Decadencia del PS
Hoy, sin mayor liderazgo, con una orientación marcada por el discurso irresponsable de sus figuras más vociferantes, el socialismo parece enfrascado en una competencia con el Partido Comunista y el Frente Amplio por quién es más extremo.
La crisis por la que atraviesa el Partido Socialista es profunda, y lo ocurrido esta semana con la maniobra de utilizar sin consentimiento la firma de dos senadores para retirar sus permisos constitucionales y así alterar el quorum de votación de una norma del próximo Presupuesto, es solo un síntoma, quizá el más elocuente de una deriva decadente que lleva ya un buen tiempo. Una colectividad que hoy solo es una mala copia de aquel PS que se había renovado y que fue clave para la consolidación de nuestra democracia durante los gobiernos de la Concertación.
Hoy, sin mayor liderazgo, con una orientación marcada por el discurso irresponsable de sus figuras más vociferantes, el socialismo parece enfrascado en una competencia con el Partido Comunista y el Frente Amplio por quién es más extremo. De hecho, esta semana la DC, el PPD e incluso el PC fueron capaces de llegar a un entendimiento con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para reponer una de las disposiciones centrales del Presupuesto 2027: la autorización para contraer deuda pública por hasta 25 mil millones de dólares.
El PS no solo se mantuvo al margen, sino que fue el partido más crítico de ese acuerdo, colocándose así nuevamente a la cabeza de la postura más intransigente de la oposición. Aquella que a sabiendas de que no concurren las causales requeridas, emplea las acusaciones constitucionales para debilitar el poder presidencial (en esto varios partidos lo acompañan); aquella que presenta requerimientos o denuncias temerarias para impedirles a las autoridades ejercer sus legítimas atribuciones o anotarse un punto comunicacional, sin importarle el daño que produce a nuestra institucionalidad esta forma de actuar en política; aquella que cuando hay indicios serios de irregularidades en una empresa del Estado como Codelco que pudiera comprometer la actuación de alguno de los suyos, busca toda clase de argucias para eludir el problema de fondo y centrarse en un trasnochado y artificial debate ideológico; aquella orientación que consigna el reciente texto del Comité Central del PS -que hace suya la posición en la que desde un inicio se han atrincherado el diputado Manouchehri y la senadora Cicardini-, en cuanto a "exigir" la renuncia del ministro Quiroz, entre otra serie de conductas disruptivas.
Caso firmas: decepcionantes reaccionesLo ocurrido con el uso sin consentimiento de las firmas de dos senadores tiene distintas aristas. No solo atropella las más mínimas normas de fair play político, al buscar alterar así los quorum legislativos para asestarle un golpe al Gobierno en la votación sobre endeudamiento del Estado, sino que derechamente entra en un plano distinto, más propio del ámbito penal. Y es que es absurdo plantear que se trata de un asunto interno del Congreso, una mera desprolijidad o un "asunto político y administrativo, no judicial", como sostiene livianamente el senador Vlado Mirosevic. Se olvida que en este caso es la fe pública la que ha sido dañada, la que va más allá de los intereses de los parlamentarios afectados. Y es que lo que se pretendía era conseguir, de modo mañoso, "por secretaría", un resultado distinto del que la institucionalidad democrática debía producir. Además, cabe recordar, esta maniobra solo pudo ser revertida ex post por los propios congresistas cuyos nombres -y firmas- se utilizaron sin su consentimiento.
Las declaraciones de la senadora Ximena Órdenes son clarísimas en cuanto al abuso producido: "Quiero señalar de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito", sostuvo. De ahí que sorprenda la reacción del Partido Socialista procurando bajarle el perfil a lo ocurrido, mostrándose incapaz de condenar lo sucedido y, lo que es más importante, evitando transparentar en detalle cómo ocurrieron los hechos. Parecen no comprender el daño que situaciones como esta producen a la imagen del partido, particularmente por la contradicción que surge nítida ante la ciudadanía. Y es que cuando se trata de actuaciones que comprometen a terceros, el PS suele ser implacable en sus críticas y no tiene inconveniente en perseguir como delitos situaciones que incluso están muy lejos de aquello -un ejemplo es la denuncia penal de un diputado PS contra el ministro Rabat por "prevaricación administrativa"-, pero cuando algo afecta a los suyos y hay indicios de delito, su reacción es la opuesta y se busca protegerlo.
Ante este episodio, la mesa del Senado presidida por Paulina Núñez ha tenido hasta ahora una actuación decepcionante. Si bien ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia si es requerida -ninguna persona o entidad está fuera del ámbito de aplicación de la justicia-, en su declaración ha evitado condenar el hecho, tampoco ha solidarizado públicamente con los afectados y ha tenido hasta ahora una actitud pasiva y aséptica frente a lo ocurrido, a pesar de que los antecedentes son claros en cuanto a la existencia de graves irregularidades. Cabría haber esperado una actitud más decidida.