Acuerdo con gremios camioneros

Los paros de camioneros generan con rapidez efectos perjudiciales para la población. Ello les da un poder de negociación elevado, más aún cuando un gobierno está experimentando una baja aprobación ciudadana. Todo eso se hizo sentir en el acuerdo al que llegó La Moneda el jueves con la mayoría de los gremios de transportistas. La alternativa era enfrentar decididamente estas movilizaciones, que tienen un carácter extorsivo evidente. El realismo, sin embargo, dificultaba seguir ese camino, precisamente por la debilitada situación que vive el Gobierno.
El compromiso alcanzado involucra cinco acciones. La primera revierte el alza de combustibles decretada para la madrugada del pasado jueves; es decir, rebaja en 42 pesos el diésel y en 39 pesos las bencinas. Además, contempla una rebaja adicional de 100 pesos en el primero de esos combustibles. El segundo elemento del acuerdo es un congelamiento de los nuevos valores hasta el 31 de marzo de 2027, con la salvedad de que si los precios internacionales caen, se traspasarán a los consumidores. Un tercer eje, quizás el más discutible, es un aumento en la devolución del impuesto específico al diésel, el que regiría hasta el 31 de diciembre de 2027. Este se reintegrará en un 90% para ventas anuales inferiores a UF 6 mil (reemplaza dos tramos actuales con reintegro de 80 y 70 por ciento). Entre ese monto y UF 20 mil la recuperación será del 65% (actualmente es 52,5%), y por sobre las UF 20 mil, pasará de 31 a 50%, el cambio proporcionalmente más significativo. En la práctica, esto supone reducir aún más el pago por las externalidades negativas que provoca el uso de diésel. En rigor, y dadas esas externalidades, su impuesto específico debería acercarse e incluso superar al que se cobra a las bencinas. El que no se persevere en ello es socialmente costoso. En fin, las dos últimas medidas establecen un aumento de la recuperación de los peajes desde un 35 a un 70 por ciento para los buses interurbanos, y la eliminación para los transportistas de la obligación de enterar en la declaración mensual de impuestos el débito por el impuesto específico si este es negativo, generándose una cuenta de compensación que se aplicará una vez que el impuesto específico sea positivo.
Se estima que todo esto tendría un costo cercano a los 900 millones de dólares, si bien la cifra final dependerá de la evolución del precio internacional de los combustibles. Es un desembolso significativo, con usos alternativos mucho más rentables socialmente. Además, el plazo deja abierta la posibilidad de nuevas negociaciones. Fechas clave aquí serán el 31 de marzo y 31 de diciembre del próximo año. Si los precios internacionales se reducen, el primer plazo no será un problema. Pero el segundo terminaría con un beneficio que es demasiado atractivo para los camioneros y que, sin duda, intentarán mantener. La coyuntura política es desfavorable para el Gobierno. Por ello, contener este paro era probablemente fundamental para no perder más apoyo ciudadano, pero el acuerdo alcanzado es, en sus contenidos, inconveniente.