corte, ¿eso lo habilita a montar una elección despreciando derechos constitucionales? ¿Basta que el Ejecutivo no quiera para que la Corte quede por fuera?

¿Qué sentido tiene entonces el control judicial? ¿Dónde quedan los necesarios contrapesos?

Por otra parte, pedimos que se investigue si los hechos pueden configurar delitos electorales. La Ley de Elecciones N.º 7.812, en su artículo 191, contempla, entre otros, la obstrucción deliberada del desarrollo regular de los actos electorales -numeral 6- y el abuso de autoridad de funcionarios públicos contrario a las garantías electorales -numeral 8-. Su artículo 182 prohíbe que las autoridades utilicen la influencia del cargo o los medios de sus reparticiones para coartar, impedir o alterar la libertad del sufragio.

Eso es lo que pedimos examinar ante la exclusión de Gonzalo, las llamadas a sus avalistas y los carteles colocados en los locales de votación. Corresponde determinar la aplicación de esas disposiciones a esta elección y las responsabilidades que pudieran existir.

Si basta que el Ejecutivo no quiera para que la Corte Electoral no pueda actuar frente a posibles delitos electorales, ¿qué sentido tiene tener justicia electoral?

Algo que no todos los países tienen y que, supuestamente, aporta el beneficio de contar con un cuerpo de magistrados específico para temas electorales.

En definitiva, la pregunta queda abierta, no solo para los enjundiosos, sino para todos quienes se preocupan por la república, la democracia y la convivencia.

En el presente escenario, ¿podemos darnos el lujo de tener una Corte Electoral incompetente?