Difíciles días para el Ejército

Aunque se trata de hechos de naturaleza muy distinta, la semana terminó con dos duros golpes para el Ejército de Chile.
Profundo impacto causó la condena en primera instancia del ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, por las gestiones realizadas con posterioridad a las ejecuciones que tuvieron lugar en el Regimiento de La Serena en octubre de 1973, que -según sostiene el fallo- sirvieron para encubrir esos homicidios calificados. La conmoción deriva no solo de la jerarquía del alto oficial, sino también de su trayectoria marcada por gestos de reconocimiento -que en su momento causaron polémica- de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. Más allá del respeto y consideración de una destacada carrera profesional, la justicia juzga conductas determinadas, en este caso de un joven oficial del Ejército en 1973, y es ahí donde debe centrase la controversia jurídica sobre si ellas constituyen o no delito. Cheyre ha insistido en su inocencia, anunció su apelación y corresponderá a los tribunales superiores de justicia resolver, en definitiva, la valoración que se hace de esos hechos.
Por otra parte, es difícil soslayar la compleja conformación que ha tenido el alto mando de esa rama de las Fuerzas Armadas. Las ramificaciones de la investigación penal por las irregularidades en la adquisición de los pasajes para las comisiones en el exterior -que hace tres semanas forzó la renuncia del segundo hombre del Ejército, general (r) Griffiths- llevaron a la más profunda renovación del cuerpo de generales desde el regreso a la democracia. De los 46 miembros del cuerpo de generales -excluidos el comandante en jefe y el obispo castrense- fueron llamados a retiro 21 integrantes, cuando en circunstancias normales este procedimiento alcanza en promedio a siete altos oficiales. Es innegable que en el conjunto de generales pasados a retiro se mezclan situaciones enteramente distintas: desde oficiales que presentan conductas parecidas a las en que habría incurrido el general (r) Griffiths, a altos oficiales a los que les correspondía su retiro por el procedimiento regular. Solo con el transcurso de los meses y la eventual adopción de resoluciones judiciales se podrán advertir las distintas circunstancias que llevaron al retiro de unos u otros generales. También en este caso habrá que esperar un dilatado proceso judicial, hasta que los tribunales de justicia establezcan una versión definitiva de los hechos y su calificación jurídica. Y al igual que en las indagaciones de DD.HH. que alcanzaron a Cheyre, estas investigaciones se rigen por el antiguo proceso penal, en que el juez investigador es el mismo que formula la acusación y resuelve. En consecuencia, la revisión por instancias superiores que no han sido parte en la investigación adquiere especial relevancia para mayor garantía de imparcialidad de la justicia.
Es un hecho que los tiempos procesales son extendidos y durante ese lapso el Ejército se verá expuesto a un escrutinio muy ajeno a su vocación institucional. Por su parte, las autoridades públicas deberán analizar detenidamente las modernizaciones que requiere esa rama de las Fuerzas Armadas, para lo cual es necesario conocer qué factores permitieron incubar las prácticas detectadas, presumiblemente delictivas, que han dañado su prestigio y han terminado con la carrera profesional de destacados oficiales. Sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades personales, es fundamental que ese debate dé lugar a reformas y cambios de conducta, en sentido similar a lo que ocurrió con los sobresueldos en el aparato del Estado o el financiamiento irregular de las campañas políticas, teniendo siempre como norte el perfeccionamiento institucional del país.
Las autoridades públicas deberán analizar detenidamente las modernizaciones que requiere esa rama de las Fuerzas Armadas, para lo cual es necesario conocer qué factores permitieron incubar las prácticas detectadas
Desafortunada declaraciónLa semana comenzó con los efectos políticos del otorgamiento de asilo a Ricardo Palma Salamanca por parte de Francia. La carta que el Presidente Piñera envió al mandatario Macron parece una respuesta adecuada ante la decisión de la Ofpra, órgano administrativo francés. En efecto, más allá del carácter autónomo de este organismo, el Ejecutivo francés tiene la facultad de solicitar la revisión de dicha resolución y la carta de Piñera viene a recordarlo.
Lo que, en cambio, resulta inexplicable es la desafortunada declaración de la Cancillería francesa en orden a sostener que "el caso de Ricardo Palma Salamanca se refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet". Se trata de una comunicación efectuada por el titular de esa cartera, de quien cabe esperar un mejor conocimiento de cómo ocurrieron los hechos, sobre todo de aquellos países con los cuales están enfrentando algunas diferencias. Es de público conocimiento que los delitos terroristas por los cuales se pidió la extradición, el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ocurrieron una vez restablecida la democracia, y otro tanto cabe decir del juzgamiento, condena y de la posterior fuga protagonizada por Palma Salamanca. A ello cabe agregar una reciente solicitud de extradición de la Corte Suprema. De ahí que se entienda la rápida reacción del Gobierno, quien en un hecho inusual tuvo que salir a corregir lo sostenido por la Cancillería francesa.
En el plano local, hay que resaltar el reciente acuerdo aprobado por el Senado, rechazando el asilo otorgado a Palma Salamanca. Se trata de un acuerdo casi unánime, salvo la excepción del senador de RD Juan Ignacio Latorre, que decidió abstenerse. Más allá de las legítimas diferencias políticas, los senadores demuestran que son conscientes de que, además de la protección a los derechos humanos, está en juego el respeto por el Estado de Derecho y nuestras instituciones democráticas. La madurez exhibida por nuestro Senado contrasta con la división opositora en la Cámara de Diputados cuando se trató esta materia y que impidió un acuerdo semejante.
Resulta inexplicable la declaración de la Cancillería francesa. Cabía esperar un mejor conocimiento de cómo ocurrieron los hechos materia de la extradición