Las pruebas del apoyo de Petro al fraude en Venezuela

El fraude electoral de Nicolás Maduro no se sostuvo solamente con represión y manipulación de resultados. También encontró respaldo en decisiones diplomáticas que debilitaron la presión internacional. El papel de Gustavo Petro en ese episodio exige explicaciones. El informe ‘Laundering Maduro’s Legitimacy’, del Miranda Center for Democracy, cuestiona la actuación del Gobierno colombiano frente a las elecciones venezolanas de 2024. Uno de sus hechos centrales ocurrió el 31 de julio: Colombia se abstuvo en la votación de la OEA que buscaba exigir la publicación de las actas electorales. La resolución recibió 17 votos favorables, uno menos de los necesarios. Un voto afirmativo de Colombia habría permitido aprobarla. Esa abstención tuvo consecuencias: favoreció políticamente a Maduro cuando más urgía exigir transparencia. Pero hay un asunto todavía más grave: la relación entre el régimen venezolano, el Eln y la política de ‘paz total’. Mientras esta organización consolidaba su presencia en la frontera, surgían denuncias sobre la protección que recibían grupos armados colombianos en Venezuela. En estados como Apure y Zulia se ha señalado la intervención de estructuras ilegales mediante intimidaciones electorales. Es indispensable esclarecer si existió una colaboración destinada a sostener al régimen a cambio de protección o beneficios. Lo preocupante es que la frontera dejó de ser simplemente un territorio de refugio para organizaciones criminales y se convirtió en un espacio estratégico donde confluyen narcotráfico, control territorial e intereses políticos. Esa relación amenaza la seguridad colombiana y compromete cualquier esfuerzo serio por alcanzar la paz. La tragedia venezolana no admite indiferencia. Más de 7,9 millones de personas han salido del país. La misión independiente de Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión posterior a las elecciones de 2024. La Corte Penal Internacional investiga presuntos crímenes de lesa humanidad. A ello se suman las acusaciones de la justicia estadounidense contra Maduro y miembros de su entorno por presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones armadas colombianas. Los documentos judiciales mencionan contactos de Nicolás Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’, con narcotraficantes; relaciones de Ramón Rodríguez Chacín con integrantes de las Farc y entregas de armas a esa organización por el general Clíver Alcalá Cordones. También contienen señalamientos sobre Diosdado Cabello y sus presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico en zonas fronterizas donde opera el Eln. Son acusaciones que deben probarse ante los tribunales, pero describen una convergencia criminal cuya dimensión Colombia no puede ignorar. Aquí surgen preguntas que Petro debe responder: ¿qué hizo su gobierno para impedir que el fortalecimiento del Eln en la frontera terminara beneficiando a la dictadura? ¿Qué información tenía sobre la intervención de grupos armados en territorio venezolano? Y ¿por qué Colombia se abstuvo cuando su voto podía contribuir a exigir las actas electorales? La responsabilidad política por esa decisión es ineludible. La responsabilidad penal, en cambio, exige pruebas individualizadas. Por eso las autoridades competentes deberían examinar si hay fundamentos para investigar posibles actuaciones de funcionarios colombianos, incluido el presidente, relacionadas con los hechos denunciados. Maduro debe responder por los crímenes que se le atribuyen. También quienes hayan colaborado conscientemente en sostener su régimen. Porque ante una dictadura que ha expulsado a millones y perseguido a sus opositores, la complicidad no siempre empieza con una orden: a veces se manifiesta en el silencio y en una abstención.
UN EPISODIO QUE EXIGE EXPLICACIONES
Luis Felipe Henao
¿Por qué Colombia se abstuvo cuando su voto podía contribuir a exigir las actas electorales?