El camino: sometimiento
Néstor Humberto Martínez Neira
Es una política adecuada y bien concebida aquella que abre canales de sometimiento a los grupos alzados en armas, en momentos en los que arrecian los operativos militares contra estos, promovidos y coordinados por el jefe del Estado, para que no haya duda alguna de que el Gobierno está jugado a recuperar la seguridad de los colombianos, empleando a fondo la fuerza legítima de la autoridad
Néstor Humberto Martínez Neira
Es una política adecuada y bien concebida aquella que abre canales de sometimiento a los grupos alzados en armas, en momentos en los que arrecian los operativos militares contra estos, promovidos y coordinados por el jefe del Estado, para que no haya duda alguna de que el Gobierno está jugado a recuperar la seguridad de los colombianos, empleando a fondo la fuerza legítima de la autoridad. La seguridad democrática de Álvaro Uribe fue exitosa, no solo por los reconocidos golpes del Ejército y de la Policía contra la guerrilla criminal, sino por la puesta en marcha de un programa que promovía las deserciones individuales, lo que dio lugar a que en su período se desmovilizaran 29.138 combatientes irregulares, sin comprometer el Estado de derecho, ni ofrecer impunidad. En las actuales circunstancias del país, cuando se están recobrado el orden y la autoridad, y se ha recuperado con dignidad la iniciativa militar, la expedición de una ley de sometimiento constituye una señal apropiada para ofrecerles una mano tendida a los integrantes de estas bandolas, para que se acojan a la justicia y abandonen su quehacer delictivo. El proyecto fue bien concebido. Conserva la idea central de la Ley 1908 de 2018, que promovimos en su momento, para que el acercamiento de los grupos armados irregulares no se haga por la puerta de la justicia, sino por conducto del Gobierno, como responsable del orden público. Así, el sometimiento tendrá dos fases: una administrativa y otra jurisdiccional para aplicar la justicia, cuando ya se hayan desmovilizado los integrantes de las bandas. No será posible pasar de la fase de acercamiento si no devuelven los niños reclutados, si no cesan las hostilidades y si no se comprometen a desmantelar la organización ilícita y a entregar información esencial de sus actividades ilegales, tales como redes de apoyo, activos ilícitos y rutas. Lo mínimo que se les puede pedir. Qué contraste con la paz de Petro, en la que recibían una coraza de inmunidad. Se conserva la vieja idea de las zonas de ubicación, pero no reguladas como Caguanes, ni como resorts, donde el terrorismo puede campear. Por oposición a la ‘paz total’, allí los sometidos no podrán portar armas ni mantener sistemas de comunicación, beneficio insólito que mantenían durante el pasado gobierno. Se trata simplemente de lugares privativos de la libertad, que inclusive pueden funcionar como colonias agrícolas, para facilitar su imputación y acusación, así como su juzgamiento final, para el cual se ofrecen beneficios diferenciados: una rebaja del 50 % para combatientes rasos y del 30 % para quienes hayan ejercido mando. Con esta ley de sometimiento, no claudica el Estado de derecho. Inclusive, para no generar equívocos, dice expresamente que no suspende los trámites de extradición, que fue la razón última de la llamada ‘paz total’, para blindar a los capos frente a requerimientos de la justicia extranjera, como resultado del pacto de La Picota. No faltarán quienes sostengan que en estas condiciones serán pocas las organizaciones delictivas que se sometan a la justicia. Al final, todo dependerá del éxito continuado de los operativos militares. En todo caso, con el avance de las intervenciones militares en las zonas del conflicto, el Gobierno debe metérsela toda a un programa robusto que promueva la deserción individual, administrado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda). El mensaje es concluyente: quienes no se sometan voluntariamente a la justicia quedan expuestos conscientemente a su neutralización, por parte de las fuerzas de la ley. Taponazo. En el corazón de la democracia debe estar la prensa, libre de intimidaciones.
UNA LEY BIEN CONCEBIDA
Esta es una ley que
contrasta con la paz
de Petro, que otorgaba
al delito coraza de inmunidad.